Justo en este momento histórico, cuando el crimen organizado busca ocultar grandes cantidades de dinero en efectivo, hay denuncias y reportes de operadores de campaña sobre la compra de votos.
Hoy de nada sirve que las instituciones electorales federales y estatales, los intelectuales, analistas y políticos, lleven meses previendo y pidiendo que el dinero del narcotráfico no llegue a las campañas.
Porque no existe ningún control sobre el efectivo que los partidos políticos reparten a promotores del voto, delegados y jueces auxiliares.
Incluso, no hay candados sobre el dinero que invirtieron en soldaditos de cartón, en menciones en noticieros televisivos, o en entrevistas y espacios pagados en medios de comunicación electrónicos.
Cash que algunos medios electrónicos como Televisa en la Ciudad de México, facturaron como “menciones” o “coberturas especiales”.
Sencillamente, es el dinero que los partidos o candidatos no reportan a las autoridades electorales.
Que tampoco puede ser rastreado porque es repartido entre miles de promotores del voto que el 1 de julio movilizarán y acarrearán a otros miles de electores a las urnas.
Es un esquema de redes para que finalmente el sufragio sea comprometido con algún aspirante a un cargo de elección.
Pero es dinero que no solamente estaría corrompiendo el voto, a los comicios, a la democracia.
También tiene un origen oscuro, que nadie puede explicar y que pudo ya comprometer al candidato que recibió ese efectivo, y que posteriormente éste lo repartió entre sus promotores del voto.
En pocas palabras, son dos vías con las que este cash pervierte los comicios locales y federales en Nuevo León.
Estaría corrompiendo tanto a electores, como a candidatos.
Porque si el crimen organizado entrega cantidades en efectivo a un candidato, del partido que sea, estaría asegurando también un favor a futuro para su grupo criminal.
Un compromiso del candidato que recibió el dinero.
Como negocios para lavar dinero, por ejemplo la asignación a una constructora específica para que realice obra pública, o la apertura de antros con permisos municipales de venta de alcohol.
O también posiciones dentro de alguna administración municipal.
Y para muestra de cómo operan los grupos de la delincuencia organizada, solamente hay que recordar que la Marina detuvo en marzo de 2010 a Rogelio González Heredia, que era el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Monterrey.
Lo acusaron de estar vinculado a Los Zetas y de dirigir una serie de extorsiones a bares y antros.
Luego, en junio de ese año, también la Marina detuvo a Francisco Martínez Cárdenas, hijo del ex gobernador priista Alfonso Martínez, presuntamente por cobrar derecho de piso a los antros dentro del municipio de San Pedro.
Según la acusación, Martínez Cárdenas, quien también había trabajado como director de Inspección y Vigilancia en el Municipio de Monterrey, cobraba el dinero y luego lo entregaba a un grupo de la delincuencia organizada.
Así que el dinero que hoy está en las calles para promoción del voto, puede tener una cobranza a futuro para cuando un candidato llegue al cargo.
Y es que para este 1 de julio apareció como un fantasma del pasado la compra de votos.
Una vieja estrategia que parecía haber dejado muy atrás el electorado nuevoleonés, que ya habría saltado al escalón del voto libre y secreto.
Pero esta involución electoral tiene culpables, son los políticos que por más que pase el tiempo continúan con las primitivas prácticas de la compra de votos para seguir saltando de un puesto a otro.
Quizás no con la misma metodología de antes, cuando con un desayuno y una despensa compraban el sufragio, pero sí con dinero en efectivo, cash sin un claro origen.
NO SABEN CÓMO OCULTAR EL EFECTIVO
No es necesario remitirse a las investigaciones por lavado de dinero contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington, o Eugenio Hernández.
Hace dos semanas una investigación de la DEA y del FBI puso a Monterrey como el trampolín del lavado de dinero para Los Zetas, con la compra de caballos pura sangre en el suroeste de Estados Unidos.
Es la prueba documental más contundente de que el crimen organizado utiliza a Monterrey como una lavandería.
Se trató de la investigación que llevó a la detención de José Treviño Morales, hermano del segundo de a bordo de Los Zetas, de Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z-40”.
La averiguación, en poder de Reporte Indigo, contiene la declaración en una Corte estadounidense del agente especial investigador del FBI, Jason R. Preece.
En ella, Preece dice que varias casas de cambio en Monterrey fueron utilizadas para el lavado de dinero.
Según la declaración, Los Zetas enviaban el dinero en efectivo a Monterrey en el compartimiento secreto de vehículos, porque al ser grandes cantidades en cash, éste inmediatamente levantaría sospechas.
También, Peerce declaró ante la Corte que en varias ocasiones transportaron el dinero en efectivo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y esa ciudad fronteriza es el bastión de Los Zetas en ese estado, debido a que desde Reynosa hasta Matamoros es tierra controlada por El Cártel del Golfo.
El documento indica que el mismo Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” y su hermano Óscar Omar Treviño Morales “Z-42”, enviaban el dinero a la capital regia para lavarlo, porque sus ingresos son casi en su totalidad en efectivo.
Una vez que llegaba a Monterrey, utilizaban casas de cambio para hacer transferencias de dinero a cuentas en Estados Unidos.
Luego el dinero era destinado a la compra de caballos cuarto de milla en el suroeste de Estados Unidos.
Entonces ¿quién podrá saber cuál es el origen del dinero que hoy acusan mutuamente los candidatos, está en las calles de Monterrey para la operación de estructuras este 1 de julio?
