El ring legislativo

El Poder Legislativo mexicano se convirtió en arena política para el desarrollo de las campañas electorales.

Lejos de enfocarse totalmente a sus tareas legislativas, diputados y senadores entraron al ring de la batalla electoral para intentar ganar votos para los candidatos de sus partidos y denostar a sus oponentes.

En algunos casos, incluso, utilizan su poder como legisladores federales para presentar denuncias o pedir a las autoridades federales o estatales que revisen la actuación de gobiernos y acciones, con meros fines electorales.

Legisladores de todos los partidos llevan hasta la tribuna de la Cámara de Diputados o el Senado sus denuncias y posicionamientos sobre temas que tocan lo electoral.

Una prueba será la discusión que este miércoles ocurrirá en la Comisión Permanente, hasta donde llegará el caso de las supuestas mansiones con las que cuenta Javier Gándara, candidato del PAN a la gubernatura de Sonora.

Esta propuesta de discusión será llevada a la tribuna por el PRI y el PVEM. No ha sido la primera vez que los legisladores entran al tema electoral.

Aprovechan los reflectores 

Gracias a la exposición mediática que tienen, diputados y senadores aprovechan su lugar en el Poder Legislativo para evidenciar situaciones que no les convienen electoralmente a ellos y sus partidos.

Los legisladores aprovechan los reflectores que los acompañan para hacer denuncias verbales y judiciales.

Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, presentó a mediados de abril una denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable por la presunta utilización de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Tamaulipas.

La denuncia hecha contra la Sedesol, que se encuentra bajo la batuta de Rosario Robles, ocurrió luego de que se detectara que vehículos rotulados de la Secretaría repartían alimentos del programa “Sin Hambre” a locales comerciales y restaurantes.

Además, en un video, se mostró que vehículos de lujo recogían alimentos de almacenes de la Sedesol, cuando supuestamente deben ser otorgados a familias de escasos recursos.

Otro panista, el diputado Juan Bueno Torio, denunció también un presunto desvío de recursos por más de 800 millones de pesos en diversos programas de la Sedesol.

El legislador por Veracruz acusó que funcionarios de la Sedesol falsifican las firmas de los beneficiarios de los programas sociales y desviar esos recursos para fines electorales.

El senador Alejandro Encinas, quien es parte de la bancada del PRD en la Cámara Alta, denunció que el delegado de Sedesol en Veracruz, Marcelo Montiel, presuntamente ha desviado unos 500 millones de pesos para apoyar a candidatos del PRI en esa entidad.

Encinas reveló el 28 de abril pasado que a mediados de ese mes le fue enviado, de forma anónima, un sobre con documentos y testimonios donde se comprueba el desvío de recursos de programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Jornaleros Agrícolas, 3×1 para Migrantes y el Programa de Empleo Temporal.

“Existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político”, acusó Encinas.

Puso como ejemplo que de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros, solo dos millones habían llegado a los beneficiarios. Los otros seis fueron desviados a campañas electorales.

Este tema llegó hasta el pleno de la Cámara de Diputados. La última semana de abril, última también del periodo ordinario de sesiones, diputados del PAN y el PRD se unieron con pancartas con la leyenda “Sedesol, mapaches del PRI”.

Incluso, en una de las últimas sesiones en San Lázaro, el PRD pidió la renuncia de Rosario Robles Berlanga a la Sedesol por permitir el uso electoral de recursos.

A todas las acusaciones, Robles ha guardado silencio.

Desde el Congreso se arropan candidatos

Ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han convertido en una plataforma para evidenciar a los oponentes políticos y arropar a los candidatos propios. Es una lucha de todos contra todos.

Jorge Luis Preciado, senador con licencia y candidato  la gubernatura de Colima, desde la Cámara Alta, él y sus compañeros denunciaron que el gobierno estatal de Colima, encabezado por el priista Mario Anguiano, ha tratado de boicotear a las brigadas que hacen campaña electoral a favor del PAN.

Incluso, los senadores y su candidato se declararon el “alerta máxima” a finales de abril por la supuesta intervención del gobierno estatal a favor del priista Ignacio Peralta.

“Que le quede bien claro al gobernador de Colima (Mario Anguiano): los senadores de Acción Nacional no le vamos a permitir intromisión alguna en el proceso electoral, que los ciudadanos colimenses se manifiesten”, advirtió Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN en el Senado.

