La guerra de los trapos sucios

La corrupción será el tema de la sucesión presidencial en el 2018.

Así como en el 2012 el tema de la elección fue la violencia y sus consecuencias en todo el país, para los siguientes comicios federales el debate estará centrado en la penetración de la corrupción o en lo que se ha hecho –o no- para combatirla.

Sea por pecados propios o de otros miembros de sus partidos, la elección del 2018 se perfila para ser una donde los contendientes se enfocarán en mostrar la mayor cantidad de trapos sucios de sus oponentes.

A menos de 20 meses de la votación del 3 de junio del 2018, el clima político indica que la corrupción será la principal arma de los candidatos.

Y será también un factor determinante que los partidos tomarán en cuenta para elegir a sus abanderados; intentarán postular a personas con la menor cantidad de señalamientos posibles, que puedan poner en riesgo la elección en sí misma.

El panorama del 2018 ya comienza a construirse desde hoy.

La investigación en el PRI en contra de Javier Duarte, que terminó con la licencia del gobernador priista, retumbó en el Partido Acción Nacional, que tuvo que quitar sus derechos partidistas al exgobernador Guillermo Padrés, hoy buscado por las autoridades por las denuncias de desvíos que existe en su contra en Sonora.

El PRI y el PAN, los dos principales partidos políticos en México, están siendo sacudidos por los casos de corrupción que involucran a dos de sus exgobernadores. Los priistas tienen a un exgobernador investigado y el PAN a un mandatario buscado hasta por la Interpol.

A ambos partidos les urge que se haga justicia en esos casos. Los dos han descobijado a sus exgobernadores, en un intento por deslindarse de los supuestos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder.

El PAN ha tomado como bandera pública el tema del combate a la corrupción, por lo que capturar y enjuiciar a Padrés es vital para que el partido conserve su credibilidad.

El PRI ya experimentó este año el voto de castigo por los hechos de corrupción de sus gobernadores; en el tricolor saben que, o enderezan el camino, o dan por perdida la sucesión.

Como nunca antes, los ciudadanos estarán pendientes sobre las acciones que se tomen contra estos exmandatarios porque se convertirán en un caso paradigmático de la cruzada contra la corrupción.

Si no se les lleva a la justicia, se profundizará el sentimiento de desconfianza contra la clase política y los partidos, sentimiento que podría disminuir si se les ve tras las rejas.

Todo esto ocurre justo antes del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, que avanza a paso lento a pesar de ser uno de los instrumentos que pretende atacar el grave problema de la corrupción en el país.

La corrupción y su combate –verdadero, no de simulación-, será el tema que definirá al partido o candidato que ganará las elecciones del 2018.

Corrupción, en la agenda

Resolver los señalamientos contra los exgobernadores es vital para el futuro de todos los partidos políticos; sobre todo, para el PRI y para el PAN, donde residen hoy los reclamos más importantes.

Para el tricolor la carga es aún mayor, pues involucra también al Gobierno federal.

A partir de este año, la corrupción demostró ser un tema con peso para tomar la decisión de por quién votar.

La prueba de ello es que en las elecciones de este año predominó el voto de castigo en la elección del nuevo gobernador. Este voto, guiado por la percepción de una creciente corrupción en la entidad, llevó a que el PRI perdiera varios estados que gobernaba.

Una encuesta de Parametría, publicada por el diario Milenio en junio de este año, revela que en Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Quintana Roo, el tema de la corrupción fue uno de los más importantes para definir el voto.

En Chihuahua, el 24 por ciento consideró que el ambiente de corrupción en el gobierno de César Duarte (PRI) fue determinante para votar por otra opción política. En Veracruz fue del 19 por ciento; 

en Quintana Roo, 18 por ciento.

En otra encuesta publicada por Parametría, se revela que a finales del 2015 el 62 por ciento de la población reprobaba la forma que tenía el Gobierno federal de combatir a la corrupción.

Alternancia abre la caja de pandora

Los grandes escándalos de corrupción han explotado –o se han exponenciado- a raíz de que ocurrió la alternancia en los estados.

En el caso del exgobernador Guillermo Padrés, de Sonora, fue con la llegada de la priista Claudia Pavlovich que comenzó a armarse el caso legal contra el exgobernador.

