El silencio de la Procuraduría

La Procuraduría General de Justicia capitalina dejó en manos del Gobierno del DF el “control de daños” del incidente en Ciudad Universitaria, en el que agentes policiacos o ministeriales dispararon en el campus, violando la autonomía universitaria.

El hecho, que ocurrió cuando el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa aún no reaparecía públicamente después de la operación a corazón abierto, ocasionó un conflicto al interior del gabinete.

Y también una llamada de atención del Gobierno Federal, en voz del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien calificó de imprudente la acción de los agentes de la Procuraduría. Las secuelas aún no terminan.

El procurador de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos, fue relegado. 

Quien salió a dar explicaciones de lo ocurrido en la UNAM fue el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, quien durante la ausencia de Mancera se supo posicionar como el segundo hombre más poderoso del DF.

El procurador Rodolfo Ríos se limitó a aparecer en aquella conferencia de prensa en la que Serrano Cortés ofreció disculpas a las autoridades y comunidad de la UNAM, pero se mantuvo en absoluto silencio.

Procuraduría delega funciones

Esta casa editorial solicitó información relacionada con el incidente de Ciudad Universitaria de manera oficial al área de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia local.

Se le pidió precisar el convenio de colaboración entre la UNAM y la PGJDF, mediante el cual se puso en marcha la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad Universitaria (AMPEACU) en territorio de CU.

Asimismo la estadística oficial de las averiguaciones previas que inicia el personal de esta agencia en atención a la comunidad universitaria de la UNAM.

La respuesta fue simple: toda la información relacionada con el caso estaba controlada por el Gobierno del DF, pese a que la información de la agencias del Ministerio Público es exclusividad de la institución que encabeza el procurador Ríos.

Y es que aunque las barricadas que impedían desde el sábado el acceso a Ciudad Universitaria ya fueron retiradas, el ambiente en este sector de estudiantes que ocupan el auditorio Che Guevara sigue siendo hostil.

El problema de los disparos efectuados en Ciudad Universitaria también generó inconformidad entre los policías de Investigación de la PGJDF, quienes reclaman que el personal del MP y sus compañeros agentes están autorizados para atender y combatir los delitos dentro de la UNAM.

La queja de algunos de estos policías de Investigación, antes policías judiciales, hicieron eco entre algunos activistas, quienes lanzaron un reclamo público al GDF por sancionar a sus policías por atender una denuncia ciudadana.

Tal es el caso de Alejandro Martí, presidente la organización México SOS, quien escribió en su twitter:

“¿Cómo exigir a nuestros policías que hagan bien su trabajo, si en el cumplimiento de su deber arriesgan no sólo su vida, sino también su libertad?

Compañeros del policía en CU, alegan que más de 20 personas lo increparon, persiguieron y le lanzaron piedras, causándole lesiones de cráneo y nariz”, reclamó el empresario y activista.

El oficial secretario ausente

La inconformidad policiaca creció al trascender que el policía detenido por realizar disparos en CU, Luis Javier Aguiñaga Saavedra, dio negativo en la prueba de radizonato de sodio. Es decir, él no fue quien disparó.

Las miradas se centran en el oficial secretario del Ministerio Público, Rodolfo Lizárraga Rivera, quien participó ese día en el grupo de agentes y Ministerio Público que investigaba el robo de un celular dentro del perímetro de la UNAM.

Durante el enfrentamiento entre policías y estudiantes el pasado sábado 15 de noviembre, Lizárraga Rivera fue despojado de la credencial que lo acredita como personal de la Procuraduría de Justicia del DF.

Su tarjetón presenta el folio 220832 de la PGJDF y es personal adscrito a la Agencia del Ministerio Público que se ubica en las entrañas de CU, en la calle de Delfín Madrigal frente a la Facultad de Veterinaria.

Personal de la Procuraduría de Justicia busca a Lizárraga Rivera, quien desde el pasado domingo no aparece ni responde a llamados ni citatorios para que declare en torno a los hechos.

Los estudiantes y seguidores concentrados en el Auditorio Justo Sierra, conocido como Okupa Che Guevara, circularon de manera masiva en redes sociales la fotografía del tarjetón de Rodolfo Lizárraga Rivera, como uno de los policías responsables de los disparos de aquel día en el que resultaron heridos un egresado de la Facultad de Literatura y Letras y una perra que apodan “Mika”.

Reporte Indigo publicó que en octubre de 2011, el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, así como Miguel Ángel Mancera en su calidad de Procurador capitalino, abrieron una agencia del MP en el corazón de CU para atender a los estudiantes, maestros y personal de la máxima casa de estudios.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) especifica aún en su página que la agencia fue construida con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia entre la comunidad universitaria y su población flotante.

Claramente se especifica que “Su ámbito de acción son los eventos delictivos que ocurren dentro del perímetro de Ciudad Universitaria”.

Pero en estos días difíciles por los que atraviesa no sólo el país, sino también la Ciudad de México que ha sido el blanco de manifestaciones, quemas y actos vandálicos, algunos en supuesto apoyo a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, lo menos que busca el GDF y el Gobierno Federal es encender la llama de los estudiantes de la UNAM.

Por eso la estrategia de salir a ofrecer disculpas a la UNAM, tragarse el calificativo de “imprudentes” que les lanzó el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y sacrificar a sus policías.