Diputados del Congreso local llegarán a la Primera Sesión Ordinaria del segundo año legislativo bajo el peso de interponer una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por el desvío de recursos durante la recopilación de firmas para su candidatura independiente a la Presidencia.
Los legisladores, que inician sus labores legislativas el domingo, tendrán hasta el 20 de diciembre para decidir si aplican una advertencia, amonestación, multa o, en el peor de los casos para “El Bronco”, su destitución.
En próximas semanas la ciudadanía de Nuevo León será testigo de una pugna entre bancadas por definir el castigo, debido a que cada una ha propuesto una sanción distinta.
El 21 de junio de 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso aplicar un castigo al mandatario estatal, y pasó más de un año sin que esta sentencia se hiciera efectiva.
Fue hasta que Samuel García, senador por Nuevo León, interpuso un recurso ante la Sala Regional del TEPJF para que instara al Congreso local a imponer la sanción pendiente.
Las sanciones que podrían imponerse al gobernador van desde una advertencia o una multa hasta su destitución
El pasado 1 de agosto, el legislador de Movimiento Ciudadano entregó la resolución de dicho recurso a la Oficialía de Partes del Legislativo local para agilizar el proceso.
“Ese es el escrito que vengo a dejar al Congreso, adjuntando la sentencia para decirles que no hay vuelta de hoja. La ley es clara: Queremos que se respete la sentencia, se aplique el Estado de Derecho y se aplique la ley”, expresó el senador.
Ante esto, la bancada local emecista, a cargo de Luis Donaldo Colosio Riojas, presiona para que el veredicto sea resuelto antes del 20 de diciembre, pues pretende que esta decisión sobre Jaime Rodríguez no interfiera con la negociación del paquete presupuestario estatal para el 2020.
El grupo legislativo de MC quiere que Jaime Rodríguez sea removido de su cargo por haber desviado recursos hacia su campaña como independiente al cargo político más importante del país, aunque en el Congreso los otros grupos parlamentarios no buscan un castigo tan drástico.
El partido naranja deberá conseguir reunir 22 votos de las 42 curules para destituir al jefe del Ejecutivo estatal.
El respaldo de MC hacia el senador García, impulsor de la destitución, ha tomado un sentido más estratégico para posicionarse en la renovación de la gubernatura en 2021, debido a que ya suena como posible candidato.
Lo anterior ocasionó que el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dejara clara su postura sobre la agenda electoral del senador de MC, al señalar que el Congreso no seguirá ese juego.
“Ningún funcionario que no esté en el Congreso local puede marcar la agenda legislativa”, dijo el panista. En tanto, el equipo jurídico del Congreso aún está en un análisis jurídico y legislativo para definir el rumbo que seguirán los diputados para hacer efectiva la sentencia del Tribunal Electoral federal.
Leyes pendientes para el segundo año legislativo
Los legisladores del Congreso local también llegarán con el pendiente de aprobar varias iniciativas que se han quedado varadas en las diferentes comisiones, además de negociar el presupuesto del Gobierno del Estado para el próximo año.
Se trata de la Ley de Movilidad, de Hacienda y la de Bienestar Animal, que tendrían que ser sesionadas antes de que acabe este año.
Pero la Ley de Movilidad, que cuenta con cuatro iniciativas propuestas por el PAN, Morena, el Gobierno del Estado y organizaciones civiles, podría no transitar.
Y es que existe un choque entre los grupos legislativos de Morena y el PAN por cuál dictamen se debe tomar como base para elaborar un anteproyecto para esta Ley.
Reporte Índigo adelantó que la Comisión de Desarrollo Metropolitano, cuyo presidente es el diputado del PAN, Jesús Nava, y la Comisión de Desarrollo Urbano, a cargo de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, emprenden un frente para consolidar la iniciativa albiazul.
Sin embargo, la diputada de Morena, Julia Espinosa de los Monteros, presidenta de la Comisión del Transporte, trabaja por su cuenta un proyecto con ideales muy distintos a los que proponen sus otros dos compañeros del Poder Legislativo.
Estos órganos pertenecen a las Comisiones Unidas, que es donde se aterrizara el anteproyecto de esta Ley.
Por otro lado, la Ley de Protección y Bienestar Animal fue aprobada el pasado 11 de junio en la Comisión de Medio Ambiente, cuya presidenta es Ivonne Bustos Paredes, pero aún falta que pase al Pleno para que sea avalada.
Este reglamento contempla la prohibición de animales de carga en la zona metropolitana, la venta en casas particulares, las denuncias vía telefónica de maltrato animal, un registro y que las mascotas de asistencia puedan entrar a entes de los tres niveles de gobierno y todo espacio que no sean viviendas particulares.
Pero está también la discusión por el próximo presupuesto estatal, que tendría que enviar el Gobierno al Poder Legislativo para su análisis.
