Con base en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un plazo adicional que concluye mañana martes 29 de agosto.
No todo termina ahí.La segunda ruta de MVS es tramitar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La otra, más larga, es irse por la vía del amparo para que su caso sea resuelto por funcionarios que no tengan nada que ver con el Ejecutivo federal sino con el Poder Judicial.
La pelota en la disputa por la banda ancha de 2.5 gigahertz ahora está prácticamente en la cancha del próximo Presidente Enrique Peña Nieto y del Poder Judicial en su caso.
Y es que la ruta legal que tiene Joaquín Vargas se llevará, por lo menos, 120 días hábiles.
Fue el 8 de agosto, cuando la SCT anunció que negaría la prórroga de las concesiones vencidas en la banda 2.5 GHz.
Ese mismo día, la dependencia le notificó a la empresa de su resolución y el inicio de un plazo de 10 días hábiles –en la etapa de presentación de las pruebas que considere pertinentes– para que la autoridad cambie el sentido de su determinación.
Además de la fase probatoria, el procedimiento de rescate considera una etapa de valoración, análisis de información, alegatos y resolución final.
A la lista se agrega la determinación del monto de la indemnización en términos de la Ley General de Bienes Nacionales a la que, en su caso, los concesionarios tengan derecho.
El 21 de agosto, MVS Comunicaciones presentó ante la dependencia federal una serie de documentos probatorios y solicitó una prórroga para el envío de más evidencias en su favor.
Si bien la Ley Federal de Procedimiento Administrativo marca entre 100 y 120 días para concluir un procedimiento de rescate, este tiempo podría extenderse si existiera alguna suspensión judicial.
También se podría extender si los concesionarios presentaran pruebas cuyo desahogo requiriera un mayor número de días.