En cuanto tomó el poder, Pavlovich creó la Fiscalía Anticorrupción y desde ahí se operó toda la estrategia legal contra el panista y sus colaboradores.

Para la única mujer gobernadora del país, buscar la justicia en el caso Padrés no solo era importante para Sonora, sino para el PRI y específicamente para el grupo político de Manlio Fabio Beltrones, al que ella pertenece.

Durante todo el sexenio, Beltrones ha intentado marcar las diferencias que tiene con el grupo de priistas que se encuentra en el poder en el Ejecutivo federal.

Incluso, su salida del PRI obedeció a las múltiples derrotas en la elección de este año, motivadas en parte por el nulo combate a la corrupción que se daba desde el Gobierno federal, hecho que dejó claro en su discurso de renuncia a la dirigencia del tricolor.

En Veracruz fue también el mandatario electo, opositor al priista Javier Duarte, quien comenzó el movimiento contra el exgobernador, que terminó siendo abandonado hasta por su partido.

Aunque las denuncias ya habían comenzado con la revisión de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), éstas se agravaron cuando Miguel Ángel Yunes ganó la elección para el PAN y el PRD.

Antaño era un secreto a voces que se hacían pactos de impunidad entre miembros de la clase política para mantener sin aclarar las acusaciones públicas de actos de corrupción y otros delitos.

Hoy, es crucial que la clase política dé cauce, al menos de manera parcial, a los hechos de corrupción más escandalosos que se susciten de aquí a la fecha de la elección. De ello dependerá su futuro.

De gobernadores ¿a prófugos?

No solo son los casos de Guillermo Padrés, del PAN, o Javier Duarte, del PRI. Los señalamientos de corrupción y de un manejo erróneo del poder han tocado a otros gobernadores y exgobernadores.

Están también los casos de César Duarte (PRI), exgobernador de Chihuahua; y Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo.

A ellos se suma Ángel Aguirre, el exgobernador perredista de Guerrero, a quien se le acusó de armar una red de corrupción.

Todos han pasado de estar en la cumbre del poder en sus estados, a ser objeto de múltiples sospechas y señalamientos que podrían llevarlos a enfrentar la justicia.

En el caso de Guillermo Padrés, el panista pasó de ser gobernador de Sonora a ser prófugo de la justicia por quien, incluso, ya la Policía Internacional (Interpol) lanzó una ficha roja para su captura.

Javier Duarte pidió licencia para enfrentar las acusaciones en su contra –dijo-, pero ya ni siquiera se presentó a entregar su carta de licencia al Congreso estatal. Desde ese día no ha hecho ninguna presentación pública nuevamente.

César Duarte, contra quien pesan señalamientos de enriquecimiento ilícito y corrupción, ni siquiera acudió a la ceremonia de toma de protesta del nuevo gobernador, el panista Javier Corral. Desde entonces no se le ha visto públicamente.

La acusación sobre la supuesta inversión indebida del gobernador en el Banco Unión Progreso, del que presuntamente es dueño, provocó el repudio de la mayor parte de la ciudadanía, lo que derivó en la elección de un opositor para la gubernatura.

La bandera electoral de Javier Corral durante toda su campaña fue que llevaría a César Duarte a la cárcel, por sus actos de corrupción.

En el caso de Roberto Borge, tampoco acudió a la toma de protesta de su sucesor, el opositor Carlos Joaquín, y no ha vuelto a aparecer públicamente.

Una de las acusaciones contra Borge es que a su alrededor se orquestó una red para despojar de propiedades millonarias a varias personas, en Quintana Roo, así como el aumento de la deuda y el tráfico de influencias.

Otro caso que cobró relevancia una vez que salió del poder fue el de Ángel Aguirre, exgobernador perredista de Guerrero.

A principios del 2015, la PGR reveló que investigaba desvíos por más de 287 millones de pesos en el gobierno de Aguirre –en cuyo sexenio ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa-, a través de una red de empresas fantasma.

Incluso, el hermano del exmandatario, Carlos Mateo Aguirre, fue aprehendido en febrero del 2015, aunque luego fue liberado en octubre de ese año.

Por ese escándalo, el PRD retiró su apoyo a Ángel Aguirre, quien renunció al partido del Sol Azteca en febrero del año pasado. Sin embargo, el caso no pasó a mayores y Ángel Aguirre no ha sido llamado ante las autoridades.

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