El indulto de la Fiscalía Anticorrupción a exfuncionarios
Los exfuncionarios Roberto Russildi, Jorge Longoria y Manuel Benjamín Fernández González fueron indultados a pesar de ser los principales responsables de la requisa a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A de C.V.
Jesús PadillaLa Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, indultó a los exfuncionarios participantes en la requisa a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A. de C.V., la cual interpuso una denuncia por abuso de autoridad por esta medida.
Pero repentinamente Garza y Garza cambió su criterio. Ahora pretende volver a acusar a los exfuncionarios a quienes, en un principio, no pudo llevar a juicio por la falta de elementos para inculparlos.
La audiencia inicial será el 27 de mayo en un contexto de presión política contra funcionarios de la administración pasada. Se trata de Roberto Russildi, exsecretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria, exdirector de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público; y el exdirector de Metrorrey, Manuel Benjamín Fernández González, quien administró los recursos y operó los 80 camiones de la requisa y realizó un diagnóstico de las irregularidades y la inseguridad de los usuarios por utilizar las unidades operadas por la empresa.
El 5 de abril, tres días antes de que se llevara a cabo la audiencia inicial contra estos exfuncionarios y el exgobernador Jaime Rodríguez, el fiscal Garza y Garza desistió, al considerar que no era factible insistir en la formulación de imputación.
Pero el 7 de abril reviró. Continúo al día siguiente el proceso sólo contra “El Bronco”, por el supuesto delito de abuso de autoridad por el caso de la requisa.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción decidió desistir de los exfuncionarios Russildi, Fernández y Longoria, a pesar de que firmaron el acuerdo que determinó la requisa de los bienes y derechos que la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A. de C.V. También lo hizo Manuel González, pero él ni siquiera ha sido acusado.
“Que afectó al Servicio Público de Transporte, como titular de la Concesión de Operación del Corredor Lincoln – Ruíz Cortines, denominado Ecovía con fecha el 13 de octubre de 2016”, dice el acuerdo en poder de Reporte Índigo.
Es decir, los exfuncionarios participaron en la requisa tendrían que ser procesados. Pero la gestión del fiscal anticorrupción se ha caracterizado en desistir de procesos contra exfuncionarios implicados en supuestos actos de corrupción, además del caso Kía Motors contra el exgobernador Rodrigo Medina.
En cerca de 40 carpetas de investigación contra exfuncionarios de la administración Medina, la fiscalía desistió de manera sorpresiva.
Incumple Longoria
El acuerdo que, por motivos de seguridad, determinó la requisa de los bienes y derechos a la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S.A. de C.V. establece que Jorge Longoria, exdirector de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público, debió notificar las medidas correctivas para levantar esta sanción.
“Las acciones correctivas que deberá cumplir el concesionario, para efectos de levantar la medida de seguridad, le serán notificadas a través de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público o por conducto de la autoridad que el Ejecutivo del Estado determine”, dice artículo tercero del acuerdo publicado 13 de octubre de 2016.
En este caso le correspondía a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependencia que en ese entonces estaba a cargo de Roberto Russildi, quien firmó el acuerdo.
Finalmente, el exdirector de Metrorrey, Manuel Benjamín Fernández González, fue quien se quedó al frente de la administración de los 80 camiones de la empresa concesionaria para la operación del corredor Lincoln – Ruíz Cortines, conocido como Ecovía.
El exfuncionario, según el acuerdo, debió hacer un diagnóstico inmediato de los bienes requisados para que se realizaran las acciones correctivas y con esto enterar a la empresa a través de Longoria
La responsabilidad también recae en Fernández González y Longoria, toda vez que la empresa reclama un acto de abuso de autoridad. Es decir, al parecer los funcionarios no cumplieron con lo establecido en la requisa.
