El triángulo del lavado

La mancha urbana de Guadalajara sigue creciendo y cada vez hay más evidencia de que el apresurado desarrollo de la ciudad, va de la mano del lavado de dinero.

Sin tapujos ni recelos, los grupos de la delincuencia se asocian entre ellos para edificar, vender, escriturar y cobrar millones de pesos en terrenos dentro de lujosos fraccionamientos a través de empresas legalmente constituidas.

Todo avalado por la fe de notarios tapatíos, y funcionarios de administraciones locales que otorgaron permisos de construcción y lo necesario para edificar torres y desarrollos. 

Alejandro, Mauricio, Diego y José de Jesús Sánchez Garza, prominente familia tapatía, parece ser la elegida para numerosas operaciones financieras que se vinculan a familiares del exsecretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez  y la familia de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.

Su relación con los cárteles de la droga los coloca hoy como una de las familias señaladas por la DEA como operadores de una red de lavado de dinero que lograron forjar a lo largo de los últimos años en Guadalajara, Ciudad de México y Texas.  

Apenas el pasado martes 11 de junio la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de EU, anunció que se cancelaban las cuentas de 18 personas ligadas a Caro Quintero.

Entre ellos sus familiares y los Sánchez Garza a quienes se acusa de operar una red de empresas legalmente constituidas para ofrecer bienes, servicios y construcción.

El propio Alejandro Sánchez Garza se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Estados Unidos. 

Numerosos fraccionamientos, restaurantes, bares y salones de fiesta forman parte del emporio de los hermanos Sánchez Garza, que con pericia supieron aprovechar los contactos de su padre, José de Jesús Sánchez Barba, con uno de los miembros del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. 

Y de paso con la familia de Esparragoza Moreno, según lo confirma la OFAC.

Pero en el triángulo virtuoso del lavado aparece que, Agustín Espinosa Ron, suegro y socio de Jesús Gallegos Álvarez, exsecretario de Turismo de Jalisco, abatido por células criminales, tiene un vínculo directo con la familia Sánchez Garza.

Agustín Espinosa Ron funge como «apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado» de la empresa Grupo Fracsa S.A de C.V.

Dicha inmobiliaria se encargó de desarrollar y comercializar los lotes del fraccionamiento Pontevedra en Acueducto 5151, asentado sobre un terreno cuyos dueños se presumía era Rafael Caro Quintero. 

A su vez Diego Sánchez Garza, hermano menor de los propietarios del restaurante Barbaresco –que la DEA los acusa de lavado de dinero–, tuvo nexos económicos con la esposa del capo sinaloense Juan José Esparragoza “El Azul”.

María Guadalupe Gastelúm Payán se asoció con Sánchez Garza para la construcción del fraccionamiento Provenza en Tlajomulco de Zúñiga, según consta en las declaraciones de un particular que lleva un juicio con fecha del 2006 en contra de los hermanos Sánchez Garza por un fraude de 9 millones de dólares. 

Ambos, tanto el suegro de Gallegos Álvarez, como la esposa de “El Azul”, aparecen a su vez como socios del extinto secretario de Turismo y del capo sinaloense, en otras empresas familiares y en compraventas de predios. 

Suegro es socio de Sánchez Garza

Agustín Arturo Espinosa Ron es suegro y socio 
de Jesús Gallegos y aparece como ‘apoderado’ de Grupo Fracsa, del abatido secretario de Turismo.

El suegro del difunto Jesús Gallegos Álvarez, Agustín Espinosa Ron y padre de Ana Lucía Espinosa Peña –actual empleada del DIF Jalisco– tuvo relación estrecha con los Sánchez Garza a finales de 2003.

Fecha que coincide con el boom inmobiliario de la zona aledaña al hoy centro comercial Andares, sitio en el que su yerno Jesús Gallegos Álvarez en sociedad con algunas empresas suyas como Agespe, construyen las lujosas torres  Titanium, De Hierro y Icon 23.

Agustín Espinosa Ron participó como apoderado “general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración” en la compra venta del Lote 15 del fraccionamiento Pontevedra, efectuada el 14 de junio del 2004.

El notario Juan Peña Razo protocolizó la compra con la escritura 4042 de la cual Reporte Indigo tiene copia. Peña Razo es notario primero del municipio de Magdalena, Jalisco y cuñado de Agustín Espinoza Ron. 

