Las dependencias federales que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, continúan sin poder articular sus acciones para combatir en conjunto el fenómeno de la corrupción en el país, por lo cual la implementación de ese modelo creado en el año de 2015 ha quedado incompleta.
Así lo concluye el estudio Sobre el Combate a la Corrupción en México. Informe País, 2020, que coordinó el especialista en esa materia, Mauricio Merino Huerta, y que fue publicado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de la Universidad de Guadalajara.
“No hay evidencia suficiente para probar que las instituciones que conforman el SNA hayan logrado romper las barreras de la fragmentación que las separa: aunque cumplieron más o menos con sus atribuciones, no articularon un sistema de intercambio de información y de experiencias ni concertaron políticas articuladas y coherentes para erradicar las causas de la corrupción más allá de sus propias órbitas de competencia”, dice el documento.
“Aunque cumplieron más o menos con sus atribuciones, no articularon un sistema de intercambio de información y de experiencias ni concertaron políticas articuladas y coherentes para erradicar las causas de la corrupción más allá de sus propias órbitas de competencia”
El equipo de investigación que encabezó Merino Huerta analizó las labores que implementaron las dependencias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, durante el periodo 2017-2021, sin embargo, su conclusión es que las instituciones no han logrado operar de manera sistémica.
“Que dado el conjunto de desviaciones observadas, la implementación del SNA no correspondió con los fines que se plasmaron en su diseño original, reproduciendo la fragmentación de esfuerzos entre las instituciones que lo conforman”.
El estudio de Merino Huerta también cuestiona el desempeño del eslabón ciudadano que tiene el Sistema: el Comité de Participación Ciudadana.
“El Comité de Participación Ciudadana no logró consolidarse como una instancia autónoma dedicada a la pedagogía pública, ni cumplió con su propósito de convocar a la sociedad para el control democrático de la autoridad”, agrega.
El estudio cuestiona el desempeño del Comité de Participación Ciudadana, el cual no logró consolidarse como una instancia autónoma dedicada a la pedagogía pública
Sistema Anticorrupción bajo lupa
Sin embargo, lo que el Informe de Merino Huerta sostiene es que el problema del Sistema Nacional Anticorrupción no reside en su diseño o concepción, sino en la implementación del marco normativo que le dio vida.
“Nuestro informe prueba, por otra parte, que México no carece de normas o de instituciones para combatir la corrupción. Por el contrario, a lo largo del Siglo XXI se han venido aprobando diversas reformas constitucionales y promulgando leyes secundarias que, en su conjunto, conforman ya un andamiaje institucional más que suficiente para honrar ese objetivo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente.
“A la luz de la evidencia que hemos reunido en este informe podemos afirmar que, para combatir la corrupción, ya no es necesario modificar las normas jurídicas que están vigentes sino cumplirlas a cabalidad: lo que ha fallado no es el diseño de las instituciones —algunas de ellas, ejemplares para el resto del mundo— sino el cumplimento de sus cometidos y la implementación de las políticas que deben atender”.
En otro apartado, el estudio complementa que pese a que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos por el resto del mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, su implementación ha fracasado.
Incumplimientos
Para evidenciar que el problema del Sistema Nacional Anticorrupción no está en su diseño, sino en su implementación, el estudio demuestra que las dependencias que lo conforman no han cumplido al 100 por ciento con sus mandatos legales.
“En el año 2020, éstas cumplieron individualmente con sus funciones básicas y rutinarias, pero relegaron las relativas a la integración, sistematización y consulta expedita de toda la información generada durante el cumplimiento de sus labores, así como las actividades de intercambio y coordinación entre ellas y sus interacciones con la sociedad”.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: los órganos y las entidades responsables de darle vida al SNA sólo alcanzaron a responder, en promedio, el 75 por ciento de sus mandatos individuales y los porcentajes de cumplimiento para el año 2020 oscilaron entre el 97.5 por ciento y el 36.3 por ciento, siendo el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) la dependencia con el mayor cumplimiento y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) el órgano con el menor porcentaje.
Con el resto de las áreas figura la Secretaría de la Función Pública, en segundo lugar de cumplimiento con el 91.9 por ciento; seguida del Consejo de la Judicatura Federal, con el 91.6 por ciento; la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), con el 87.5 por ciento; la Auditoría Superior de la Federación, con el 62.9 por ciento; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el 57.1 por ciento; y las oficinas centrales del SNA, con el 50 por ciento.
El Informe de Merino Huerta sostiene que el problema del Sistema Nacional Anticorrupción no reside en su diseño o concepción, sino en la implementación del marco normativo que le dio vida
Los castigos
En materia de sanciones, el Informe señala que el TFJA, que resuelve los casos de faltas graves, recibió 8 mil 851 expedientes (del 1 de enero de 2017 al 30 septiembre de 2021). De éstos, el TFJA ha emitido 6 mil 299 sentencias definitivas. No obstante, sólo 4 mil 960 de ellas correspondieron a sentencias de los 8 mil 851 expedientes recibidos en ese lapso, mientras que las restantes mil 339 sentencias correspondieron a procedimientos iniciados antes de 2017. Es decir, en total, hubo sentencias para el 56 por ciento de los casos incoados.
Por su parte, las carpetas de investigación por corrupción que ya están determinadas por la Fiscalía Anticorrupción (FEMCC), tienen este estatus:
“Del total de mil 793 casos reportados por la autoridad, hasta la fecha de corte de este informe la inmensa mayoría (79 por ciento) se encontraba en trámite: 354 en 2019, 491 en 2020 y 568 en 2021. Por el contrario, apenas 36, es decir, el 2 por ciento de éstos, se habían judicializado: 26 en 2019, 9 en 2020 y sólo 1 en 2021″.
75
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Según la Plataforma Digital Nacional, dice el documento, en 2020, se abrieron 32 mil 406 expedientes (de responsabilidad) pero sólo se sancionó a 30 personas servidoras públicas.
“La gran mayoría de los procedimientos de sanción no correspondieron con hechos de corrupción sino con asuntos administrativos poco relevantes”, concluye.
