La concesión parece engañosa y fraudulenta ya que los requisitos de la Secretaría de Transporte y Vialidad apuntan a que la empresa opera en completa irregularidad
En documentos solo figuran dos socios: José Juan Sánchez Armas y José Eric Torres Donat. El primero está muerto y al otro ni se le conoce
Los 52 socios de una de las cuatro empresas concesionarias del servicio, Transportes SAJJ S.A. de C.V., fueron borrados del acta constitutiva
El supuesto fraude en la Línea 2 del Metrobús, según los documentos en poder de Reporte Indigo, demostraría que se trata de una concesión engañosa y fraudulenta de unidades para el corredor, otorgadas por la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) que estuvo a cargo de Armando Quintero.
Con este nuevo caso, la administración de Marcelo Ebrard –en el periodo comprendido de 2006 a 2012– al frente de la Ciudad de México comienza a mostrar un rostro muy distinto al que dibujó en su último informe de gobierno.
Porque el 17 de septiembre de 2012, el exjefe de gobierno capitalino marcó el inicio de su carrera hacia la candidatura presidencial de la izquierda para 2018, enarbolando los logros en materia de transporte y combate contra la corrupción.
Pero a casi cinco meses de su salida, los detractores de Ebrard parecen haber encontrado una joya, en términos políticos, para exhibir el “verdadero rostro de la administración marcelista”.
Por eso las auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda están trabajando a marchas forzadas para sacar a la luz cualquier anomalía que genere dividendos a la gestión del nuevo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Promesas incumplidas y engaños
Durante el sexenio de Marcelo Ebrard, se anunció la construcción de 10 líneas del Metrobús. Sin embargo, se trató de promesas incumplidas.
La administración del perredista solo logró construir tres líneas y ampliar la 1 y dejó inconcluso el proyecto de la Línea 5.
Después de expandir el corredor del Metrobús de Insurgentes hasta el Caminero, la Setravi, la Secretaría de Obras, y demás dependencias se enfocaron en el segundo corredor que va de Tacubaya a Tepalcates.
Y el primer paso se dio el 23 de junio de 2008, con la publicación en la Gaceta Oficial del DF, de la aprobación del Corredor de Transporte Público de Pasajeros ”Metrobús Eje 4 Sur”.
Medio año más tarde, el 9 de diciembre de 2008, también se publicó en la Gaceta Oficial del DF la “Declaratoria para la Prestación del Servicio de Transporte Público Metrobús eje 4 sur”.
En la publicación, se especificaban las líneas del proyecto, entre las que destacaban tres: Reducir el parque vehicular de los concesionarios del transporte colectivo que operan los recorridos en el Eje 4 Sur, integrándolos como socios de empresas operadoras del servicio de transporte de manera coordinada con RTP.
La segunda, otorgar cuatro concesiones a personas morales, dando prioridad a los concesionarios que prestaban el servicio en dicho corredor con vehículos tipo microbús y autobús convencional y señalando que la concesión otorgada en cada caso establecerá las condiciones de participación en la prestación del servicio público de pasajeros en el corredor para cada empresa. El tercer requisito, establecido en la clausula segunda, requería un parque vehicular de 75 autobuses articulados, 63 para sustituir las unidades de transporte concesionado que circulaban en dicha fecha y 12 del RTP. Y el último requisito, estar constituidos como sociedad mercantil.
A partir de ese momento comienza la historia. Ese año, los 52 concesionarios que corrían sobre la Ruta 11 se acogieron al programa para prestar el servicio de transporte en la Línea 2 del Metrobús a través de una sociedad mercantil, como marca la ley.
El acuerdo general consistió en que José Juan Sánchez Armas, líder de la Ruta 11, se convirtió en el enlace entre los concesionarios interesados y la Setravi.
De esa forma, registraron la sociedad mercantil “Transportes SAJJ, S.A. de C.V. “, como primer paso para poder participar en el servicio de Metrobús de ese nuevo corredor.
Los candados de la dependencia que encabezaba Armando Quintero eran más que estrictos, pues para poder obtener la Concesión No. STV/METROBÚS/005/2008, se tenían que presentar diversos requisitos: Una solicitud con las especificaciones señaladas en la fracción 1 de la cláusula sexta y del acta constitutiva de la sociedad mercantil, ser concesionarios del transporte público colectivo de pasajeros y estar prestando servicio en las rutas y recorridos significativos determinados en el Estudio de Balance Oferta Demanda publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de julio de 2008, contar con un parque vehicular integrado por el número de autobuses articulados suficiente para cubrir la demanda de servicio en el Corredor “Metrobús Eje 4 Sur”, nuevos, conforme a las especificaciones técnicas que autorizadas por la Setravi.
Y por si fueran pocos controles, el “Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación el Servicio Público Local de Transporte de Pasajeros o de Carga” tenía que dar su aval, previa revisión minuciosa de los documentos.
Y así fue. Los concesionarios de la Ruta 11 obtuvieron su permiso el 11 de diciembre de 2008 para prestar el servicio con las demás empresas concesionarias desde el 16 de diciembre de ese mismo año.
La sorpresa
El funcionamiento de la sociedad mercantil cayó tras la muerte hace dos años de José Juan Sánchez Armas. Entonces se descubrió que en la constitución de dicha empresa no aparecían los considerandos del acta constitutiva, cuando era un requisito indispensable. Además, descubrieron que el acta constitutiva estaba integrada por solo dos personas: José Juan Sánchez Armas y José Eric Torres Donat. De este último no se tiene registro hasta el momento de que sea concesionario.
Incluso, los supuestos socios no lo conocen. Y desde entonces no encuentran forma de acreditar su participación en la concesión, tanto que la dirección fue a parar al hijo de José Juan, que los trata como empleados y les da una mínima parte de las participaciones a las que tenían derecho.
Los afectados ya pidieron una revisión profunda de esa concesión a la Setravi, instancia donde, aseguran, no los toman en cuenta. Y desde la ALDF ya se solicitó información al respecto, que tampoco ha sido atendida.
