El freno de la corrupción

En la gestión de Armando Quintero Martínez al frente de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) se registró la cifra tope de funcionarios de esta dependencia con una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) por actos de corrupción.

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF inició durante el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón 83 averiguaciones previas en contra de burócratas de la entonces Setravi o ahora Secretaría de Movilidad (Semovi).

En suma, la PGJDF inició 111 averiguaciones previas desde el 2008 y lo que va del 2015. El mayor número de casos se registraron en el 2008, con 25, y en el 2011 con 21. 

En ese periodo se cometió y documentó el fraude de la concesión de 13 camiones a una asociación civil inexistente, cuya acta constitutiva resultó ilegal.

Sumado a ese caso, los funcionarios responsables de los módulos de control vehicular protagonizaron actos de corrupción al emitir documentos falsificados para la autorización y realización de diversos trámites.

En la recta final del sexenio pasado estalló el escándalo de una flotilla de vehículos que fue dada de alta de manera ilegal a nombre de la empresa Televisa, utilizando presuntamente documentos falsos con la complicidad de los operadores de diversos módulos delegacionales de control vehicular.

El grupo encubierto

Al arrancar el sexenio de Miguel Ángel Mancera la dependencia continuó en medio de la turbulencia.

Un grupo de empleados burló los candados de seguridad de la Setravi para ingresar información apócrifa que les permitía obtener tarjetones para microbuses y taxis.

Ya con Rufino H. León Tovar al frente de la dependencia se documentó que con este método el grupo de funcionarios pretendía obtener casi mil 300 tarjetones que permitirían la circulación ilegal en la Ciudad de México de microbuses y taxis.

Resultado de esos actos de corrupción, la PGJDF continuó abriendo averiguaciones previas contra los servidores públicos involucrados con estas prácticas.

En el primer año de esta administración, el 2012, se abrieron seis averiguaciones previas; en el 2014 ocho, y en lo que va del 2015 ya son 14.

El nuevo titular de la ahora Semovi, Héctor Serrano Cortés, conformó un grupo especial integrado por personal de esa dependencia, de la Procuraduría de Justicia local, y de la Contraloría General.

El objetivo del grupo es realizar operativos encubiertos, haciéndose pasar como usuarios para realizar trámites en los 15 módulos de control vehicular de las 13 delegaciones en donde operan.

En algunos de estos módulos se tienen reportes precisos de que se realizan prácticas de corrupción.

Los trámites que son más susceptibles para que ocurra el “moche” o la “mordida” son cuando los ciudadanos acuden a renovar la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y placas, o concesiones en el caso de transportistas.

Plan para prevenir

El anuncio de combatir a los legendarios “coyotes” que cobran a los ciudadanos a cambio de desahogar dichos trámites de manera exprés, e incluso sin presentar toda la documentación que se requiere en los módulos, se suma a la estrategia central del gobierno del Distrito Federal para erradicar las trampas.

Se llama Plan de Prevención y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, y cuando Miguel Ángel Mancera lo anunció dijo que participan en dicha estrategia todas las áreas de gobierno y órganos legislativos a partir de varios ejes: profesionalización de los servidores públicos, el fortalecimiento a la fiscalización y control interno, la mejora regulatoria y simplificación administrativa y ciudadanía activa.

También se anunció que se renovarían 63 contralores internos y se designaría a personal nuevo en estas áreas para que profundice en la fiscalización de los recursos públicos.

Los planes también incluyen implementar programas mensuales de auditorías aleatorias, conformar un consejo consultivo ciudadano e implementar un portal anticorrupción para recibir denuncias contra funcionarios que infrinjan la ley.

A todo lo anterior se sumó la declaración de no interés, a partir de la cual se fijó que a partir de agosto todos los funcionarios de la administración pública debían presentarla, específicamente aquellos que tienen que ver con los procesos de contrataciones públicas, otorgamientos de concesiones y permisos para explotar un bien público del Distrito Federal.

Aunque esta última se enfocó a las conductas públicas de actuación de funcionarios,  a las empresas, proveedores y contratistas se les exhortó a ser corresponsables.