El dilema: extraditar o no

No habían pasado ni 12 horas de que se conociera la detención de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cuando inició la presión pública desde Estados Unidos para pedir su extradición y posterior juicio en ese país. 

Al interior del gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró una fuente confidencial a Reporte Indigo, desde este sábado inició una disputa entre quienes se encuentran a favor y en contra de que esta extradición se realice. 

Los dos bandos son los mismos en los que se divide la administración peñista para otros temas relativos a seguridad: aquellos que buscan una mayor interacción con Estados Unidos, y los que se niegan a mantener la línea de cooperación que tuvieron los dos sexenios panistas. 

La detención fue realizada por la Marina con base en una investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la misma que dio seguimiento en México al caso del contratista de seguridad José Susumo Azano.

Pero la información clave para la localización de Guzmán fue obtenida de la DEA, la cual facilitó la tecnología para localizar el teléfono satelital con el que se comunicaba el capo, según reveló este domingo el diario Reforma. 

Con esta base, a la petición que inició el sábado la oficina de la Agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) de Chicago se unió la de Nueva York, donde varios fiscales preparan ya una solicitud de extradición, basados en los juicios que el líder del cártel de Sinaloa tiene pendientes en ese país. 

La decisión que divide ya a la administración peñista definirá, tan pronto como en el primer año de gobierno, la línea que seguirá México para casos similares. 

El referente más cercano fue lo sucedido en Colombia cuando el general Oscar Naranjo dirigía la Policía Nacional: extraditó a más de mil capos y paramilitares durante sus cinco años al frente de esa corporación.

Como asesor de Enrique Peña Nieto, cargo que desempeñó de junio de 2012 a enero de este año, Naranjo pugnó porque esta administración siguiera el mismo esquema. 

Durante una conferencia en Querétaro el año pasado, el jefe policiaco colombiano demandó acelerar “los lentos procesos burocráticos” que existen en México para extraditar a EU a los narcotraficantes detenidos. 

“La entrega de narcotraficantes al país vecino nos pone en sintonía con lo que sucede en el mundo de la justicia, la cual empieza a ser global”, dijo entonces Naranjo. 

Pero quienes han seguido el caso colombiano advierten que la extradición de capos dejó a las víctimas en ese país no sólo sin justicia, también sin verdad.

El más buscado

Joaquín Guzmán fue detenido justamente cuando se cumplía un año de haber sido nombrado por la DEA en Chicago como el enemigo público número uno de esta ciudad, misma condición que tuviera Al Capone en 1930.

El jefe de la DEA en Chicago, Jack Riley, fue el primero en advertir la tarde del sábado que haría todo lo que estuviera en sus manos para que Guzmán fuera juzgado en esa ciudad. 

Durante el año pasado, Riley declaró: “si pensaban que la mafia italiana era lo peor del crimen organizado, piénsenlo dos veces. El Chapo Guzmán se los come vivos”.

Sus motivos se basan en que según sus investigaciones, el cártel de Sinaloa lidera la mayor parte del tráfico y venta de marihuana en el Medio Oeste de EU. 

Esto les permitió controlar otros negocios, como la venta de heroína, cocaína y metanfetaminas.

En una entrevista con el Chicago Sun Times durante el año pasado, Riley afirmó: “Jamás habíamos visto una organización criminal tan centrada y con tanto sentido de los negocios, pero tan salvaje y tan violenta”.

El seguimiento a la presencia de esta organización en la zona llevó a la DEA a detectar 10 áreas remotas en Wisconsin donde el cártel tenía trabajadores que cuidaban plantíos de marihuana, armados con AK-47. 

Había plantíos también en Illinois, donde también tenían el control de bandas de sicarios que operaban en Chicago al servicio de los grupos sinaloenses. 

En una entrevista concedida al diario La Raza en Chicago en marzo del año pasado, Riley aseguró que según sus investigaciones, el 90 por ciento del tráfico de drogas en esa ciudad está en manos del Cártel de Sinaloa.

“Sabemos que la heroína es ahora la droga de preferencia para ser vendida por las pandillas y creo que (el cártel) de Sinaloa realmente ha redoblado sus esfuerzos para proveerla a un menor precio y con una mayor pureza aquí en el Medio Oeste», dijo Riley.

La justificación del jefe de la DEA para la extradición es que sus investigaciones no iban solamente contra Sinaloa, sino sobre sus acuerdos, que incluían algunos con Los Zetas, quienes han pagado al grupo que lideró Guzmán para traficar en Illinois. 

“Nosotros estamos tras un ataque a la organización. Queremos desmantelar la organización… Queremos atacar a los mediadores responsables del transporte de la frontera hacia acá y queremos ir tras los comandos de control en México, que dan las órdenes, ‹Chapo›, ‹Mayo Zambada› y toda su gente operativa, y esa es la forma en que seremos efectivos y esa es nuestra meta”, declaró el jefe de la DEA.