Por su parte, según el acta de compraventa Agustín Espinosa Ron refiere que el Grupo Fracsa S.A. de C.V. fue constituido en el año 2000. Con domicilio en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

El acta advierte que la sociedad “podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte del estado, de la República o del extranjero”.

El consejo de administración de Grupo Fracsa estaba presidido por Alejandro Sánchez Garza y Ernesto Sánchez González (su primo) como secretario, mientras que José de Jesús Sánchez Garza aparece como tesorero.

El poder de Espinosa Ron le fue entregado el 19 de diciembre 2003, según el testimonio de la escritura 3789.

En los antecedentes del predio destaca que Pontevedra se erigió dentro de la Fracción B del predio El Torreón y San Ramón que forma parte de la Hacienda La Providencia.

En 19 de julio del año 2000 la empresa D’Bardi S.A. de C.V. le vende a José de Jesús Sánchez Garza y a Javier Sánchez González –apoderados de Fracsa SA de CV– el terreno de 4 mil 669 metros cuadrados por un precio de 105 millones de pesos.

Ellos aportan ese patrimonio a la sociedad en mención, constituida con otros primos y hermanos.

Negocios ‘azules’

En Jalisco se han unido fuerzas para lograr el negocio de ‘blanqueo’ de fondos que benefician los grandes capitales de familias jaliscienses.

Diego Sánchez Garza se asoció con la esposa de “El Azul” en 2003 según se consigna en el juicio 1722/2006 iniciado por Proberbia Corporation en contra de Diego al joven Sánchez Garza del cual Reporte Indigo tiene copia.

En dicho juicio se detalla que el 18 de marzo de 2003 Proberbia y Diego Sánchez Garza celebraron un contrato de préstamo mercantil bajo la denominación de Contrato de Asociación en Participación. 

Para ello se firmaron 12 pagarés que sumaron 9 millones de dólares, dinero que sería invertido en cuatro proyectos inmobiliarios entre ellos Pontevedra, Zotogrande y uno más en el predio denominado La Nopalera.

“Cuyo titular es el propio asociante Diego Sánchez Garza que celebró el 25 de febrero del año 2003, en calidad de asociante, con la señora María Guadalupe Gastelúm Payán”, se lee en la demanda.

Más adelante explica que en dicho predio se encuentra edificado “el desarrollo habitacional ‘La Romana’ ubicado en prolongación avenida López Mateos Sur 555, municipio de Tlajomulco de Zúñiga”.

La dirección que consigna el juicio corresponde al desarrollo inmobiliario Provenza Residencial. 

Proyecto inmobiliario que fue señalado en 2012 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las inversiones de la familia Esparragoza Gastelúm.

Según copias del acta constitutiva en poder de Reporte Indigo, el 26 de septiembre de 2008 María Guadalupe Gastelúm Payán junto con sus hijos Nadia Patricia, Cristian Iván, Juan Ignacio y Brenda Guadalupe constituyen “Grupo Impergoza” como Sociedad Anónima de Capital Variable: “Cuyo fin tiene la edificación, construcción en general, licitaciones y concursos a nivel estatal, federal y municipal de obra pública y privada, construcción de proyectos, presupuesto, mantenimiento y reparación de obra”.

En agosto de 2008 los hermanos Cristian Iván y Nadia Patricia Esparragoza Gastelúm habían constituido una sociedad similar de nombre Grupo Cinjab, con los mismos objetivos de Grupo Impergoza: la construcción. En los señalamientos del Departamento del Tesoro no se habla de Diego Sánchez Garza.

Sin embargo destaca el hecho que el acuerdo entre él y María Guadalupe Gastelúm Payán se hizo en 2003 y fue  hasta 2008 que se inició la construcción de Provenza con otras empresas a las que aparentemente ya no pertenece.

En 2010 el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, cuyo presidente municipal era entonces Enrique Alfaro Ramírez, entregó la licencia de habitabilidad del fraccionamiento según apuntan algunas versiones de prensa.

La presencia del lavado en la Zona Metropolitana de Guadalajara es clara y se ve reflejada en grandes proyectos inmobiliarios, gasolineras y empresa de servicios como la marca de productos El Baño de María, y el spa Las Limas,  que operan los hijos de Caro Quintero, según la OFAC. 

