Choque frontal

La primera batalla de las elecciones presidenciales del 2018 ya se libra y su escenario es Chihuahua, estado gobernado por el panista Javier Corral y que está convertido hoy en un polvorín a punto de estallar tanto por la violencia que se registra en la entidad como por la confrontación política.

Esta situación ocurre mientras el exgobernador César Duarte sigue prófugo en los Estados Unidos y casos de alto impacto, como el asesinato de la periodista Miroslava Breach, siguen sin resolverse en su totalidad. En los últimos días en el estado norteño se ha presentado una escalada de violencia debido a la guerra por la plaza que libran las organizaciones del crimen organizado en esta entidad.

La situación de inseguridad que prevalece en Chihuahua se hace más crítica y delicada ahora con la confrontación política con la Federación que protagoniza el gobernador del PAN, Javier Corral.

El mandatario denunció ayer represalias por parte del Gobierno federal y un intento de estrangulamiento financiero en contra del estado por la investigación de desvío de recursos que involucra al exgobernador César Duarte, las cuales podrían tocar al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Corral aseguró que en una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González, éste le comentó que la investigación que inició el gobierno de Chihuahua ponía en entredicho los compromisos financieros realizados entre la Federación y esa entidad.

A Chihuahua no habrían llegado 700 millones de pesos que le correspondían en diciembre por un convenio del programa Fortalecimiento Financiero, el mismo del que se habría desviado dinero público en la administración de César Duarte.

De acuerdo con lo explicado por Corral, el secretario de Hacienda habría dicho que al investigar recursos del programa Fortalecimiento Financiero, el gobierno de Chihuahua cuestionó la validez de los convenios de la SHCP para dar recursos mediante ese programa, por lo que se abstendría de transferirlo hasta que se aclarara “el alcance de las investigaciones”.

La SHCP rechazó las imputaciones realizadas por el mandatario chihuahuense y aseguró que en diciembre cumplió en tiempo y forma con la entrega de los recursos asignados a este estado.

Sin embargo, a través del subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, la dependencia reconoció que el recurso del programa de Fortalecimiento Financiero no se entregó por falta de dinero; y no se aceptó renovar el convenio porque no se sabe si el Poder Judicial de Chihuahua está cuestionando el instrumento en sí mismo y no sólo a quienes cometieron algún acto de corrupción con él.

Se trata de una guerra campal entre el gobierno de Corral, respaldado por los partidos del Frente Ciudadano por México -aunque llegó al poder cobijado sólo por el PAN- y el Gobierno federal que, acusó el mandatario, intenta detener la pesquisa contra los priistas.

Corral fue cobijado por varios personajes que han hecho pública su postura contra la corrupción: Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción; Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); Alfredo Figueroa, miembro del movimiento Ahora, y el actor Daniel Giménez Cacho, entre otros.

Estuvieron presentes también legisladores y exlegisladores del PAN y el PRD.

Esta situación ocurre mientras la inseguridad y la violencia se ha convertido en un común denominador para Chihuahua. Durante el 2017, el estado del norte se colocó como una de las entidades más peligrosas para vivir y en donde más delitos del fuero común se cometen.

Los sentenciados

La oficina de Comunicación Social del gobierno de Chihuahua dio a conocer la lista de personas imputadas o procesadas como parte de las investigaciones de la Operación Justicia:

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La investigación

Desde que realizaba campaña para la gubernatura, en 2016, Javier Corral puso en la mira al entonces gobernador priista César Duarte Jáquez a quien ya acusaba de malos manejos de recursos gubernamentales.

Al ganar la elección, la administración de Corral comenzó con una investigación sobre actos de corrupción del gobierno anterior. La nombró Operación Justicia para Chihuahua. Meses después, la pesquisa comenzó a dar frutos.

Hasta ahora se han iniciado 39 procesos penales contra exfuncionarios de la administración de Duarte Jáquez y contra empresarios, por diversos delitos cometidos en perjuicio de la entidad.

Se han librado un total de 30 órdenes de aprehensión, de las que se han cumplimentado 16.

Javier Corral explicó que, de las 30 órdenes de aprehensión, 10 solamente pertenecen al exgobernador César Duarte.

Además, se tienen 23 vinculaciones a proceso y cinco sentencias condenatorias.

En días pasados, la oficina de Comunicación Social del gobierno de Chihuahua dio a conocer la lista de personas que han sido ya sentenciadas o que se encuentran procesadas como parte de las investigaciones de esta Operación.

Se trata, en primer lugar, de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI durante la presidenciade  Manlio Fabio Beltrones; Gutiérrez está preso, acusado de peculado por el desvío de 250 millones de pesos de recursos de Chihuahua a campañas electorales del PRI, en 2016.

En prisión está también Javier Alfonso Garfio Pacheco, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, y ya sentenciado a 3 años de reclusión.

También han sido sentenciados a tres años de cárcel Karla Areli Jurado Bafidis, exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; así como Fernando Mariano Reyes, exdiputado de Movimiento Ciudadano.

La misma situación la viven Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, sentenciado a cuatro años; y Germain Lezama Cervantes, un empresario de la entidad, a quien se le dieron 5 años y 6 meses de reclusión.

Desde la campaña de José Antonio Meade surgió la crítica de que Corral pretende incidir en la elección presidencial utilizando la justicia políticamente.

“Es una barbaridad, para tener impacto electoral, eso es lo que está haciendo Javier Corral”, acusó Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de Meade.

