La crisis forense que dejaron las anteriores administraciones sigue siendo objeto de polémica, ya que se han comprobado violaciones a los derechos humanos de las víctimas por el mal manejo de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, realidad que se dio a conocer durante la administración de Aristóteles Sandoval.
El controversial caso, nombrado por los medios de comunicación como el ‘tráiler de la muerte’, provocó que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitiera su recomendación 10/2019, en donde una de las primeras sugerencias al Ejecutivo local es que se realice una disculpa pública como parte integral de los mecanismos de reparación del daño que deben asumir las autoridades.
“Como medida de satisfacción de la reparación del daño, a nombre de las instituciones que representan, realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las omisiones o indebida actuación por parte de servidores públicos y ofrezcan una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas, colectivos y a la comunidad en general por los hechos”, se lee en el documento del organismo autónomo.
Inicialmente el gobernador Enrique Alfaro expresó que su administración no tenía porqué disculparse. Pero el pasado tres de junio señaló que sus declaraciones no implicaban el no acatar las recomendaciones de la CEDHJ
Un asunto institucional
“Hace unos días dije que a esta administración no le correspondía ofrecer una disculpa por ese lamentable suceso; sin embargo, eso no quiere decir que no acataremos las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que dije no significa que las instituciones del Estado no tengan que disculparse, los jaliscienses merecen una disculpa de una figura pública que no sirvió, que no cumplió y que tanto daño hizo”, respondió el gobernador a través de sus redes.
Esta recomendación iba dirigida a Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado de Jalisco; y Gustavo Quezada Esparza, director general del IJCF, por la violación del derecho al acceso a la justicia en la modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; a la igualdad, al trato digno, negativa de asistencia, a la verdad y a la reparación integral.
Pero estos señalamientos son por los actos y omisiones que se cometieron en las administraciones que les precedieron, de esa forma se trata de un asunto institucional, tal como apunta Alberto Bayardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Finalmente no se lo están pidiendo a él como un acto que se esté llevando a cabo durante su administración. Lo que le están pidiendo es que a nombre de la institución del gobierno del estado se pida la disculpa. Es una cuestión de instituciones
La oportunidad
En este sentido el académico expresa que esta recomendación y el marco de la petición de disculpa pública implica para el gobernador una oportunidad en la que demuestre y dé garantías de no repetición.
“Ahí sí puede él demostrar que, incluso como él lo dice, hay una nueva relación entre la población y el gobierno, que es la propuesta de la refundación. En ese sentido sí me parece que es una buena oportunidad, que no debería dejar pasar; aprovecharla para decir ‘miren, nosotros sí estamos dispuestos a enmendar errores del pasado’”, apuntó Bayardo.
Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la maestría en derechos humanos y paz del ITESO, coincide con esta opinión, y agrega que se trata de una de las medidas de reparación del daño que menos costos trae para las autoridades, incluso en términos políticos.
“Yo creo que políticamente era un buena chance. Colgarse una medalla de ‘yo soy distinto’ o decir ‘bajo mi liderazgo el Estado en Jalisco va a actuar de manera diferente’. Las disculpas públicas las pide el Estado, no el gobierno. Porque la responsabilidad es del Estado no del gobierno. Entonces la persona, o grupo de personas que en este momento encabezan las instituciones del Estado son a las que les toca pedir disculpas a nombre del Estado”, explicó Alejandro Anaya.
Tal como lo señala la CEDHJ y en función de las normas internacionales de la Convención Interamericana en materia de Derechos Humanos, una de las medidas que pueden asumir las autoridades frente a las violaciones graves son las disculpas públicas
Estas disculpas están mediadas por actos públicos en donde se reconoce la responsabilidad del Estado, pero también se emiten medidas reparativas que mejoren las condiciones de la autoridad que no cumplió con su deber, como ocurre con el IJCF, donde se admitió la insuficiencia humana y operativa para dar cumplimiento con el resguardo del alto número de cuerpos que llegan a sus instalaciones.
“Se entiende como un compromiso que hace el Estado de no repetición. Es de lo más normal que como parte de las medidas de reparación se solicite que se realicen este tipo de disculpas públicas. El Estado mexicano ya lo ha hecho”, detalla Alejandro Anaya
El límite para emitir estas disculpas fue este miércoles cinco de junio, de modo que el gobernador señaló que ya se habían entregado a la autoridad oficios en los cuales su gobierno daba cumplimiento al tema
“Se entregó la disculpa institucional, ya se entregó por escrito. En los términos que nos lo pidieron fue la respuesta”, respondió Enrique Alfaro ante medios locales.