Explicó que el dinero para los asesinatos y los sobornos viaja desde México de una manera muy similar a como llegan las drogas, es decir, en la cajuela de un auto, o en un autobús.

“Vamos a seguir la pista del dinero al mismo tiempo que la forma en que la droga está siendo transportada hacia el Medio Oeste», dijo entonces el jefe de investigación.

A esta sed de información en Chicago, se sumó pocas horas después Nueva York, donde el portavoz de la fiscalía de EU aseguró que varios fiscales preparan una solicitud de extradición.

Buscan que Guzmán enfrente allá las acusaciones que tiene pendientes, que incluyen como mínimo seis juicios en California, Nuevo México, Texas, Illinois y Nueva York.

‘Enemigo público número uno’

La influencia que tenía el narcotraficante mexicanos llegaba a Estados Unidos, en primer lugar, y después a los países europeos y asiáticos. En Illinois distribuyeron el cartel en donde se exponen sus generales, características físicas y también recompensa. 

Olvido de las víctimas

La extradición del capo significaría para las agencias de EU la obtención de un gran cúmulo de información sobre la operación de los cárteles, tomando como referencia las negociaciones durante los juicios que se han dado en casos similares. 

Este tipo de acuerdos afectan la verdad y la justicia a la que tienen derecho las víctimas, explicó en 2012 a Reporte Indigo Roxanna Altholz, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California, en Berkeley.

La especialista relató que para las víctimas colombianas fue un “desastre” cuando en 2008 se extraditaron a 14 capos colombianos a EU, en una operación coordinada por Oscar Naranjo. 

En 2005 Colombia promulgó la ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, que llevaría a la cárcel con condenas leves a los narcotraficantes más importantes del país.

Las condiciones eran que entregaran sus propiedades y dejaran las armas, dieran la información de la estructura de sus organizaciones y los crímenes que habían cometido.

Se iniciaron audiencias públicas que se rendían ante los fiscales de Justicia y Paz, con presencia de las víctimas donde los detenidos relataban dónde habían quedado los cuerpos, cuáles asesinatos habían cometido, y sobre la corrupción al interior de los grupos policiacos y militares.

“Las víctimas tenían la posibilidad de asistir a la audiencia donde estaba participando el procesado, y representantes de las víctimas podían hacer preguntas. Muchas de las víctimas querían saber dónde estaban sus familiares”, explicó Altholz.

Pero el 13 de mayo de 2008 estos capos fueron extraditados sin más preámbulo que una conferencia de prensa del entonces presidente Álvaro Uribe.

“Empiezan a hablar y de repente, de la noche a la mañana, los extraditan. En las primeras versiones libres (audiencias públicas) algunos dijeron cuáles eran las relaciones entre los paramilitares y políticos, policías y militares”, explicó la abogada. 

A partir de ese momento sus procesos penales por crímenes de lesa humanidad quedaron estancados en Colombia.

Después de la extradición, cesó la participación de los acusados ​​en el proceso de Justicia y Paz, se redujo drásticamente el acceso a recursos para víctimas colombianas, disminuyó la capacidad de los acusados ​​de cooperar con temas de corrupción en curso en Colombia y la Corte Suprema de ese país bloqueó los procesos judiciales de los capos que participaron en negociaciones de información con autoridades de EU.

El hombre de los récords

> 3,000 mdd son los ingresos anuales del Cartel de Sinaloa, según estiman conservadoramente las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos

> 1000 mdd es el valor estimado que la revista Forbes aseguraba era la fortuna del Joaquín Guzmán hasta finales del 2012

> 25% de las drogas ilegales que entran a los Estados Unidos pasan por las manos del Cartel de Sinaloa, según reporta la revista Forbes

> 20,000 mdd es la cantidad de dinero que se sospecha haya ganado durante los últimos 8 años de acuerdo a la revista Time

> 15 mdd fue lo que la policía de Colombia calculó como el valor de las propiedades incautadas al Chapo en este país en el 2012

> 67º lugar ocupó Joaquín Guzmán en la lista de personas más poderosas del mundo de acuerdo a Forbes

> 5 mdd fue la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos en cambio a cualquier información que pudiera llevar a la captura de el Chapo

> 30 mdd ofrecía el Gobierno de México como recompensa a cambio de atrapar al narcotraficante

> 1980 fue el año en el que supuestamente “El Chapo” consiguió formar el Cártel de Sinaloa después de trabajar para Miguel Ángel Felix Gallardo

> 1993 fue el año en que lo capturan en Guatemala y lo trasladan a Almoloya de Juárez, hasta 1995 que lo cambian a Puente Grande, Jalisco

> 2001 fue el año en el cual se escapó del penal de Puente Grande sobornando a los guardias y escondiéndose en un carro de lavandería