El gobernador de Chihuahua negó esta acusación y dijo que la persecución de quienes cometieron actos de corrupción no tiene nada que ver con las elecciones del 2018.

“Estamos conscientes de que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de la que toda la nación habla, con la diferencia de que nosotros lo hemos acreditado técnica y documentalmente. Las acciones anticorrupción que hemos realizado responden al daño que se infligió al erario chihuahuense (…).

“Que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales o desde la estrategia de una campaña. En mi caso no se pueden dar a sorpresa”, afirmó Corral.

Denuncia estrangulamiento

Javier Corral denunció ayer, desde la Ciudad de México, que la Secretaría de Hacienda no envió 700 millones de pesos que correspondían a Chihuahua en diciembre como parte de la firma de un convenio para recibir recursos dentro del programa de Fortalecimiento Financiero por las investigaciones que se realizan en su entidad.

El mandatario reveló que en una reunión que se llevó a cabo el 4 de enero pasado en el despacho del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en Palacio Nacional, y a la que acudieron varios funcionarios de la SHCP y del gobierno de Chihuahua, se les informó que la investigación por peculado que se lleva a cabo en la entidad “pone en entredicho” la transferencia de recursos.

“Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación, que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral (…).

“El tema no es menor. Es gravísimo que confirmara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de control político frente a los gobernadores, o al menos de este que les habla, con motivo de una investigación que persigue la corrupción y la impunidad, porque así fue planteado”, comentó Corral.

El gobernador sostuvo que el planteamiento de los funcionarios de la SHCP fue tomado con sorpresa por él y los suyos por lo claro de la intención. Su respuesta fue que la investigación continuará.

“Debo confesar que fuimos tomados realmente a sorpresa, porque tú no te imaginas un planteamiento así, porque nos podrían haber dorado la píldora. Lo que nos llamó la atención es la decisión de plantearlo directa y claramente (…).

“Lo que inmediatamente señalé al secretario de Hacienda es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de investigaciones del ministerio público por una disposición de recursos que nos pertenecen al estado de Chihuahua y que daríamos absolutamente la batalla”, narró Corral.

El mandatario sostuvo que advirtió a González Anaya sobre el “grave error” que se estaba cometiendo.

Corral pidió al presidente Enrique Peña Nieto que rectifique la decisión de su gobierno de detener los recursos para Chihuahua y que se dé seguimiento ya al proceso de extradición de César Duarte quien, señala, se esconde en Estados Unidos.

“¿A alguien le parece descabellado pensar que la reacción del Gobierno Federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción? Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del Estado de Chihuahua, y quieren hacernos pagar las consecuencias.

“No voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos. Estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias, porque no lo hago en defensa mía, tampoco del Gobierno del estado; lo hago en defensa de la soberanía, de la dignidad, de la grandeza del pueblo de Chihuahua”, lanzó Javier Corral.

Hacienda: no es represalia

Aun antes de comenzar la conferencia de prensa en la que Javier Corral hizo su denuncia, la Secretaría de Hacienda hizo público un comunicado en el que afirmó que el reparto de recursos a las entidades federativas se cumple en tiempo y forma.

“La SHCP lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”, sostuvo la SHCP.

En el caso de Chihuahua, explicó la dependencia, en el ramo de participaciones federales recibió 23 mil 387 millones de pesos, mil 106 millones más de lo presupuestado debido a los ingresos excedentes. En participaciones recibió 3 mil 41 millones de pesos más de lo que recibió en el 2016.

En aportaciones federales correspondientes al ramo 33, Chihuahua recibió 19 mil 669 millones de pesos; 924 millones de pesos más de lo presupuestado.

Sin embargo, en su comunicado, nada especificó la dependencia sobre los recursos del convenio firmado en el marco del programa de Fortalecimiento Financiero, al que se refirió Corral.

Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la SHCP, fue el encargado de responder públicamente a las acusaciones hechas por Javier Corral.

En una entrevista radiofónica, Messmacher reconoció que no se realizó la transferencia de los 700 millones de pesos, pero porque no hubo disponibilidad de recursos.

“El artículo primero del convenio, y eso lo conoce perfectamente el gobierno del estado, establece que esas transferencias solamente se realizan si es que hay disponibilidad presupuestaria; y en ese sentido, en un cierre complicado el año pasado, no se hicieron esas transferencias al gobierno de Chihuahua, así como no se le hicieron a otros estados”, comentó Messmacher.

El subsecretario reconoció, sin embargo, que la SHCP cerró la posibilidad de firmar un nuevo convenio con el gobierno de Chihuahua hasta que se tenga certeza de que no se está cuestionando el instrumento en sí.

“Ya después, el gobierno del estado, entendiendo que no tuvimos la disponibilidad presupuestaria (…) cuando se nos habla de renovar ese convenio, ahí se les deja claro que ahí hay un tema donde se está revisando jurídicamente la viabilidad que está cuestionando el Poder Judicial de Chihuahua, pues está cuestionando la adecuación de estos instrumentos.

“Y ahí nosotros somos muy claros y le dejamos claro al gobierno del estado que, con tal de que ellos nos digan que lo que no se está cuestionando, y nos muestren, que no se está cuestionando la característica del instrumento, nosotros no tenemos problema; pero obviamente nosotros no sabemos si se está cuestionando la viabilidad del instrumento”, explicó Messmacher.

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