El Fiscal dadivoso
El Fiscal General del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, no sólo autorizó remuneraciones para él y sus homólogos superiores a las que percibirá el presidente electo. También sus principales colaboradores reciben “megasueldos” en contra de la política de austeridad
Luz RangelAdemás de autorecetarse un sueldo incluso mayor al que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero autorizó altos salarios para su séquito en la Fiscalía General del Estado.
Los sueldos que aprobó Guerrero para sus colaboradores más cercanos –sin autorización del Congreso del Estado– son en promedio 40 por ciento más altos que los que se pagaban en la extinta Procuraduría estatal.
Secretarios, titulares, vicefiscales, directores y directores generales son los funcionarios de altos mandos que van en contra de la austeridad republicana que promueve el nuevo gobierno federal.
Reporte Índigo tuvo acceso a los tabuladores de la Fiscalía General de Nuevo León a través de una solicitud de información, ya que la dependencia a cargo de Gustavo Guerrero no cumple con publicar las remuneraciones brutas y netas de sus trabajadores de base o de confianza, como establece la Ley de Transparencia Estatal.
El documento revela que Reyvel Medina Reyes, Mauro Zacarías Casimiro y Luis Enrique Orozco Suárez tienen sueldos de 140 mil pesos brutos mensuales. Es decir, 33.3 por ciento más respecto a los 105 mil pesos al mes que gana “El Bronco” y 29.6 por ciento mayores que los 108 mil pesos mensuales que recibirá López Obrador; una diferencia de 35 y 32 mil pesos, respectivamente.
140
Mientras que el salario que percibe Salvador Carrizales Venegas, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, asciende a 119 mil pesos brutos cada mes, es decir, también mayor que el de los titulares del Ejecutivo estatal y federal por 14 y 11 mil pesos en cada caso, o 13.3 y 10.1 por ciento más.
Reyvel Medina Reyes se desempeña como titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas; Mauro Zacarías Casimiro está al frente de la Secretaría Ejecutiva y de Comunicación Social y Luis Enrique Orozco Suárez es vicefiscal del Ministerio Público.
Estos nombramientos fueron realizados como parte de las facultades de Gustavo Guerrero, en el proceso de sustitución de la Procuraduría General del Estado por la Fiscalía General de Nuevo León.
Conforme a su plan de austeridad y combate a la corrupción, el próximo presidente ha declarado que busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que legitime su paga como tope salarial.
“Todos los servidores públicos, todos los ciudadanos tenemos que respetar lo que está establecido o lo que se establezca en la Constitución. Si la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, se tiene que cumplir”, declaró en conferencia de prensa en su casa de transición, a mediados de julio.
Además de la remuneración mensual estos funcionarios cuentan con otros beneficios, como aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, apoyo navideño y hasta un ingreso extra por el día del servidor público.
Ganan más que en la Procuraduría
Reporte Índigo reveló el pasado viernes que el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, el especializado en combate a la corrupción, Javier Garza y Garza, y el especializado en delitos electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, se subieron el salario casi 40 por ciento más de lo que ganaban sus homólogos en la entonces Procuraduría General del Estado.
El viernes legisladores y organizaciones no gubernamentales criticaron los sueldos que se autorizó el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero para él y sus homologos. El senador Víctor Fuentes pidió al Fiscal General del Estado que se ajuste a los tiempos de austeridad que se viven en el país.
El titular de la ahora Fiscalía General del Estado se autorizó un sueldo bruto de 146 mil pesos mensuales cuando su par, el procurador de justicia Bernardo González, ganaba 105 mil pesos. Esto equivale a un aumento de 39 por ciento y de 41 mil pesos más.
Javier Garza y Garza, fiscal especializado en combate a la corrupción, percibe un salario de 144 mil pesos, mientras que su antecesor Ernesto Canales, quien fungía como titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, contaba con 99 mil pesos al mes. Es decir, 45 mil pesos más o un alza de 45.4 por ciento.
El fiscal especializado en delitos electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, gana 144 mil pesos también. La llamada FEDE, encargada de atender las votaciones locales a gobernador, ayuntamientos y diputados locales, entró en funciones hasta este 2018, pues los delitos electorales no estaban contemplados dentro de la procuraduría.
Lo mismo sucede con las áreas de las que forman parte Mauro Zacarías Casimiro y Salvador Carrizales Venegas, ya que la extinta Procuraduría General Estatal no consideraba una Secretaría Ejecutiva y de Comunicación Social o un Órgano Interno de Control.
Para asignarse estos salarios, los fiscales no tuvieron que pasar por el Congreso de Nuevo León, simplemente se autoaprobaron los aumentos de 39 y 45.4 por ciento. Y ocurrió algo similar con los homólogos del director general de administración y el vicefiscal.
El entonces director general de administración en la Procuraduría puede equipararse, por sus funciones, con el ahora secretario ejecutivo de Administración y Finanzas. Mientras que el primero tenía una remuneración bruta de 81 mil 900 pesos, el segundo cobrará 140 mil pesos, es decir, 70.9 por ciento más igual a 58 mil 100 pesos.
La subprocuradora del Ministerio Público ganaba 99 mil pesos brutos. Su equivalente, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, hoy gana un ingreso de 41.4 por ciento más, que se traduce en 41 mil pesos.
Según el documento, Alberto Barrera, quien se desempeña como Vicefiscal jurídico, tiene un sueldo autorizado de 99 mil pesos brutos.
119
El documento obtenido por Reporte índigo revela que el sueldo mínimo de un director va de 66 mil pesos a un máximo de 119 mil; mientras que el de un director general es de 81 mil 900 a 140 mil pesos. Este puede ser el caso de Aroldo Francisco Pérez Porras, director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, y de Esteban Cantú Montes, director general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), cuyo ingreso probablemente sea superior al de “El Bronco” y López Obrador.