El regreso de Caro Quintero

Preso en 1985, acusado de haber secuestrado, torturado y asesinado al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, el excéntrico Rafael Caro Quintero fue detenido en aquel año en Costa Rica, acompañado de Sara Cossío Martínez, la sobrina del exgobernador priista de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri.

A 28 años de su detención, Caro Quintero simula estar fuera del mundo del narco. 

El silencio de Caro Quintero ahora se ahoga en los 40 años que le tocan vivir en la cárcel por la muerte del agente estadounidense de la DEA. 

Pero todo parece indicar que desde la cárcel de Puente Grande, Caro Quintero sigue administrando sus negocios que dejaron de ser la distribución de droga para enfocarse al blanqueo de fondos. 

Y es que la DEA ha hecho hincapié en que Caro Quintero mantiene viva su actividad delictiva. 

Ayer el departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 15 empresas y 18 personas como probables implicados de lavado de dinero, congelando sus cuentas y prohibiendo a los estadounidenses a hacer transacciones comerciales y financieras con ellos. 

En la lista están sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran, su esposa María Elizabeth Elenes Lerma y su asistente particular Humberto Vargas Correa.

A finales de 2012 la agencia estadounidense lanzó. una alerta al respecto y volvió a poner su imagen en la lista de fugitivos internacionales, pese a que el mexicano permanecía preso en Jalisco.

Tras la sentencia definitiva de 40 años en prisión que recibió en 2009, Caro Quintero y su familia exigieron garantías de derechos humanos en el proceso judicial llevado en su contra. 

En una estrategia legal la familia buscaba que el asesinato del agente fuera tomado como un delito del fuero federal al que solo se le atribuyeran 30 años de cárcel.

Y como entonces llevaba poco menos de 28 años encerrado, de aprobarse su petición le restarían dos años más en prisión.

Pero la Suprema Corte se negó a atraer el caso. No obstante lo anterior, la DEA amenazó con extraditarlo en caso de que el capo fuera liberado y la alerta sobre sus actividades ilícitas sigue encendida.

La liga con los Sánchez se remonta a la década de los años 80. 

La DEA identifica a Jesús Sánchez Barba (padre) como operador de Caro Quintero en materia de lavado de dinero según el caso 5:11-mj000342-PMA de la Corte Oeste de Texas, del cual obra copia en Reporte Indigo. Dicho documento se basa en un testimonio de un agente de la DEA respecto del perfil de la familia y relación con el narco.

A Sánchez Barba se le vincula con la muerte de Camarena Salazar. Aegún la prensa, fue asesinado en un predio de los Sánchez Garza.

Del Cártel de Guadalajara al de Sinaloa

Con la caída de Caro Quintero y su socio Ernesto Fonseca Carrillo ‘Don Neto’ sus negocios y terrenos quedaron abandonados por largo tiempo. 

El negocio sería retomado en 2000 y 2001 con la activación de varias empresas de construcción de los Sánchez Garza sobre terrenos que eran del capo.

A la cabeza del Cártel Guadalajara quedó Miguel Ángel Félix Gallardo pero solo por unos años, pues en 1989 también sería detenido. 

El grupo se divide y entonces se hace visible la presencia del Cártel de Sinaloa y de Tijuana como grupos rivales. El de Tijuana tendría amplia intervención en Guadalajara con la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la explosión del coche bomba en una fiesta en el hotel Camino Real, en Zapopan.

Hacen alianzas con el Cártel de Juárez, cuyo emisario en la plaza era Ignacio “Nacho” Coronel, quien se uniría a las filas del Cártel de Sinaloa tiempo después. Con la fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande en 2001, ‘El Azul’ se encargaría de hacer nuevas alianzas a fin de generar un bloque de cárteles en contra del de Juárez, cuya cabeza era ahora el hermano de Amado Carrillo Fuentes, Rodolfo Carrillo Fuentes. Para entonces Guadalajara se consideraría como una plaza segura al mando de Ignacio Coronel, quien fue abatido en 2010 por el ejército en una casa de la exclusiva zona de Colinas de San Javier, que según registros de la prensa,  antes perteneció a “El Azul”. La caída de Coronel motivó la atomización de su grupo delictivo en la entidad, y con ello la división del Cártel Jalisco Nueva Generación.