El primer año de la Legislatura con mayoría de Morena está por terminar y los cambios legislativos que promovieron no obedecen precisamente a una agenda de izquierda.
Durante este año se realizaron tres grandes reformas a la Constitución Política: se creó la Guardia Nacional, se ampliaron las causales de prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio por patrimonio producto de actos de corrupción.
En los primeros dos casos, el Congreso y el Gobierno federal han enfrentado cuestionamientos de la academia y de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.
Para esta semana, diputados y senadores tienen pendientes múltiples. El más polémico es la contrarreforma educativa, en la que no hay acuerdo con la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
No es el único. Dejarán también pendientes las leyes secundarias de la Guardia Nacional y otras modificaciones constitucionales, como la consulta popular y la revocación de mandato.
Al ser el periodo más largo de receso, de mayo a septiembre, estos temas podrían ser resueltos en uno o varios periodos extraordinarios.
Por los pendientes que quedan en el Congreso, podría definirse un periodo extraordinario para que tengan avance temas como las leyes secundarias de la Guardia Nacional
Durante todo este año, la oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— ha actuado como adversaria testimonial. Con poca fuerza para contrarrestar los temas impulsados por Morena. En esto se juega no solo las votaciones en el Congreso de la Unión, sino su posicionamiento rumbo a las elecciones del 2021.
Lucha de poderes
Durante todo este primer año de ejercicio, la oposición en el Congreso de la Unión ha encontrado pocas oportunidades de resistir la fuerza de Morena y sus aliados.
Sin embargo, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales, por lo que aún necesita negociar con sus adversarios para conseguirlos.
Morena y sus aliados (PES, PT y PVEM) tienen un total de 327 votos de los 334 necesarios para aprobar sin problemas reformas a la Carta Magna. Esos 7 votos de diferencia dan un mínimo margen de maniobra a los partidos opositores para modificar o condicionar alguna aprobación.
No ha funcionado así en todos los temas. En el caso de la Guardia Nacional, por ejemplo, el PRI se unió a la mayoría morenista para su aprobación. La oposición ha sido testimonial en gran parte de los casos.
En los congresos estatales la fuerza opositora también ha sido borrada del mapa político. En las tres grandes reformas constitucionales que se han aprobado —Guardia Nacional, prisión preventiva y extinción de dominio— solo se registró el voto adverso de un estado en un solo tópico.
Únicamente el Congreso de Guanajuato votó en contra en el tema de la extinción de dominio en el caso de bienes adquiridos como producto de actos de corrupción.
En los otros dos temas, la votación de los congresos locales ha sido por unanimidad. En el caso de la creación de la Guardia Nacional, los 32 congresos estatales —de los que Morena tiene mayoría en 19— votaron a favor. Para la extensión de los delitos que ameritan prisión oficiosa fueron 21 congresos locales los que la aprobaron.
Extraordinario a la vista
Los múltiples pendientes que Morena y sus aliados no podrán aprobar en la última semana de sesiones del Congreso serían desahogados en uno o varios periodos extraordinarios.
El asunto que más desencuentros ha provocado es la contrarreforma educativa con la que Morena busca echar abajo la legislación que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto
El tema no está empantanado por desencuentros legislativos; aunque todos los partidos ya construyeron un dictamen para reemplazar las leyes existentes, el tema no ha avanzado por la oposición de la CNTE, el ala disidente del magisterio.
La medida tomada por el presidente López Obrador, de emitir un memorándum para dar por concluida la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y suspender su aplicación, no ha hecho más que enrarecer el ambiente político y complicar el tránsito de un dictamen que ya contaba con el apoyo de las diferentes bancadas.
El primer mandatario ha dejado claro que no habrá aprobación hasta que la CNTE esté conforme con lo que se va a votar, lo que ha sido interpretado como una invasión en la esfera de acción del Poder Legislativo.
Para aprobar la contrarreforma educativa es necesario tener las dos terceras partes de los votos totales, pues se trata de cambios a la Constitución Política.
Otro tema que podría resolverse en un periodo extraordinario son las leyes secundarias que acompañarán a la Guardia Nacional.
Éstas son la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, donde se establece la forma en que debe actuar este nuevo cuerpo armado; la Ley sobre el Uso de la Fuerza, para mediar la manera en que el Estado debe aplicar medidas coercitivas; y la Ley sobre el Registro de Detenidos, que busca desterrar las desapariciones forzadas a manos de fuerzas del orden.
Para aprobar estas leyes es necesario solamente tener una mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso; es decir, con la mitad de los votos más uno será suficiente, lo que le da a Morena todo el poder para sacarlas adelante.
Un asunto más que no ha podido ser desahogado en el Legislativo son los cambios a la Constitución para aprobar la revocación de mandato y la consulta popular.
Estas modificaciones ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y se encuentran pendientes en el Senado, porque la oposición considera que se trata de una medida para que López Obrador aparezca en las boletas electorales en el 2021 y atraiga votos para su partido y sus aliados.
En la Cámara alta está pendiente también la minuta de reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados y que se discutirá con la presión de los Estados Unidos para poder dar su voto al nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Además, el Senado tiene también en fila la aprobación del TMEC, y al ser la única instancia que tiene facultades para ratificar los tratados internacionales que firma México, este pendiente está exclusivamente en sus manos.
El periodo de receso legislativo dura del 1 de mayo al 30 de agosto próximo; cuatro meses en que los legisladores serán llamados para sacar adelante las reformas que el gobierno de López Obrador considere necesarias para seguir adelante con su proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”.
