El rezago carcelario

El enfrentamiento que cobró la vida de 49 personas en el Penal del Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, dejó al descubierto la necesidad de una reforma que mejore las condiciones de las cárceles en el país.

No sólo ocurre en cárceles locales. Los penales federales también fallan en sus sistemas de gobierno.

La doble fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán pintó de cuerpo entero al sistema penitenciario del país.

Problemas como el hacinamiento, corrupción, gobierno interno, escaso respeto a los derechos humanos y continuos incidentes de seguridad son algunas de las características de las prisiones mexicanas.

Ante la incapacidad del Estado en el manejo de las prisiones, en el gobierno de Felipe Calderón se estrenó un nuevo modelo de participación privada.

Aun así, los incidentes son cosa de todos los días.

Desde el Senado y con la ayuda de especialistas y organizaciones civiles, se gesta una reforma legal que podría mejorar las condiciones de los derechos humanos en las prisiones, para que dejen de ser centros de formación del crimen o instalaciones de exterminio.

Desde el 2013, en la Cámara alta está pendiente la aprobación de la Ley de Ejecución Penal, que regirá la vida en las prisiones del país en busca de mejorar la gobernabilidad de las cárceles, pero la Secretaría de Gobernación ha detenido el avance de la ley.

Diagnóstico: un desastre

Hacer un diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario en el país es todo, menos alentador.

Esto ocurre a pesar de que el presupuesto que se le asigna aumenta exponencialmente año con año.

En el 2002, el presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) era de mil 662 millones 475 mil pesos. Para el 2015 sus recursos alcanzaron los 20 mil 118 millones 683 mil pesos.

A esos recursos se suman los que gobiernos locales destinan cada año para el funcionamiento de las prisiones que están a su cargo.

En México operan 17 Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) –entre los que se encuentra el penal de las Islas Marías-; de ellos, seis fueron construidos y son operados bajo un esquema de colaboración con particulares.

A ellos se suman 405 Centros de Readaptación Social (Cereso), manejados por el gobierno de la Ciudad de México (11); los gobiernos estatales (303); y los gobiernos municipales (91).

A octubre del 2015, según cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Gobernación, la población total penitenciaria era de 251 mil 512 personas.

De ellos, 203 mil 226 corresponden al fuero común; 48 mil 286 son del fuero federal.

La sobrepoblación, de acuerdo a la Segob, es de 45 mil 140 personas en 194 centros penitenciarios. Es el principal problema que enfrentan las prisiones en México.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 2014 ocurrieron mil 737 incidentes dentro de los penales, la mayoría en centros de reinserción social de los estados.

Lo más común en los penales son las riñas, con un total de mil 435; pero también se dan suicidios, abusos y homicidios.

En su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, la CNDH documenta que el principal problema de los centros de reclusión es que no hay separación entre personas procesadas y sentenciadas, lo que se detectó en 115 cárceles.

En 101 hay insuficiente personal de custodia; y en 99 no cuentan con programas contra las adicciones.

La organización México Evalúa, documentó en el 2013 la situación del sistema penitenciario del país en su estudio “La cárcel en México, ¿para qué?”, donde señala que otro de los problemas del sistema penitenciario es la ingobernabilidad.

“El crecimiento de la población en los penales ha llevado a que exista un mayor número de internos por funcionario penitenciario. Así, no debe sorprendernos que la gobernabilidad de la cárcel no esté en manos del Estado, sino de algunos internos”, subraya el reporte.

El informe cita los casos del motín en el penal de Apodaca, Nuevo León, en febrero del 2012, que dejó un saldo de 44 muertos y 37 reos fugados; la consignación del entonces jefe de custodios de la cárcel de Puerto Peñasco, Sonora, por posesión de drogas con fines de venta; y la salida de cinco reos del penal de Hermosillo sin haber cumplido su condena, “porque 12 funcionarios aceptaron un soborno de cerca de un millón de pesos para dejarlos ir”.

“Las precarias condiciones de vida y de funcionamiento de las cárceles, permiten a los grupos criminales internados crear un sistema de autogobierno dentro de los mismos penales”, sostiene México Evalúa.

