El sobrecosto de Vallarta

La promesa de posicionar a Puerto Vallarta como el principal destino turístico del país le costará caro al gobernador electo de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. 

Porque en su visita reciente al destino turístico, prometió a un grupo de empresarios invertir en infraestructura del puerto para posicionarlo. 

Pero las cuentas que dejó Salvador González Reséndiz, exalcalde de Puerto Vallarta, priista cercano al gobernador electo y un posible miembro del gabinete del mismo, le dejarán un trabajo difícil.

Y es que los gastos de la administración pasada no se ven. 

Ni en el viejo edificio de la presidencia municipal de Puerto Vallarta, ni en la Unidad Municipal Administrativa (UMA), ni en el nuevo malecón, ni en las instalaciones de la policía.  

En el mercado municipal de Las Juntas, donde hoy se encuentran las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, no se ven ni las computadoras, ni los proyectores, ni las pantallas de plasma que en el papel se compraron con el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). 

Ya se derribaron las instalaciones de la Secretaría de Vialidad que estaban al lado porque tuvieron fallas técnicas en su construcción: más dinero desperdiciado. 

Además, la realidad no coincide con las cuentas de la Comisión de Adquisiciones de la administración de González Reséndiz. 

Porque de estar el puerto como se indica en las compras, no habría baches y las instalaciones del Ayuntamiento estarían en perfectas condiciones. 

Todas las aulas de la academia de la Policía de Puerto Vallarta, y hasta cada una de las oficinas de la jefatura de policía, tendrían un proyector, una pantalla y una computadora. 

Existiría un cuarto de monitoreo de las cámaras que vigilan el municipio. 

La UMA estaría al 100 por ciento habitable, con señalética acorde a la inversión de más de 120 millones de pesos que se hizo en ésta; sin fallas estructurales ni apagones en los elevadores. 

Pero esa no es la realidad de Puerto Vallarta. 

A pesar de las 35 computadoras, dos pantallas de plasma y dos proyectores, entre otras cosas que se compraron para la policía, las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen equipo de cómputo escaso y en pésimas condiciones.

En el destino turístico la Iniciativa Privada ha reparado los baches por su cuenta debido al mal estado de las calles del puerto. 

Y el malecón tiene fallas técnicas que le costaron la vida a una joven turista que murió electrocutada. 

Aún así, la administración de González Reséndiz tiene pagos por trabajos de bacheo, mantenimiento, reparación de inmobiliario y patrullas. 

Según palabras de Susana Carreño, regidora encargada de la Comisión Entrega Recepción de las 43 cámaras del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, solo funcionan nueve. 

A pesar de lo anterior, existen pagos de pólizas de seguro de estas cámaras, como la de la acta 007 con fecha del 26 de marzo de 2010 de la Comisión de Adquisiciones donde se pide una “póliza de mantenimiento y soporte técnico anual para el sistema de video vigilancia urbano instalado en la ciudad”. 

El costo de dicha póliza fue de poco más de 2.4 millones de pesos. 

Por eso es inexplicable que con esos pagos por mantenimiento y soporte funcionen menos de una cuarta parte de las cámaras. 

Pero las irregularidades en las cuentas no solo están en lo que no se ve, sino en lo que se ve, pero que costó mucho más.  

Precios inflados 

El sobrecosto es una práctica que se usa para el desvío de recursos. 

Y es que con compras infladas un gobierno puede ponerse de acuerdo con una, o varias, empresas favoritas y entonces llevarse un porcentaje del total de la compra. 

Es difícil comprobar este tipo de transacciones, pues se hacen en lo oscurito por gestores de los gobiernos y las empresas. 

Pero una de las formas de compra que evidencian este tipo de transacciones es la compra de productos que se necesitan a un precio más elevado del normal. 

En Puerto Vallarta, durante la administración de Salvador González Reséndiz, se realizaron varias compras con un costo más elevado. 

Por ejemplo, con dinero del Subsemun se adquirieron 100 chalecos antibalas por un precio unitario de 16 mil 744 pesos cada uno, en una compra total de 1.6 millones de pesos con la empresa Grupos Solución Piramidal.

Estos chalecos, comprados con otras administraciones, con las especificaciones técnicas que pide Subsemun, oscilaban entre los 8 y 12 mil pesos cada uno. 

Además, en la “invitación a cuando menos tres proveedores” con número LA-814067994-N1-2011 fechada el 28 de octubre de 2011, se establece que dos empresas cotizaron un menor precio: Internacional de Traslados los ofreció a 1.3 millones de pesos y Miguel Caballero, S. de R.L. de C.V. a 1.2. 

Pero la propuesta elegida fue la que ofreció los aditamentos más caros, fuera incluso del precio que normalmente tienen.  

Otras de las compras escandalosas del Ayuntamiento son las de aires acondicionados. 

Y es que en el acta 009 del 21 de abril de 2010, se establece que fueron adquiridos dos aires tipo minisplit de dos toneladas en 67 mil 412 pesos. 

Un equipo de esos cuesta alrededor de 15 y 20 mil pesos, con los que se estaría hablando de un sobrecosto de más de 10 mil pesos, considerando que cada uno costó más de 30 mil pesos.

 La compra se realizó al particular Marcos Salvador Urbina Villa. 

 Y a esta compra se suma otra al mismo particular de tres minisplits, sin especificar de qué tipo, por un costo de 53 mil 870 pesos para la academia de policía. 

En este caso cada aire tendría un costo de 17 mil 956 pesos, que en cualquiera de los tamaños resulta un precio muy elevado.  Y la lista podría continuar, pues hay varias compras más de aires acondicionados del mismo precio y otro tipo de adquisiciones que tienen un costo exorbitado. 

También existen casos de proveedores que aparecen en varias compras, aún cuando los conceptos abarcan giros completamente distintos. 

Por ejemplo Óscar Manuel Domínguez Monroy aparece en varios contratos como proveedor de pipas para traslado de líquidos lixiviados, pero en otros también figura como vendedor de material de construcción como sellador, pintura y equipo eléctrico y de fontanería.

También aparece Rodolfo Domínguez Monroy, qué comparte apellidos con Óscar Manuel, como vendedor de cemento gris.

A pesar de todas estas compras irregulares,  el despilfarro y el endeudamiento, el gobernador electo presume que el puerto se podría transformar en el primer destino turístico del país. 

Claro, eso si se saldan las deudas con las que cuenta y se asigna un mayor presupuesto, pues con lo que se tiene ahora, poco se puede hacer.