Fidencio Constantino, conocido como “El Niño Fidencio”, fue procesado por ejercer la medicina sin título, revela el expediente número 1515 recién abierto por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a cargo del magistrado Arturo Salinas Garza.
En 1927, el curandero sanó a Teodoro Von Wermich de un padecimiento, un hacendario de la comunidad El Espinazo, en Mina, Nuevo León. En agradecimiento le tomó una foto y la empezó a difundir en todo el estado y así fue como obtuvo popularidad.
Tuvo tanta influencia de manera exponencial entre 1927 y 1929, que abarcó las primeras planas de los periódicos nacionales más importantes de la época. Incluso, el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, lo visitó en febrero de 1928.
El Gobierno de Nuevo León, a través del Consejo de Salubridad, denunció a “El Niño Fidencio” por ejercer la medicina sin título en un campamento de la comunidad de El Espinazo, delito que amerita cárcel de un año y medio y una multa.
“Sigue llegando gente al citado campamento solicitando los servicios de Fidencio para curar toda clase de enfermedades. Fidencio Constantino sigue en su labor de curar usando otras hierbas de la región para toda clase de enfermedades”, dice la queja del Consejo de la cual Reporte Índigo tiene una copia.
Este Consejo señala que en el campamento de Fidencio existe una sección llamada La Colonia de la Dicha, donde están aislados los enfermos más graves de lepra y en la estación de El Espinazo llegan los trenes.
“Además toda la gente del campamento hace una visita diaria a la Colonia de la Dicha, donde Fidencio tiene la costumbre de darles de tomar una poca de agua cocida. En dicha colonia, se revuelven los enfermos del resto del campamento con los familiares de aquellos que tienen lepra”, dice la queja realizada por el doctor Francisco Vela González.
El Consejo concluye que el campamento de Fidencio constituye una amenaza por la aglomeración de personas enfermas.
El procurador general de Justicia de Nuevo León aceptó levantar la averiguación correspondiente con el fin de llegar a la verdad de los hechos denunciados, a pesar de saber la importancia e influencia que tenía Fidencio Constantino en todo México.
Más tarde, el agente del Ministerio Público remitió al Juzgado Tercero Penal de Monterrey el escrito de la queja levantada por el doctor Francisco Vela González y el delegado de salubridad federal, acusando a Fidencio Constantino por la supuesta usurpación de profesión, además pidiendo que el taumaturgo fuese severamente castigado.
El tema debía revisarse desde la perspectiva de salud pública por los riesgos de contagio de enfermedades
En defensa “El Niño Fidencio”
El Juez Tercero de Letras del Ramo Penal decretó una causa penal contra Fidencio Constantino “El Niño Fidencio”, por el delito de ejercer la medicina sin título, por lo que su abogado, José Guajardo, promovió un juicio de amparo.
Se trata del amparo 12/929 por violaciones a los artículos 4, 14 y 16 constitucionales que fue interpuesto ante un Juzgado de Distrito del Estado de Nuevo León.
“El Niño Fidencio” recurrió a esta maniobra legal, pues el agente del Ministerio Público pidió al juez tercero penal, Justino Sáenz, que liberara la orden de aprehensión en su contra. Fidencio reprobaba la etiqueta de fraude, ya que consideraba que sus auxilios no eran falsos.
De hecho, argumentaba que durante tres o cuatro años habían llegado muchas personas de todas partes de la República por sus tratamientos.
El Juzgado de Distrito respondió al juicio de amparo, y concedió la suspensión provisional de la orden de aprehensión que había dictado el juez Tercero Penal. A cambio, debía asistir todos los días hábiles con el juez auxiliar.
El 7 de febrero de 1929 se resolvió el juicio de amparo a favor de Fidencio Constantino, suspendiendo de manera definitiva la orden de aprehensión. Tanto el Consejo de Salubridad que acusaba a Fidencio como el Juzgado Tercero continuaron poniendo en entredicho el tema de las curaciones y retomaron el caso por el tema de salud pública.
La última diligencia practicada había sido el 26 de julio de 1930, por lo que pasaron cinco años sin que el juicio se volviera a tratar. Como resultado, el juez decidió que lo más conveniente era archivar el proceso.
