Es la vida y obra del diputado local del PRD, Arturo Santana. Una historia donde el tráfico de influencias, impunidad y la firme decisión de mantenerse en el poder a costa de lo que sea son una constante.
Así lo revela un cúmulo de denuncias penales que obran en su contra. Las que él promueve, y los pleitos políticos que enfrenta desde hace más de tres meses en la delegación Iztapalapa, la más poblada del DF.
El asunto no es menor. Se le acusa de utilizar su actual cargo dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia– para torcer la ley a favor de sus intereses personales.
En ocasiones, para que el peso de la ley se aplique inmediatamente en contra de sus adversarios. Algunas más, para que las denuncias en su contra no prosperen, y otras, para violentar la ley sin ninguna represalia.
Los casos concretos apuntan, en primera instancia, a un caso personal, que por su naturaleza impactó en la vida pública del legislador. Sobre todo después de que se dio a conocer el llamado “gongorazo”.
Al igual que en el caso del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, a Santana se le acusó de traficar influencias para meter a la cárcel a su exesposa sin sustento legal alguno.
En cambio, una denuncia penal que su expareja interpuso –tiempo atrás– por la presunta violencia intrafamiliar que Arturo Santana ejercía sobre ella, nunca prosperó.
El tema de fondo es que por su cargo, el asambleísta mantiene una cercanía con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Ministerios Públicos de esta ciudad capital.
Por si esto fuera poco, una vecina del legislador presentó una querella en su contra. La misma que tampoco avanza. De acuerdo con la averiguación previa, el diputado la amenazó de muerte, utilizando un arma de fuego.
Al expediente habrá que sumar la serie de denuncias penales y administrativas que promovió la jefatura delegacional en Iztapalapa por la toma de la Dirección Territorial Santa Catarina.
Y es que Santana y sus seguidores cumplieron 100 días de tener secuestrado un edificio público sin que ninguna autoridad logre ponerle un correctivo.
Pero el problema mayor de este diputado no es ninguno de los ya mencionados, sino el hecho de que ya no cuenta con la cercanía del Gobierno del Distrito Federal, ni con el apoyo de la corriente bejaranista.
El punto de quiebre
Fue a través de un programa de radio que Ana Laura Gutiérrez –representante legal de Teresa Serratos Alvarado, exesposa de Arturo Santana– dio a conocer el caso.
De acuerdo con las declaraciones de la abogada, el legislador perredista consiguió que sin prueba alguna metieran a su defendida al Reclusorio de Santa Martha Acatitla.
“La señora había denunciado ya al diputado por violencia intrafamiliar. Él la golpeaba y la insultaba. Después platicó con ella y se dieron una segunda oportunidad, hasta hace poco.
“Un día Arturo Santana se fue de su casa sin decir nada y ella lo fue a buscar a la casa que tienen en Cuernavaca; lo encontró con su amante. Entonces ella se regresó a su casa para sacar a sus hijas y sus cosas.
“El diputado la amenazó de que la metería a la cárcel si se llevaba a sus hijas, y así fue. La acusó de quitarle 150 mil pesos y una camioneta, por lo cual en solo tres días le dictaron auto de formal prisión”, refirió Gutiérrez.
Ahí señaló al magistrado Noveno en Materia Penal, Mauricio Domínguez Cruz, de girar la orden de aprensión solo por ser amigo del diputado en cuestión. Lo cual, aseguró, ya se los había advertido.
La abogada también aseguró que recibió amenazas por parte del legislador. Prácticamente todas estas declaraciones fueron plasmadas en el expediente.
Los amagos de que el caso tomaría fuerza en los medios de comunicación forzaron a que Santana llegara a un acuerdo con la exesposa y otorgara el perdón inmediato.
Tras su liberación, Teresa Serratos ya no quiso hablar. En entrevista con Reporte Indigo dijo que había muchas cosas en juego como para seguir abordando el tema.
En otro caso, de acuerdo con la averiguación previa FIZP/IZP-6/T1/1820/13-05 de la Procuraduría General de Justicia del DF, Sofía González Torres, de 32 años, tuvo un desencuentro con el legislador y su familia.
En respuesta, el diputado la amenazó de muerte y le apuntó con un arma de fuego, por lo que ella pidió ayuda psicológica para enfrentar el trauma provocado por las agresiones.
Fuentes consultadas por esta casa editorial detallaron que es una vieja práctica del legislador amedrentar a sus adversarios y llegar hasta las últimas consecuencias debido a su cercanía con diversos Ministerios Públicos , jueces y magistrados.
Mientras las querellas siguen su curso, el diputado tiene tomada una Dirección Territorial en Iztapalapa desde hace 100 días por él y Luis Felipe Alvarado, quien era el titular de esa área.
En este medio se dio a conocer el pasado 2 de julio las diferencias de poder entre Santana y el jefe delegacional Jesús Valencia, quien dejó en manos de la PGJDF la liberación del edificio público.
Niega Santana ejercer tráfico de influencias
Ante el cúmulo de acusaciones, el diputado Arturo Santana negó todo. En entrevista dijo que se trata de una serie de señalamientos falsos para desvirtuar sus aspiraciones a la jefatura delegacional en Iztapalapa.
En primer lugar, explicó que nunca ha incurrido en tráfico de influencias, y que el caso de su exesposa es algo que ya quedó firme en los tribunales y solucionado en su seno familiar.
Y sobre el caso de su vecina Sofía González Torres, afirmó que nunca ha tenido trato con ella y que hasta ahora ninguna autoridad lo ha llamado para rendir cuentas.
“Es una señora del distrito XIX que en su momento se dará a conocer, nunca me he movido con el tráfico de influencias y las acusaciones de esa señora las tendrá que probar.
“El tercero punto es esa, es una toma ciudadana donde yo directamente no he participado, pero sin duda, desde donde esté, apoyaré sus demandas y sus reclamos”.
Para el legislador, el asunto de fondo es que los demás actores políticos, que tienen interés de subirse a la precandidatura de esa demarcación, le han emprendido una campaña negra.
“Lo de las amenazas de muerte son un asunto armado por alguna diputada o actor político que quiere tener el paso libre para la demarcación, pero todo se tendrá que ir acreditando en las instancias correspondientes”.