Los políticos en México siempre tienen un doble discurso. Una de sus principales apuestas es la desmemoria.
En público aseguran una cosa, en privado otra. Pero las acciones y resultados siempre son diferentes. El caso más palpable es el Congreso de la Unión.
En ambas cámaras siempre una cosa es lo que se pretende hacer y totalmente diferente el resultado.
Ante los medios diputados y senadores defienden la causa, pero en las negociaciones internas se anteponen los intereses de grupo, de partido y los económicos.
Los aumentos a la gasolina, la reforma laboral, la Ley de Seguridad Nacional son algunos de los polémicos temas en los que los legisladores dicen una cosa y en realidad hacen otra.
El PRI y los gasolinazos
El PRI es constante en sus críticas a las administraciones panistas por ser insensibles con las clases más necesitadas. Aseguran que las políticas económicas de esas administraciones no son las viables para el país y deben cambiarse.
A mediados de mayo, el presidente del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Óscar Levin Copel, aseguró que es necesario cambiar la política económica en el país, o de lo contrario el crecimiento será insuficiente.
“Es menester fortalecer el mercado interno y diversificar el comercio exterior para aprovechar de manera real los tratados que se han firmado y no depender únicamente de lo que suceda en Estados Unidos”, dijo entonces el legislador.
No es la primera vez que un miembro del partido hace este tipo de declaraciones en contra de la gestión de Felipe Calderón. Ese es el discurso. La realidad: que la bancada tricolor avaló en octubre de 2011, durante la negociación de la Ley de Ingresos, extender el aumento paulatino a la gasolina.
Está en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la votación de este partido a favor de que se incrementara la gasolina hasta el 2014.
Y es que al mantener este impuesto les toca una tajada a los Estados. Es un total de casi 25 mil millones de pesos anuales que se reparten entre las 32 entidades federativas.
La propuesta originalmente fue hecha por el partido en el gobierno, pero ahí no salió a la luz la urgente necesidad del cambio de política económica.
El PRI rechazó gravar alimentos y medicinas, pero nada dijo cuando se votó este aumento paulatino a las gasolinas.
PAN: Reforma Laboral
“Voy a impulsar una para los ciudadanos para que tengan más y mejores empleos”, dijo el primero de mayo de 2012 en plena campaña la panista Josefina Vázquez Mota.
Ella fue coordinadora de la bancada de Acción Nacional cuando se presentó la iniciativa de reforma laboral de su partido, que en realidad fue el proyecto del Ejecutivo.
Ese proyecto nunca recibió el consenso de los otros grupos parlamentarios. Se quedó en la congeladora del Congreso. Pero el proyecto, de acuerdo con expertos, difiere mucho de los objetivos que tanto en campaña como cuando estaba en San Lázaro buscaba Vázquez Mota y su partido.
En ese proyecto se promovía el outsourcing, un método de empleo en el que el trabajador no tiene acceso a los derechos fundamentales. Se ha venido empleando por muchas empresas, pero beneficia económicamente sólo al empleador.
Otra de las medidas que proponía el proyecto panista es poner un límite a los salarios caídos de un trabajador durante un conflicto laboral que llega a los tribunales.
Es decir, limitar el número de salarios que se reembolsen aún cuando el litigio siga vigente.
Estos dos temas fueron los principales contenidos a los que se opuso el PRI y los partidos de izquierda.
Todavía después de la elección el pasado primero de julio, la panista, seguida de otros diputados del PAN, insistieron en la urgencia de aprobar la reforma laboral.
“Si el candidato del PRI quiere reforma laboral, retiro lo ofrecido en dicha materia, para evitar el regreso al pasado y fortaleciendo la democracia y haciendo valer las coincidencias en las campañas”, afirmó el pasado 5 de julio. Sobre las críticas al contenido de su iniciativa, no se pronunció.
PRD: Guerra vs el narco
El PRD ha sido uno de los más críticos de la lucha contra el narcotráfico de la gestión de Felipe Calderón.
Recientemente el diputado Agustín Guerrero advirtió que no dejarán pasar ni darán carpetazo a los más de 70 mil muertos que van en el sexenio de Felipe Calderón.
La propia secretaria general del partido, Dolores Padierna, acusó al presidente de maquillar las cifras del número de muertos con fines electorales.
“Exigimos a Felipe Calderón mayor transparencia y seriedad. No se deben minimizar los daños con fines electoreros, es una cuestión de justicia con las víctimas”, señaló.
Sin embargo, el 23 de septiembre de 2010 dos diputados de la cúpula perredista metieron en la cajuela de un coche a Julio César Godoy Toscano, prófugo de la justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, al Palacio legislativo de San Lázaro.
La estrategia realizada por Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente nacional del PRD y Mary Thelma Guajardo, actual coordinadora de la bancada del sol azteca, sirvió para evitar el operativo que la Policía Federal realizaba afuera de la Cámara de Diputados con el fin de atrapar a Godoy Toscano, a quien la PGR acusaba de tener vínculos con el grupo criminal conocido como La Familia.
El medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pudo tomar protesta como legislador y obtener el fuero constitucional. Acosta Naranjo aseguró que lo hicieron así porque no tenía ninguna relación con el narcotráfico.
Un par de días después, el gobierno federal filtró a las televisoras el audio de una llamada entre Godoy Toscano y Servando Gómez alías “La Tuta”. Finalmente el diputado fue desaforado y hoy sigue prófugo.
Esta Legislatura se acaba. Pero lo mismo pasó en las anteriores. Dijeron una cosa e hicieron otra.
El próximo primero de septiembre tomarán protesta los nuevos diputados y senadores. Recién terminaron las campañas junto a la larga lista de promesas y compromisos que hicieron en los 300 distritos a lo largo y ancho del país. Los discursos fueron largos y ahora viene el turno de que se hagan realidad.