Las autoridades de Guadalajara estiman que cada día se roban en promedio 175 celulares en la ciudad, lo que genera un daño patrimonial anual para los tapatíos por más de 451 millones de pesos; por ello, el Gobierno municipal aumentó el control sobre la venta de esos aparatos para combatir el mercado negro en un intento por inhibir el ilícito.
El robo de teléfonos celulares a los habitantes de Guadalajara les genera a estos un daño patrimonial cuya estimación supera los 451 millones de pesos por año, ante ello, el Gobierno tapatío adoptó distintas modificaciones reglamentarias que buscan obstaculizar la comercialización posterior de esos aparatos en el mercado negro.
Derivado de una iniciativa promovida en conjunto por el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, y el regidor Luis Cisneros Quirarte, el Gobierno municipal comenzará a implementar nuevos controles sobre la comercialización de celulares en un intento por constreñir el mercado negro de estos productos e inhibir el robo de los mismos.
El robo de celulares se ha extendido de tal manera en Guadalajara que ya representa actualmente cuatro de cada 10 robos a personas que se cometen en el municipio, según lo revelan en su planteamiento el alcalde tapatío y el regidor Cisneros Quirarte, por lo que se estima que todos los días se roban en promedio 175 de estos aparatos en la ciudad:
“Del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020, en Guadalajara se tiene un registro de 14 mil 452 delitos del tipo robo a persona, de los cuales se calcula que el 43% de estos corresponden al robo de teléfonos celulares (seis mil 214).
Sin embargo, considerando la cifra negra mencionada (91.8%), se calcula que en el periodo señalado existieron un total de 75 mil 785 delitos del tipo robo a persona, de los cuales 69 mil 570 corresponden al robo de teléfonos celulares, lo cual nos da un promedio de 175 robos de teléfonos celulares al día en Guadalajara
Con estos datos disponibles sobre la incidencia de este tipo de robos a los habitantes de Guadalajara, el alcalde y el edil elaboran entonces una estimación del daño patrimonial que estos ilícitos les generan a aquellos:
“Considerando el valor promedio de seis mil pesos de un teléfono celular, lo anterior implica un costo a las víctimas aproximado diario de un millón 140 mil pesos y en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020 da un costo a las víctimas aproximado de 451 millones 440 mil pesos, tan solo en el municipio de Guadalajara, que para efectos prácticos y comparativos, equivale al presupuesto anual de varios municipios de Jalisco”.
La venta de celulares robados, advierten, se está dando “en diversos espacios en el municipio, como lo son los espacios públicos, los tianguis e inclusive se dan casos en los que en negocios establecidos y con licencias municipales de giro se llegan a comprar, vender o manipular los teléfonos que han sido adquiridos a través de los robos”.
El mercado negro de celulares
Ante tal panorama y para evitar que todos esos celulares robados sigan encontrando con facilidad canales para su comercialización ilícita, el Gobierno municipal aumentará la regulación sobre estos productos tanto en el comercio formal como informal, es decir, el que se da en la vía pública y tianguis.
La modificación aplicada al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios ahora obliga a los propietarios de establecimientos a contar con toda la documentación que ampare el origen legal de los teléfonos en su posesión, misma que debe cubrir los últimos cinco años.
El nuevo artículo 14 quater, dice: “Son obligaciones de los titulares de los giros en donde se comercialicen, enajenen o manipulen teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o de comunicación, las siguientes: l. Acreditar la legítima propiedad o procedencia de los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o de comunicación, que adquieran para su comercialización, enajenación o que tengan bajo su resguardo para su manipulación”.
Y sigue: “ll. Mantener durante cinco años la información de las operaciones con sus clientes y proveedores, que contenga los documentos que acrediten la legítima propiedad o procedencia de los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o de comunicación, así como la documentación que identifique a las personas que los enajenaron o solicitaron su manipulación, incluyendo la fecha y hora de la operación”.
Ahora bien, para impedir su venta en la vía pública y espacios informales, se modificó de igual forma el Artículo 100 bis, para agregar una fracción XV, por lo que ahora señala ese numeral: “En el Comercio en Espacios Abiertos se podrá comerciar con todo tipo de mercancía con excepción de: (…) XV. Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o de comunicación”.
Y así también el artículo 144, en el que se agregó una fracción XlV, por lo cual ahora señala: “1. En los tianguis queda prohibida la comercialización de los siguientes productos: (…) XlV. Teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o de comunicación”.
La iniciativa se aprobó el 30 de septiembre de 2020 y entró en vigor este 7 de octubre.
Nueva regulación
Tras los cambios aplicados al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, ahora los establecimientos que comercialicen y manipulen teléfonos celulares se encuentran bajo una regulación similar a la de las casas de empeño, otro tipo de negocio muy atractivo para los delincuentes.
La iniciativa que dio pie a estas modificaciones señala que obligar a los titulares de las licencias de giro a mantener por cinco años la información y documentación de las operaciones con sus clientes y proveedores, incluyendo a las personas que solicitaron alguna manipulación de teléfonos, “obedece a la generación de un registro que coadyuve en la detección e identificación de posibles casos delictivos, así como de las personas involucradas en los mismos”.
Y agrega: “Obligaciones similares ya se encuentran previstas dentro del reglamento (…) correspondientes a los titulares de los giros de compraventa de metales preciosos, casa de cambio y casa de empeño, y de compraventa de autopartes usadas, chatarreras o huesarios, ya que su implementación tiene un origen similar al que se plantea en esta iniciativa, ya que en dichos establecimientos las y los delincuentes buscan enajenar de manera rápida aquellos bienes adquiridos de manera ilícita a través de los robos”.
