El ombudsman que repudia la protesta

La presidencia de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco está de nueva cuenta en una polémica, tras las declaraciones de días pasados del funcionario en torno a la libre manifestación, lo cual llama la atención de defensores y organizaciones de derechos humanos locales.

Las palabras del ombudsman local se producen dentro del marco de una reforma constitucional en materia de derecho a la movilidad universal –calificada por diputados federales de izquierda como una “ley antimarchas”– misma que fue turnada al Senado de la República el pasado martes 2 de diciembre.

Paralelamente, dentro del Encuentro Internacional de Periodistas, llevado a cabo a inicios de este mes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), periodistas, académicos y defensores de derechos humanos criticaron la reforma enviada a los senadores y reiteraron que la protesta social es un derecho que no puede regularse.

Y aunque para el titular de la CEDHJ las diferentes formas de manifestación son válidas y legítimas, también lo es el uso de la fuerza pública por parte de las autoridades, así lo manifestó el 10 de diciembre pasado, fecha en que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos.

“La protesta ciudadana debe ser respetada, impulsada y fomentada; pero alterar el orden público, cometer delitos y vulnerar los derechos de terceros se debe revisar (…) Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarte de edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y debe de respetarse, si no, se afectan derechos de terceros. 

“Hay lugares específicos que se crearon desde el origen de los gobiernos y del Estado que son las plazas públicas, que deben ser respetados”, declaró Álvarez Cibrián ante los medios de comunicación; su declaración despertó polémica, pero sus dichos sobre la libre manifestación no pararon ahí.

De la misma forma afirmó que la autoridad tiene la facultad para utilizar la fuerza pública cuando se bloquean las calles o las carreteras con plantones, y matizó, diciendo que las autoridades no deben criminalizar las protestas.

“Debemos estar de los dos lados (de los manifestantes y del gobierno), las autoridades deben cumplir los protocolos y principios en el uso de la fuerza, pero los manifestantes deben ser respetuosos del orden público.

“Por ningún motivo pueden cometer delitos, que quien cometa delitos con motivos de una manifestación debe ser castigado por la autoridad, el que no lo haga estará violando los derechos humanos (de terceros)”, añadió el defensor de los jaliscienses, según consignaron medios locales, como el diario El Informador.

Preocupan posturas

Aunque los intentos legislativos para regular las manifestaciones en espacios públicos no han tenido el visto bueno por el Senado de la República, en el caso de la reforma constitucional de movilidad en el estado de Jalisco, la propuesta se ha estancado.

Sin embargo, la perspectiva “institucional” mostrada por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián es una alerta para los colectivos en pro de los derechos humanos en Jalisco.

“Que lo diga un titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es delicado, pero que lo diga el de Jalisco ya no es tan grave, porque este señor no ha hecho otra cosa más que trabajar en contra de las personas y de los derechos que debería estar protegiendo”, expresó César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo de la asociación civil Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Agregó que las declaraciones son una raya más al mal desempeño que ha tenido el ombudsman al frente del organismo público autónomo de derechos humanos, al mismo tiempo de que sus frases se enmarcan en una lógica gubernamental que criminaliza la protesta social.

“El mal mensaje que nos manda el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es ‘si los reprimen no vengan a quejarse’”, advirtió el director de CEPAD.

Regulación de la protesta congelada en Congreso

En agosto del 2013 la diputada local panista Gabriela Andalón Becerra presentó una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Jalisco que “regula las reuniones y manifestaciones en lugares públicos del estado de Jalisco”.

La iniciativa fue turnada el 12 de septiembre del 2013 a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso Local.

“Lo peor del caso es que se intente legislar con un fin, como se ve, persecutorio y represor. Como si el estado actual del país no fuera ya suficiente”, sentenció César Pérez Verónica sobre la iniciativa del Congreso estatal.

Y aunque la iniciativa de la panista ha quedado congelada en la señalada comisión -en el marco de la aprobación de la reforma de movilidad universal- el 8 de diciembre pasado, Andalón Becerra declaró que se siente confiada en que su propuesta de ley sea aprobada.

“Consideramos necesario que Jalisco tenga una ley que regule este tipo de libertades”, expresó Gabriela Andalón.

De la misma forma, desde el 30 de septiembre pasado se anunció que la CEDHJ y el Consejo Económico Social del Estado de Jalisco (CESJAL) entregarían una propuesta de ley al poder legislativo de Jalisco para regular los eventos masivos.

La propuesta ha sido señalada por los organismos de derechos humanos como un intento por complementar la iniciativa de la diputada panista en materia de actuación de policías.

La iniciativa de Ley que regula y coordina la actuación interinstitucional de las autoridades públicas del estado de Jalisco y sus municipios en eventos masivo, fue presentada como una recomendación sobre el marco normativo de la actuación de las autoridades frente a los eventos masivos; fue enviada desde el 1 de octubre de este año al gobernador del Estado y a la mesa directiva del Congreso Local.

La iniciativa que ahora se encuentra en análisis en el poder Ejecutivo estatal, también ha sido criticada en Jalisco por el carácter represor de sus agregados, siendo comparada por el propio Cepad como una “ley bala” al estilo de Jalisco.

La “ley bala” fue una iniciativa del gobernador del estado de Puebla, el priista Rafael Moreno Valle, que incluía la posibilidad de usar armas de fuego como último recurso durante las manifestaciones que se dieran en esa entidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la propuesta que hoy ha sido derogada, pero que intentaba controlar el derecho a la manifestación y otorgaba facultades a la policía para usar la fuerza como le conviniera.

Con la propuesta inicial de la diputada local panista, y la ahora presentada por los organismos autónomos del estado de Jalisco, Cepad alerta que ambas son complementarias.

En ese sentido, la actuación del titular de CEDHJ es preocupante para las organizaciones civiles y el discurso demuestra la cercanía del presidente del organismo para con el poder gubernamental, como afirmó César Pérez Verónica.

“Me parece que no hay resultados positivos, por donde se le vea, al contrario  me parece que las declaraciones que ha vertido durante todo este año lo que viene a hacer es confirmar que ese organismo no defiende los derechos de la gente y que, al contrario, evidencia más su cercanía con el poder.

“Eso evidentemente no le beneficia a un estado democrático y a una sociedad que cada día se ve más atropellada, incluso atemorizada, por quien debería de cuidarlos”, sentenció Pérez Verónica, director de Cepad.