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dependencias
responsables del manejo de ese equipo: la Fiscalía General y la Secretaría General de Gobierno


"La razón principal para la adquisición de equipo de espionaje con la firma SYM Servicios Integrales fue una petición hecha por la FGE para combatir el secuestro en la entidad"

Fiscalía General del Estado a través de transparencia

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Documentos oficiales del Gobierno de Jalisco revelan que, aún con la polémica que giró en torno a la adquisición del programa de espionaje Galileo, la cancelación del contrato es un hecho distante que le costaría cientos de millones de pesos a las arcas públicas.

El 10 de julio pasado, Reporte Indigo, en “El Gran Hermano de los jaliscienses”, detalló la compra que el gobierno de la entidad hizo en 2014, de Galileo, que de acuerdo con la compañía italiana especializada proveedora Hacking Team, es “la suite de hacking para la intercepción gubernamental, al alcance de los dedos”.

De acuerdo con lo revelado aquella vez con contratos publicados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y cables de Wikileaks, el Gobierno de Jalisco había hecho tal adquisición a un costo de 13 millones de pesos.

El contrato de arrendamiento 503/14 celebrado el 9 de diciembre del año pasado, entre la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) –representada por el subsecretario Salvador González Reséndiz– y la compañía SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V. –con Niv Moshe Yarimi como apoderado legal– muestra que la cantidad desembolsada fue casi 20 veces más: 263 millones 24 mil 562 pesos.

El monto se dividió en cinco pagos anuales de poco más de 52 millones de pesos, a los que se añadió un 10 por ciento (unos 5 millones de pesos), como póliza de seguro. Todo, a través de una adjudicación directa.

Se estableció además que el pago millonario fuera con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

Y se estableció una serie de cláusulas, que indica, entre otras cosas, que el contrato concluirá en mayo de 2018. El plazo es forzoso para ambas partes.

“Si la terminación anticipada fuere solicitada por la Secretaría, toda vez que el presente contrato se establece por término y/o plazo forzoso de 43 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Las partes convienen que la Secretaría deberá dar aviso de la intención de terminación anticipada por escrito con acuse de recibo en el domicilio de el arrendador, obligándose a pagar en ese evento, la totalidad del saldo insoluto de la contraprestación total pactada en la cláusula cuarta del presente contrato, además de restituir los bienes”, según el párrafo segundo de la cláusula décimoquinta del documento al que Reporte Indigo tuvo acceso.

Un combate innecesario

En el contrato se detalló que el arrendamiento de equipo para espionaje, a través de SYM Servicios Integrales, es para la Unidad de Combate al Secuestro de la FGE, y que todo la tecnología tendrá que ser entregada a ésta a más tardar en octubre próximo.

Curioso que el secuestro no es un delito que azote a la entidad. 

En 2014, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco documentó apenas  17 averiguaciones previas por secuestro, una cantidad irrisoria ante las 512 que enumeró, por ejemplo, Tamaulipas.

En julio pasado, Salvador González Reséndiz declaró al diario El Informador, que algunos de los equipos adquiridos tienen la característica de extraer datos de teléfonos celulares, tabletas y dispositivos móviles, pero que serían utilizados con una autorización judicial.

Aunque la versión de las autoridades estatales corrió en el sentido que la adquisición se dio en el marco de la estrategia nacional de combate al secuestro, la propia Fiscalía no lo reconoce así, en una respuesta a una solicitud de transparencia:

“No se localizó documento y/o antecedente alguno en las bases de datos, archivos físicos y electrónicos, que refleje si alguna dependencia federal exigió a esta Fiscalía adquirir dicho equipamiento tecnológico”.

A la FGE se le preguntó además sobre el uso, los objetivos a espiar, el fin de ello, la averiguación previa en el que se enmarcó el espionaje, y la autorización judicial al respecto.

“Se trata de información inexistente, debido a que no ha sido utilizado dicho equipamiento tecnológico adquirido a la empresa denominada SYM Servicios Integrales”.

Dentro del listado de alrededor de 150 bienes que SYM Servicios Integrales se ha comprometido a entregar al Gobierno de Jalisco, como parte del citado contrato, destacan incluso vehículos, motocicletas, software y tecnología en radiocomunicaciones.

Ni capacitado

La razón principal para la adquisición de equipo de espionaje con la firma SYM Servicios Integrales fue una petición hecha por la FGE para combatir el secuestro en la entidad.

Pero la dependencia no ha sido capacitada sobre el uso de esa tecnología. 

“No se cuenta con registro de personal de esta Fiscalía General, capacitado para el uso del equipamiento tecnológico adquirido a la empresa denominada SYM Servicios Integrales”, de acuerdo con la respuesta de la dependencia.

Esto apunta que tal capacitación se dio sólo a personal de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Roberto López Lara.

En un correo del 18 de diciembre de 2014, Daniele Milán, ejecutivo de Hacking Team, enviado el 18 de diciembre de 2014, le cuestionó a Niv Moshe, de SYM Servicios Integrales:

“En verdad necesito entender quién va a usar el sistema aquí”, pues el documento que Moshe le había mandado un día antes estaba firmado por Fausto Estrella, de la Fiscalía, pero los que ya poseía entonces Milan, estaban signados por Héctor Federico Zúñiga Bernal de la Coordinación General de Asuntos Sociales. 

“¿El sistema será usado por las dos organizaciones? Debido a las regulaciones de exportación debemos tener un entendimiento claro y la documentación de los usuarios finales involucrados”, insistió Milan.

Ese mismo día, Moshe respondió: “Es un sistema con dos usuarios, 10 para gobernación (sic) y 15 para el fiscal. La idea es que el fiscal tendrá acceso a la web. Así gobernación (sic) puede controlar. Y no de la otra manera”.