El paquete fiscal que guiará a México el próximo año, ya con la aprobación de la reforma energética, tiene una recaudación mínima: 180 mil millones de pesos.
En su defensa de la reforma energética que ya se discute en el Senado, las autoridades del gobierno federal han insistido en que la apertura del sector es la única forma de evitar un endeudamiento mayor para el país.
Pero la inversión de casi 300 mil millones de pesos que se estima el próximo año para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, está basada en una deuda de 750 mil millones de pesos, casi el 60 por ciento de lo que costó a México el Fobaproa.
Estos números le permitieron al Observatorio de Salarios, un grupo de especialistas de la Universidad Iberoamericana con sede en Puebla, concluir en un informe al que tuvo acceso Reporte Indigo que el hoyo fiscal derivado de la reforma energética que han negado las autoridades peñistas “sí existe”.
El análisis de los expertos de la Universidad Iberoamericana, Miguel López, Jorge Abascal, Humberto Morales y Miguel Reyes concluye que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto está llevando a México a una fase distinta del neoliberalismo, que implica la “liberalización y privatización de recursos estratégicos como la energía”.
Las consecuencias de este proceso, advierte el grupo, serán “un déficit y endeudamiento importantes”.
Los recursos provenientes de la deuda, escribieron los expertos en su reporte, no cuadran con las obras de desarrollo e infraestructura social “que no existen ni han sido anunciadas en el gobierno”.
Los números
El grupo interdisciplinario realizó un ejercicio de simulación de cuánto significará en números este hoyo fiscal.
Tomaron como premisa la cifra que ha difundido el gobierno, de que entrarán al país 30 mil millones de dólares anuales como inversión extranjera derivada de la apertura energética.
Luego de este ingreso, detallan, los recursos faltantes para el gobierno serán de 13 mil 300 millones de dólares.
De aprobarse como se planteó la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se crearía un fideicomiso para administrar las inversiones privadas, “retornaría los costos de producción o inversión a los particulares y repartiría las utilidades de manera compartida a Pemex y las corporaciones”.
En un esquema en el que Pemex gana el 60 por ciento de las utilidades, y los privados el restante 40 por ciento, la cifra divulgada por el gobierno implicaría ganancias para las corporaciones por 86 mil millones de pesos al año.
Al final del periodo de inversión, las empresas recuperarían lo gastado y tendrían utilidades netas después de impuestos.
Al invertir 390 millones de pesos cada año, recuperarían 450 mil millones en total, es decir, ganarían todo lo que invierten más 16 por ciento extra.
Para Pemex, sin embargo, la recuperación sería menor. Bajo el nuevo régimen ganaría al año 154 mil millones de pesos, en lugar de los 326 mil millones de pesos anuales que ahora obtiene el gobierno de la paraestatal.
“El hoyo fiscal por cada 390 mil millones de pesos (30 mil millones de dólares) de inversión extranjera privada de las grandes transnacionales sería entonces de 172 mil millones de pesos.
“Manteniendo las actuales condiciones en el precio del petróleo, el tipo de cambio y la rentabilidad operativa de Pemex, por cada 100 pesos invertidos en la desnacionalización de la industria petrolera en materia de exploración y exploración petrolera, se tendrían 45 pesos de hoyo fiscal”, estimaron los especialistas de la Ibero.
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