En septiembre comienza el proceso electoral 2020-2021, el primero en la historia de la Ciudad de México en el que se podrá castigar la violencia política contra las mujeres.
La razón es que por primera vez, la capital del país tendrá un protocolo para sancionar y proteger a las candidatas que padezcan agravios por su género.
Apenas en las elecciones federales y locales de 2018, la candidata a la alcaldía de Coyoacán, María Rojo, padeció amenazas, hostigamientos y difamaciones.
La CDMX es la entidad con más violencia política de género después de Veracruz; en las elecciones 2017-2018 tuvo 27 denuncias contra candidatas y precandidatas
Sin embargo, aún cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) determinaron que hubo violencia política de género, no se sancionó a su contrincante, Manuel Negrete, quien incurrió en la falta y terminó ganando los comicios.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue la entidad que validó el triunfo de Negrete con el argumento de que la violencia política de género no fue determinante.
Sin embargo, el TEPJF ordenó al IECM la creación de un protocolo contra la violencia política de género que será el mecanismo principal para evitar casos como el de María Rojo en 2020 y 2021.
El Congreso local también aprobó en julio pasado una serie de reformas para tipificar dicha práctica como delito que estarán vigentes después de las elecciones.
En el próximo proceso electoral se renovarán los gobiernos de las 16 alcaldías, sus concejos y se conformará la segunda legislatura del Congreso.
La importancia de las acciones mencionadas reside en que la capital del país es de la entidades con mayor incidencia de violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
La “Evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018”, del IECM, indica que la ciudad fue la segunda entidad que registró más agresiones contra candidatas y precandidatas con un total de 27 denuncias. La capital solo fue superada por Veracruz que acumuló 37.
De las 27 querellas, en siete casos se comprobó la violencia política de género. Al final, en tres se dictaron medidas de protección: en el caso de María Rojo y de dos diputadas locales.
Protocolo facilita justicia
La consejera del IECM, Carolina del Ángel, afirma que el Protocolo de Acciones para Evitar, Erradicar y Atender la Violencia Política de Género, elaborado en octubre de 2019, será la principal herramienta para sancionar dicha práctica y también facilitará la investigación.
Explica que es un documento muy completo, en el cual están basadas las reformas del mes de julio pasado al Código Electoral, Penal y a la Ley de Acceso a Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia que pretenden eliminar la violación de los derechos políticos de las mujeres.
La representante de la autoridad electoral explica que las modificaciones no serán aplicables en las elecciones 2020-2021 porque no se publicaron 90 días antes del inicio del proceso en septiembre.
“Al aplicar el procedimiento especial sancionador, con orígenes en el derecho penal, ya se marca una línea de cómo se deben hacer estas investigaciones, se le da un caudal más específico a la violencia política de género”, explica.
Del Ángel añade que esto permite indagar el ilícito de una manera específica, no como una falta electoral más.
Además, afirma que las sanciones ya no tardarán hasta la resolución de un juicio como sucedió en anteriores comicios, se podrán aplicar en cualquier momento del proceso electoral.
Se quitan trabas, se dictan medidas cautelares de seguridad pública a las víctimas y se puede llegar hasta el retiro de candidaturas
El protocolo establece que las sanciones pueden ir desde una amonestación o que se quite la candidatura al infractor.
Por último, la consejera indica que aunque las reformas a la ley no estarán vigentes en las próximas elecciones, servirán para erradicar la violencia política de género en el periodo post comicios y en futuros procesos.
“Las reformas son muy buenas, porque van a castigar las violaciones a los derechos electorales aun después de los comicios, o sea, cuando tomen el cargo o todo lo que suceda mientras lo desempeñe”, menciona.
Reformas, deuda histórica con las mujeres
Donají Olivera, diputada local promovente de las reformas constitucionales para erradicar la violencia política de género, considera que las modificaciones a la ley son parte de una deuda que había en la defensa de los derechos de las mujeres.
A pesar de que entrarán en vigor después del proceso electoral van a ayudar a evitar prácticas partidistas discriminatorias.
Por ejemplo, dice la legisladora, en el 2014 se hizo obligatorio que los partidos presentaran en comicios la misma cantidad de candidatos hombres y mujeres, pero aún así siguieron los agravios contra el género femenino.
“Muchas veces, ponían a mujeres a competir en distritos o alcaldías donde no podían ganar, donde era muy difícil que prosperarán, eso lo hacían con la intención de cumplir la paridad de género y darle preferencia a los hombres”, menciona.
Por eso el andamiaje jurídico construido permitirá castigar la violencia política de género en todos sus ámbitos, argumenta.
“Se busca que verdaderamente se castigue el delito, que se hagan las denuncias, se investiguen y sancionen efectivamente”, señala.
