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La autonomía constitucional que se le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el nuevo “súper” regulador, podría ocasionar una desmembración de las políticas públicas.
Sobre todo porque la reforma de Telecomunicaciones le otorga poderes especiales para ordenar mercados y fomentar competencia.
Pero sobre todo, en la iniciativa no se explican las razones para haber tomado una medida tan extrema.
De ahí que deberá analizarse con lupa el poderío del nuevo órgano regulador.
Para el investigador Alejandro Faya Rodríguez, hay que establecer por vías formales e informales una coordinación armónica con la administración pública y la Cofece.
Y, al mismo tiempo, intensificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, juzga el doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas Públicas de Flacso.
Aunque se logró fortalecer notablemente el nivel de autonomía del nuevo regulador, no queda claro que se requería llegar al extremo, opina.
Recomienda, ante ello, establecer un sistema de consulta previa y justificación costo-beneficio, de manera similar al sistema de mejora regulatoria y que ahora no aplicará para el Ifetel.
En cuanto a los poderes de regulación asimétrica y desagregación del bucle local, considera que deben ejercerse en plazos predefinidos en términos del Decreto.
Eso, aclara, independientemente del curso que tome la legislación secundaria pues es más importante ejercer bien estos poderes que hacerlo en tiempo.
Para el profesor del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el poder de desincorporación de activos, derechos o partes, debe ser instrumentado de acuerdo con la ley.
Es decir, “respetando en todo momento el proceso y utilizarlo sólo como medida de última instancia y previa justificación económica”.
Aún así, aclara, el Ifetel deberá establecer las metas y objetivos que pretende conseguir con la utilización de las herramientas regulatorias referidas.
Serán jueces de facto
En la parte judicial, el catedrático reconoce la formación de tribunales y jueces especializados en la material, quienes deberán serlo “de facto” y aplicar criterios de deferencia técnica, para no desvirtuar el rol del Ifetel como agencia autónoma y especializada.
La parálisis vía tribunales llega a su fin, ahora los actos serán recurribles sólo a través del amparo, “sin posibilidad de suspensión”.
No obstante, Faya Rodríguez estima que este último recurso podría haberse limitado a cierto tipo de decisiones.
Sobre todo, explica, porque obliga a diseñar procedimientos que garanticen la resolución expedita y prioritaria de los juicios en el fondo.
Las señales son alentadoras, reconoce el catedrático, pero hay mucho que trabajar y recorrer todavía en los terrenos legislativo, administrativo y judicial para hacer realidad añejas aspiraciones que hoy reconoce la Constitución, concluye.
Medias tintas
Para Faya Rodríguez no queda claro en la iniciativa el por qué el Ifetel asume poderes de competencia ex post como investigación de prácticas monopólicas y revisión de concentraciones.
De ahí que sería conveniente, plantea en su estudio “De la Cofetel al Ifetel: la historia de un violento péndulo”, que el Instituto no empiece de nuevo y construya a partir de la experiencia y conocimientos acumulados.
Aunque la ley secundaria “puede hacer su parte”, deben evitarse “fenómenos de politización” en los nombramientos y remoción de los Comisionados así como en la operación de la Contraloría Interna.
Aconseja que el Ifetel aproveche el capital humano que laboró para la Cofetel, pues sería crítico dotarlo de presupuesto y personal para sus nuevas funciones.
Primeros pasos
Los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma.
De acuerdo con la reforma, una empresa de telefonía está obligada a compartir con otros operadores la infraestructura de su red que llega hasta los hogares.