Esas condiciones y el aumento exponencial en el número de detenidos, derivado de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, llevó a que el gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón comenzara un plan para construir y operar cárceles con participación privada.

Operan así los Ceferesos 11, en Hermosillo, Sonora; 12, en Ocampo, Guanajuato; 13, en Mihuatlán, Oaxaca; 14, en el Ejido 6 de Octubre, en Durango; 15, en Villa Comaltitlán, Chiapas; y 16, en Coatlán del Río, Morelos.

De los penales construidos por empresas privadas, aquellos que operan bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicio (CPS), el que tiene más conflictos es el de Guanajuato, en el municipio de Ocampo.

Ahí, 444 reos han formado parte en 186 riñas desde su puesta en marcha, en octubre del 2012, hasta diciembre del 2014.

El motín en el Penal de Topo Chico, en Nuevo León, se inscribe como el que más víctimas ha cobrado en la historia carcelaria del país.

La nueva Ley, en un impasse

Junto con académicos y organizaciones civiles, senadores de todos los partidos trabajan en la expedición de la Ley de Ejecución Penal, que pretende poner las bases para una transformación en el enfoque del gobierno y organización de las prisiones en todo el país.

Buscan proteger y garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad.

Una de las innovaciones de esta Ley es que instituye la figura de los jueces especializados en ejecución penal.

Un juez de ejecución penal tiene funciones de vigilancia; estará encargado de la ejecución de las penas y las medidas de seguridad que se tienen para ese propósito.

Actúa como vigilante de la legalidad y de control de la actividad penitenciaria; la idea es que garantice los derechos de los internos y pueda tener injerencia para corregir los abusos que tengan las autoridades de las prisiones.

Actualmente, la ejecución de las penas a los presos está completamente en manos del Poder Ejecutivo. Con esta reforma, la atribución será ahora del Poder Judicial.

La idea es que, con condiciones más apegadas a la legalidad y una vigilancia de los derechos humanos al interior de la prisión, mejoren las condiciones de gobernabilidad en los penales y se coadyuve a una verdadera readaptación de las personas internas.

Este nuevo esquema ha causado escozor en el Gobierno federal, que ha propuesto hacer modificaciones al más reciente borrador de la Ley porque ve mermado su poder de acción al interior de la prisión.

En un documento de observaciones entregado por la Secretaría de Gobernación al Senado, del que Reporte Indigo posee copia, el Ejecutivo afirma que la injerencia de los jueces de ejecución en algunas tareas específicas puede “impactar de manera negativa la operación de un Centro”.

“Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todos los internos que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. 

“El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia de las partes”, señala el proyecto de dictamen más reciente de la Ley de Ejecución Penal en su artículo 118.

En un documento con observaciones, el Gobierno de la República sugiere que ese artículo sea eliminado, y justifica:

“El juez de ejecución no es un sujeto procesal que deba encargarse de realizar funciones de política pública, siendo esta una de las atribuciones que por antonomasia le corresponden a los órganos que dependen del Ejecutivo (…).

“Por lo que respecta a los efectos generales de la sentencia, se precisa que ello pudiera impactar de manera negativa en la operación de un Centro, pues si bien es cierto que las condiciones de internamiento pudieran resultar violatorias de derechos humanos, bajo ciertas condiciones, igualmente cierto es que la autoridad jurisdiccional debe revisar caso por caso (…) no es viable que una sentencia tenga efectos generales”, señala el Ejecutivo en su sugerencia de redacción.

Para Miguel Sarre, académico del ITAM, defensor de derechos humanos y uno de los impulsores de esta Ley, el sector del Gobierno federal que tiene a su cargo la administración carcelaria no quiere ceder sus espacios en el control de las prisione.

Y por eso se niegan a que haya un juez coadyuvando en la labor de ejecución de penas.

“(Esto lo hacen) para seguir con el margen de maniobra y los espacios de corrupción maravillosos que ofrece un sistema sin control. Es una mina, es un espacio de corrupción.

“A nadie le gusta que le pongan controles y vienen con todo el cuento de la seguridad, pero para evitar esos controles y seguir ellos manejando los traslados, seguir manejando los beneficios de ley, y todo ese mundo que es opaco y donde hay mucho dinero de por medio”, acusó Sarre.

