El país enfrenta su peor crisis de inseguridad y violencia. El primer semestre de 2019 ya es considerado el más violento del que se tenga registro.
Los datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre enero y junio de este año se cometieron 17 mil 138 homicidios dolosos; esto indica un incremento del 5 por ciento de casos en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando se tuvo registro de 16 mil 288 víctimas.
Organizaciones de la sociedad civil enfocadas al tema de inseguridad y empresarial expresan su preocupación sobre el aumento de delitos como el homicidio y la extorsión, e indican que es necesaria la coordinación de fuerzas federales con policías estatales y municipales para detener este incremento.
También sugieren dar prisa a la aprobación de iniciativas en el Congreso de la Unión que se dirijan a la regulación de las drogas, con el fin de arrebatarle el mercado a la delincuencia organizada, a la cual atribuyen la mayoría de las ejecuciones que ocurren en el país.
Según el informe de la organización Semáforo Delictivo, correspondiente al segundo trimestre de este año, no solo los asesinatos tuvieron un repunte, la extorsión se elevó 35 por ciento, la violación 12 por ciento, el robo a negocio 11 por ciento, el feminicidio 9 por ciento y el secuestro un 2 por ciento.
Estrategia contra inseguridad, todavía sin resultados
En su conferencia matutina del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció el aumento de homicidios en el país y aseguró que 10 estados alteran las cifras de este delito, debido a que concentran los mayores niveles de violencia.
“Hay 10 estados que son los que nos alteran el promedio de homicidios, entre otros delitos”, expresó el jefe del Ejecutivo, quien mencionó a Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México y Veracruz, entre los que se encuentran en la lista de los más violentos.
“Les puedo decir que así como no hemos podido bajar la incidencia de homicidios, sí hemos bajado considerablemente el robo de vehículo, ahí sí ha habido una disminución; que son los dos delitos que nos sirven más para saber cómo vamos, porque en esos delitos no hay cifra negra”, agregó el presidente.
El Gobierno federal apuesta porque la recién creada Guardia Nacional contenga la violencia que impera en la mayoría del territorio nacional.
El pasado 30 de junio, la Guardia inició sus funciones con 52 mil elementos dispersos de manera estratégica en 150 regiones.
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, aseguró que entre el 80 y 90 por ciento de las ejecuciones que ocurren en el país están ligadas al crimen organizado. Y que aún con la creación de la Guardia Nacional, el problema de la inseguridad no va a detenerse hasta que se promuevan leyes de regulación de drogas como estrategia de paz.
El director de Semáforo Delictivo aseguró que con la regulación del consumo y venta de estupefacientes se le quitaría el dominio de este mercado ilegal a los carteles y con ello se disminuirían las disputas que se dan por control territorial, principalmente.
Roel explicó también que espera que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en septiembre, se abra la discusión sobre este tema, no solo para regular la mariguana, sino que se tomen en cuenta otras drogas.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó un posicionamiento en el que expone su preocupación debido a que no se aprecia un acoplamiento entre las policías locales y autoridades federales para reducir el problema de la violencia, aun cuando reiteró su apoyo a la Guardia Nacional.
“No existe hoy una fecha de implementación para las unidades de inteligencia y lavado de dinero y además no se percibe, aún, una estrategia de coordinación con las policías de las entidades federativas”, se lee en el documento difundido por la Coparmex.
Este organismo empresarial criticó que la Guardia Nacional tiene fallas en su implementación, principalmente porque el reclutamiento de nuevos elementos no se está dando con la celeridad necesaria, además de que cuestionó que el Gobierno federal haya reducido en un 20 por ciento el presupuesto para seguridad y justicia en este año.
“Si comparamos este gasto con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, del que México forma parte, aquí se destina a seguridad y justicia aproximadamente la mitad del promedio de los países de esa organización”, agregó la Confederación.
De acuerdo con el documento, el presupuesto para seguridad y justicia de este 2019 asciende a 101.5 mil millones de pesos, equivalente al 0.41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 0.81 por ciento del PIB para estas tareas.