Fiscalización: el pendiente rumbo al 2018

El Instituto Nacional Electoral (INE) definió en estos días el reto más grande que tendrá en las elecciones del 2018: la fiscalización de las campañas.

Ayer, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña de las entidades y municipios donde hubo elecciones el 4 de junio.

Sin embargo, por un error de la propia Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, los consejeros electorales decidieron dejar temporalmente fuera de la contabilidad el pago a los representantes de casilla que los partidos hayan hecho el día de la elección, lo que bajará el gasto de los candidatos en las campañas.

¿El motivo? La UTF habría enviado comunicaciones a los partidos pidiendo que no subieran al Sistema de Fiscalización los comprobantes de que no se había pagado a los representantes de casilla, cuando el Reglamento de Fiscalización indica lo contrario.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reconoció que la falta de certeza en el rebase o no de los gastos de campaña –sobre todo en Coahuila- se debió a un error del propio Instituto, por lo que habrá que tomar provisiones para no repetir este escenario el próximo año.

“Me queda claro que, para el futuro, lo que tenemos que hacer –estoy pensando ya de cara al 2018-, es aplicar a pie juntillas el reglamento y el Sistema Integral de Fiscalización tendrá que ser, como lo hemos querido plantear, el único repositorio de toda la evidencia que tiene que ser ponderada por esta autoridad en el proceso de fiscalización.

“A donde tenemos que ir es a que todo lo que no esté en el SIF, no está para la fiscalización. Y creo que este ejercicio nos tiene que hacer repensar lo que haya que repensar para alcanzar esa meta, que es una meta mandatada por la propia Constitución”, expuso Córdova.

La solución que el INE encontró para subsanar su falta fue abrir un procedimiento oficioso para que en un plazo de 24 horas todos los partidos políticos entreguen las comprobaciones de que no se pagó a los representantes de casilla, tal como han alegado, y realizar una compulsa de documentos para ver si estos gastos fueron reportados adecuadamente.

El PAN criticó la resolución y afirmó que al dar más tiempo de comprobar que no se hizo ese gasto, se abre la puerta a que se presente información a modo para que sea tomada como prueba. El PRI aclaró que entregó con anterioridad toda la documentación.

Aunque ese plazo se vencerá hoy, el asunto se desahogará hasta agosto próximo, por lo que por ahora no se podrá saber si ese pago –o no pago- influirá en los gastos de campaña reportados por los partidos en las entidades donde hubo elección.

El análisis de esa información estará lista hasta agosto y será entregada a los tribunales electorales, que decidirán si se anulan o no los comicios en Coahuila, en donde se podría cumplir la causal de rebase de topes de campaña para poder anular la elección.

Aun cuando se elimine el pago de los representantes de casilla, que disminuiría gastos de campaña a los candidatos en Coahuila -3.4 millones de pesos al priista Miguel Riquelme y 2.9 millones al panista Guillermo Anaya-, ambos habrían rebasado el tope de gastos en esa entidad.

Entre el gasto documentado en el INE y el no reportado, detectado por la UTF del Instituto, Riquelme habría gastado 21.7 millones de pesos y Anaya 21.4 millones de pesos. Un 13 y 11 por ciento más, respectivamente, del tope de gastos de campaña.

Además de Coahuila, en la sesión de ayer el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de fiscalización de Nayarit, Veracruz y el Estado de México.

Falta certeza

Los representantes de todos los partidos políticos ante el INE coincidieron en que la forma en que se hizo la fiscalización de los gastos de campaña no da certeza al proceso, ni permite saber si efectivamente hubo o no rebase de tope de gastos de campaña, lo que afectará directamente a la confianza en el proceso del 2018.

Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, señaló que son muchos los peligros que acechan a la fiscalización de la próxima elección, pues en el ejercicio de este 2017 se cambiaron criterios y no se respetó el derecho de audiencia de los partidos políticos.

“Pensamos que debimos haber dado puntual seguimiento a casos en los que fue ampliamente demostrado que hubo un gasto que no se reportó, que ni siquiera formó parte de las agendas y que hoy queda simplemente en multas, cuando debiera ser enviado a una muy profunda investigación”, acusó.

Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Instituto, sostuvo que es preocupante la falta de credibilidad hacia el INE, pues es evidente la parcialidad con que trata a unos y otros actores, además de las presiones de algunos partidos políticos.

“La Unidad de Fiscalización es muy equitativa. Dividió en dos a los fiscalizadores: la mitad que estaban tuertos, bizcos, medios ciegos, se los mandó a Del Mazo; y la otra mitad, los de ojo de águila, que traían lupa, pipa y andaban con todo revisando, se los mandó a la Oposición. ¡Ah qué Unidad tan equitativa en su fiscalización!”, exclamó Acosta Naranjo.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el Consejo General, incluso pidió la renuncia de los consejeros electorales, pues aunque consideró evidente que hubo recursos del Gobierno federal y estatal en las campañas, sobre todo la del Estado de México y en las del año pasado en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, el INE no dijo ni hizo nada al respecto.

“El desprestigio que tiene el INE se irá incrementando sustancialmente. Me parece que lo mejor, lo más digno para la República, es que ustedes deben renunciar. Deben presentar su renuncia a este órgano porque le siguen debiendo a la sociedad”, expuso Duarte.

Jorge Herrera, representante del PVEM ante el INE, se dijo preocupado por la falta de reglas claras en la fiscalización, pues tal pareciera que al cambiar las reglas, el Instituto va buscando pretextos para multar a los partidos políticos.

Del mismo partido, la diputada Lorena Corona recriminó que los partidos estén en la indefensión pues, cuando se fiscaliza, ya se cometió una conducta que en ningún momento se había dicho que era de tal o cual manera.

“No podemos darnos el lujo de más cambios de criterio, no podemos ir a nuevas elecciones con este desastre, donde nadie sabe a qué nos estamos ateniendo”, comentó.

Los consejeros del INE coincidieron en que revisarán las normas y reglamentos antes de la elección del 2018, para evitar un escenario como el de este año.