La Ley de Ejecución Penal ha estado trabajándose en el Senado desde noviembre del 2013, cuando la iniciativa fue presentada en conjunto por senadores del PRI, el PAN y el PRD.

Hasta diciembre pasado, ya se tenía listo el proyecto de dictamen que sería votado en el pleno; sin embargo, 28 observaciones del Gobierno federal, donde se pretende matizar la injerencia de los jueces y otras figuras en las prisiones, han detenido su avance.

Fuentes del Senado señalaron que aunque el documento de observaciones está titulado como “Temas sensibles para el Gobierno de la República”, la realidad es que el pliego fue concebido en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dirigido por Eduardo Guerrero Durán. El OADPRS tiene el monopolio de la ejecución penal federal en el país, tarea que realiza sin supervisión alguna.

“Tal parece que desde el Órgano Desconcentrado están frenando esta Ley porque quieren seguir con sus tropelías y la corrupción; no quieren que nadie meta las manos en su reino, pero hay que verlo directamente con el secretario de Gobernación porque puede ser que los del Órgano estén dando argumentos tramposos al propio secretario, por conveniencia”, dijo un senador del PRI cercano a la negociación de la nueva Ley.

La iniciativa de expedición de la Ley de Ejecución Penal está siendo estudiada por las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, del Senado.

Otros enfoques

En el Poder Legislativo no han faltado los esfuerzos por cambiar el rostro del sistema penitenciario mexicano.

Uno de ellos fue el encabezado por María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada del PRI en la LXI Legislatura, que propuso en el 2011 que la federación se hiciera cargo de todos los gastos de manutención de los reos federales que cumplían sus penas en cárceles estatales.

“Por ejemplo, en Nuevo León el costo diario de manutención de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo la aportación federal es de tan solo 50 pesos, lo cual evidencia el esfuerzo que tienen que realizar las entidades federativas para solventar los gastos de una responsabilidad que es evidentemente de la federación”, justificaba la legisladora.

La propuesta se perdió en la congeladora de la Cámara de Diputados; las comisiones no la dictaminaron a tiempo y quedó en el olvido.

Otra propuesta importante fue la presentada por el entonces senador Manuel Velasco Coello, del PVEM, en el 2009, que proponía que para evitar la corrupción en los penales se obligaría a todos los custodios y autoridades carcelarias a someterse a pruebas de control de confianza. También fue desechada.

En el 2010, el entonces senador Ricardo Monreal Ávila propuso que la CNDH elaborara un diagnóstico anual vinculatorio de la situación en las prisiones, además de que debía colaborar en la elaboración de políticas públicas del sistema penitenciario. La propuesta fue desechada.

En el 2014, la senadora Layda Sansores presentó una iniciativa para establecer por ley que la readaptación social de las personas sentenciadas se basará en el respeto a los derechos humanos, la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte. También fue a la congeladora. 

Masacres en cárceles

> 11 de Febrero de 2016
Penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León

La versión oficial asegura que una disputa provocada entre líderes del Cártel de Los Zetas y el Cártel del Golfo dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos.

> 27 de abril de 2013
Penal de ‘La Pila’ en San Luis Potosí 

13 muertos y al menos 65 heridos fue el resultado de una riña entre dos grupos del crimen organizado.

> 18 de diciembre de 2012
Centro de Reinserción Social 2 en Gómez Palacio, Durango

Un total de 15 presos y 9 custodios del penal murieron después de un motín y un intento de fuga.

> 19 de febrero de 2012
Penal de Apodaca en Nuevo León

Tras un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada, el Cártel del Golfo y Cártel de Los Zetas, por el control del penal murieron 44 reclusos y 37 más se dieron a la fuga. 

> 15 de octubre de 2011
Penal de Matamoros, Tamaulipas

Durante una riña en este penal, cercano a la frontera con Estados Unidos, murieron 20 internos, además hubo 12 lesionados. 

> 25 de julio de 2011
Penal municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua

En un tiroteo entre bandas rivales de los Aztecas y los Mexicles, brazos armados de los cárteles de La Línea y Sinaloa, el saldo fue de 27 reos muertos y 20 heridos.

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> Cambios relajan seguridad Por INDIGO STAFF