El miedo a Pemex, el gigante petrolero

El auto-nombrado gobierno de la “refundación” en Jalisco podría hacer mucho más que simplemente pedirle una disculpa pública a Petróleos Mexicanos (Pemex)  por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, pues aún tiene la vía civil abierta para exigirle la reparación integral del daño causado a las víctimas y la ciudad.

Esta es al menos la conclusión a la que llegó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la cual desde el año 2000 le solicitó formalmente al Gobierno del Estado que demande a Pemex para que asuma la responsabilidad de esos hechos que le costaron la vida a más de 200 personas, que lesionaron a más de mil 400 tapatíos, y que dejó una estela de destrucción en la ciudad.

El 11 de diciembre del 2000 la CEDHJ emitió una Recomendación oficial sobre el caso de las explosiones del 22 de abril, en la que incluyó dicha solicitud al Gobierno del Estado para que procediera legalmente contra Pemex, sin embargo, a más de 14 años de haberse expedido ese documento continúa al día de hoy sin ser acatado por el Ejecutivo.

El punto Séptimo de la Recomendación 16/2000, decía: “Contratar los servicios de un bufete de abogados o, de acuerdo con lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, girar instrucciones a la PGJE, para que se den a la tarea de estudiar, elaborar, presentar, defender, gestionar y llevar a buen término una demanda para reclamar hasta las últimas instancias la responsabilidad civil objetiva, en beneficio riguroso de cada una de las víctimas, (…) invocando jurisprudencia e instrumentos internacionales de derecho en relación con la no prescripción de la acción”.

Sin embargo, el Gobierno de Jalisco nunca interpuso dicha acción legal contra Pemex que le había sido solicitada por la CEDHJ, pues ese punto séptimo de la Recomendación no fue aceptado por el entonces gobernador del PAN, Alberto Cárdenas Jiménez, según lo confirmó vía transparencia tanto la CEDHJ (folio 02997719) como la Consejería Jurídica del Estado (recurso 1541-2019).

Al cuestionarle al Gobierno de Jalisco si había interpuesto esa demanda contra Pemex y qué resultados había obtenido, esto respondió la Consejería Jurídica: “Sobre este punto se declara la inexistencia de la información solicitada, toda vez que, de acuerdo con lo señalado por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, la recomendación séptima no fue aceptada por el Gobierno del Estado en turno”.

Se le preguntó entonces al Gobierno estatal si había interpuesto alguna otra demanda o denuncia contra Pemex por aquellos hechos, en el lapso 1992-2019, a lo que respondió la  Consejería Jurídica:

“En este punto, se insiste con lo señalado en el oficio SSDH/083/2019 firmado por el subsecretario de Derechos humanos de la Secretaría General de Gobierno, donde se manifiesta que el punto Séptimo donde se recomienda presentar demanda para reclamar la responsabilidad civil objetiva, no fue aceptado por el Gobierno del Estado en turno”.

Y agrega: “se declara la inexistencia de la información en lo que respecta a los archivos que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, genera, administra o posee, tal y como quedó confirmado por el Comité de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales”, según el oficio OAST/3882-07/2019, del 26 de julio de 2019.

La demanda vs Pemex

La Recomendación 16/2000 dirigida al Gobierno de Jalisco por la CEDHJ, entonces encabezada por Guadalupe Morfín Otero, fundamentó en dos elementos jurídicos la posibilidad de demandar a Pemex por la vía civil, ambos vigentes al día de hoy: que las víctimas no han renunciado al derecho de hacerlo, y que los daños persisten.

Sobre el primer elemento, señala: “se sostiene que las violaciones a derechos humanos y las acciones subjetivas en el ámbito del derecho civil para reclamar el pago de la reparación del daño de las víctimas de las explosiones no han prescrito, porque el fundamento de la prescripción se encuentra doctrinariamente en la presunción del abandono o renuncia del derecho que el acreedor, en este caso los afectados, podrían hacer valer, lo cual no ha ocurrido, ya que han intentado múltiples gestiones ante diversas autoridades”.

Y sobre el segundo elemento, argumenta: “Otra razón por la que no pueden prescribir tales demandas de reparación son las secuelas físicas y psicológicas que sufren los afectados y los daños que se causaron al subsuelo de la urbe. (…) Para hacer posible esta hipótesis es importante conocer las tesis de jurisprudencia que sustentan que mientras no cesen los efectos de los daños causados, la prescripción en materia civil no puede surtir efectos”.

En aquella Recomendación la CEDHJ destacaba la impunidad en la que persiste el caso, pues ningún funcionario federal o local pagó por los hechos que, se presume, fueron causados por la filtración de grandes cantidades de gasolina al drenaje de la ciudad:

“Respecto de las acciones oficiales, ningún gobierno de los órdenes federal o local, hasta el momento, ha interpuesto un recurso legal efectivo o ejercido el deber de reclamar judicialmente la indemnización o reparación del daño, como una acción de verdadera justicia, deber que le corresponde al estado”. 

Gobernadores omisos

Este 12 de febrero pasado el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, hizo llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una “Petición de Disculpas”, en la que le señala:

“Me dirijo a usted en representación del pueblo de Jalisco para solicitarle que en su calidad de Presidente de la República, llame a la empresa productiva del Estado denominada Pemex, a ofrecer una disculpa pública a las víctimas de las explosiones acontecidas en la ciudad de Guadalajara el día 22 de abril de 1992”.

Sin embargo, Alfaro Ramírez es hasta ahora parte de la lista de gobernadores de Jalisco que han omitido demandar a Pemex, y que incluye a Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña, Gerardo Octavio Solís Gómez, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval Díaz.

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