El PRI no se quedó callado. En el caso de Colima, el tricolor acusó que el PAN ha repartido miles de tarjetas como una forma de comprar votos.

Arturo Zamora, senador del PRI, denunció que Preciado ha repartido miles de tarjetas en diferentes comunidades de Colima con la promesa de que obtendrán beneficios sociales a través de ellas, una vez que gane la elección.

Para otorgar la tarjeta, los panistas pidieron a los ciudadanos algunos datos de su credencial de elector, lo que constituye una falta, argumentaron los priistas.

Todos estos dimes y diretes ocurrieron en conferencias de prensa, donde los legisladores de todos los partidos tienen amplio acceso a la prensa nacional.

Quien también acudió al Senado para buscar el arropo de su bancada es Francisco Domínguez, senador con licencia del PAN y candidato a la gubernatura de Querétaro.

Esto, luego de que el PRI acusara que en su declaración patrimonial, Domínguez había omitido declarar un rancho de su propiedad.

El candidato acudió al Senado, donde de inmediato los legisladores del albiazul lo protegieron contra lo que acusaron era una guerra sucia.

Pero ahí no terminaría la historia para Domínguez. Días después, el PRI lo denunciaría a él y a Carlos Mendoza Davis, candidato a la gubernatura de Baja California Sur, por una grabación en la que supuestamente se escucha a ambos candidatos hablar sobre dinero que consiguieron de una persona.

En defensa de Mendoza Davis apareció el senador panista Juan Alejandro Fernández, su suplente, quien presentó un punto de acuerdo para que la PGR investigue los “delitos en materia de vías de comunicación” que se cometieron contra estos candidatos.

El argumento del legislador es que las grabaciones fueron hechas de forma ilegal, por lo que constituyen un delito por sí mismas.

La arena de los debates

En San Lázaro, los senadores aprovechan el Pleno para acusar y señalar las irregularidades de  las campañas políticas

En San Lázaro, el debate de los diputados también se enfoca a la discusión por otros temas electorales, que van desde la propaganda hasta los spots de los partidos políticos.

En el pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores aprovechan cada oportunidad que tienen para tomar el uso de la palabra y denunciar lo que para ellos es una irregularidad.

Ocurrió así cuando, a principios de abril, la perredista Julisa Mejía acusó al PVEM de haber mandado una tarjeta personalizada de descuentos a su domicilio, a pesar de que ella pertenece al PRD.

Además de la denuncia verbal, Mejía realizó una denuncia por el envío de las tarjetas y el uso indebido de datos personales.

Los diputados continuaron realizando denuncias y peticiones a las autoridades para mantenerse alejados de las elecciones, hasta el último día del periodo ordinario.

Legisladores de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, saltaron en el pleno a la defensa de la candidatura de Marcelo Ebrard, que le fue retirada por el Tribunal Electoral.

El PRI y el PVEM acusaron que se han llevado a cabo actos de misoginia contra Claudia Pavlovich, su candidata a la gubernatura de Sonora, por toda la “campaña sucia” que se ha orquestado en su contra.

Parte de esa llamada campaña sucia tiene que ver con el uso del avión particular y las grabaciones donde se le acusa de haber pedido un “moche” a un empresario para quien logró un beneficio económico del estado.

Las acusaciones de misoginia fueron realizadas contra el PAN, bancada que negó los hechos y dejó claro que, no por ser mujer, se debían omitir investigaciones por presuntos actos indebidos.

Las acusaciones contra Pavlovich también fueron tocadas por los senadores.

Laura Rojas, senadora por el PAN, promovió un punto de acuerdo a nombre de los senadores del blanquiazul para que se investigara y sancionara a los funcionarios que estuvieron involucrados en la supuesta negociación de obras para empresarios amigos de Claudia Pavlovich.

Las grabaciones donde se escucha a Pavlovich hablar de las negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron reveladas como parte del golpeteo electoral.

Los senadores priistas respondieron con un punto de acuerdo para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitiera un informe sobre el supuesto “perdón” fiscal que se otorgó a Javier Gándara, candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, por más de 14 millones de pesos.

Las posturas en el Congreso también han servido para reclamar la acción de las autoridades electorales.

La bancada del PRD, por ejemplo, ha llamado a que el INE sea imparcial. Otros grupos parlamentarios, como el PAN, se han pronunciado por que el árbitro electoral sea consecuente y aplique la ley sin tolerancias en casos, por ejemplo, como las constantes violaciones a la legislación electoral del PVEM.