Las terapias de conversión para que personas homosexuales dejen de serlo representan un daño emocional y psicológico para quienes las toman, aseguran víctimas.
Por ello, por primera vez en la Ciudad de México, hay una propuesta legislativa para penalizar a quienes las impartan y a los que obligan a tomarlas.
A los 14 años, Nicolás Ramírez, como se identifica un miembro de la comunidad gay que no usa su nombre real por temor a que su familia lo identifique, fue forzado a ir a una terapia de conversión con la intención de que dejara de ser homosexual.
Él no recibió electroshocks como es frecuente que suceda, pero recuerda que un fin de semana su familia lo mandó a un retiro espiritual en Oaxaca donde intentaron convencerlo de que ser gay era una perversión y Cristo lo prohíbe.
“Se van por la parte moral y emocional, psicológica. La parte espiritual de que Jesús se va a enojar”, cuenta.
Nicolás señala que no le permitieron comer ni dormir durante tres días en los que padeció maltrato emocional.
“No tomas agua, no comes nada y no puedes dormir, se la pasan humillándote y te hacen exponer todas tus vivencias de violencia familiar. En mi caso, el abuso sexual que sufrí de niño”, menciona.
Después de tres días, Nicolás salió confundido y se sintió frágil.
“Me hizo una persona muy insegura con una autoestima muy baja, una persona que no sabía si quería experimentar su sexualidad, porque me quedé muy clavado con los discursos de que era malo y Dios me veía. Hasta tuve delirios de persecución”, dice.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud afirmó que dichas terapias no tienen una justificación médica y dañan la salud física y emocional de quienes son obligados a tomarlas.
Además, los también llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig) son prácticas que promueven la discriminación y el odio.
“Los miembros de la comunidad LGBTTI+ pueden ser obligados a acudir a servicios de salud mental o espiritual para ‘corregir’ la identidad que ha expresado, o bien, en algunos casos deciden acudir supuestamente de manera voluntaria a estos Ecosig, derivado del prejuicio y discriminación en torno a la homosexualidad o a las identidades no normativas”, señala el informe “Nada que curar”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Oficina de las Naciones Unidades Contra la Droga y el Delito, y el Consejo Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México.
Cabe destacar que la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2017 del Copred indica que los gays son el segundo grupo vulnerable más discriminado de los 41 que existen; y 12 por ciento de los entrevistados para el estudio afirmaron que dicho sector poblacional sufre rechazo social.
A Nicolás le costó trabajo aceptar y hacer que su familia reconociera su sexualidad.
Fue hasta los 19 años cuando se declaró abiertamente homosexual y, gradualmente, sus padres respetaron su decisión.
No más violaciones a los derechos y las terapias de conversión
En la Ciudad de México se busca sancionar por primera vez a las terapias de conversión para que evitar que más personas pasen por lo mismo que Nicolás, ni se violen sus Derechos Humanos.
El pasado 10 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen de ley para reformar el Código Penal local y castigar hasta con cinco años de prisión las terapias de conversión y los Ecosig.
Será en cuanto se convoque a un periodo extraordinario que se apruebe este dictamen y la capital del país se convierta en la primera entidad en sancionar estas prácticas, afirma en entrevista Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
El representante popular de Morena indica que solo falta que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dé su visto bueno para que la ley pueda pasar al pleno.
“La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aún no define cuándo será la próxima sesión extraordinaria, espero que sea antes de septiembre para que quede aprobada la reforma”, dice el diputado.
Destaca que aunque no hay datos oficiales de cuántas personas han sido sometidas a terapias de conversión, es importante sancionarlas porque muchas veces derivan en una violación.
“Hay casos de lesbianas en las que las violan, se llama violación correctiva, abusan de ellas para que supuestamente dejen de sentirse atraídas por las mujeres”, explica.
Al respecto de las sanciones, informa que todas las personas, sean familiares, patrones, amigos o conocidos, que obliguen a alguien a ir a terapia, serán acreedores a una pena que va de los 2 a los 5 años de prisión y trabajo comunitario
Quienes las imparten también podrían recibir la misma pena. Y en caso de que las víctimas sean menores de edad, la sanción será doble.
Por último, Villanueva dice que su comisión también buscará trabajar en una reforma a la Ley de Salud local que castigue a los profesionales médicos que participen en los Ecosig.