Elecciones vulnerables ante la delincuencia

A mes y medio del inicio de las precampañas electorales para elegir candidatos a alcaldes y diputados locales, Jalisco carece de un manual para blindar los comicios de una intromisión del crimen organizado.

Hechos como el de Ayotzinapa, en Guerrero, que develaron el vínculo entre autoridades estatales y el crimen organizado, han alertado al gobierno de Jalisco del priista Aristóteles Sandoval Díaz.

“El gobernador está preocupado”, expresaron cuatro asistentes a la reunión que el gobernador sostuvo el 23 de octubre pasado en Casa Jalisco con los dirigentes de los nueve partidos políticos existentes en el estado, los cuales recibirán un total de poco más de 330 millones de pesos en prerrogativas para el año próximo.

El objetivo principal era la firma de un pacto entre el Gobierno del Estado y los partidos. Pero todo quedó en la elaboración de un borrador que se discutiría al regreso del mandatario de una gira por Asia, la cual concluyó el viernes 7 de noviembre.

El gobernante puso a disposición de los partidos todos los servicios de inteligencia del estado para investigar a los futuros candidatos. La elaboración de “fichas” desde la Secretaría General y la Fiscalía estatal fueron propuestas concretas.

Desde los partidos se pidió que se vigilara a aquellos políticos que no son electos candidatos por su partido, pasan a las filas de otro y suelen hacer un gasto desmedido de recursos.

Una última petición hizo el gobernador: que los partidos fueran cuidadosos para abordar el tema de la seguridad pública en sus campañas, es decir, que no hicieran leña del árbol caído en un asunto nada halagador para la administración estatal. 

“En esa reunión se hicieron planteamientos que en espíritu hay que agradecer, pero que en la práctica resultan absurdos cuando te dicen: tú, partido político, pregúntale al Gobierno del Estado si alguna persona está involucrada con el crimen organizado y nosotros te decimos si en nuestra información confidencial existe ese dato. La primera pregunta que haría es, ¿por qué andan sueltos?

“O planteamientos simplones de algunos partidos políticos que dicen ‘en los pueblos ya sabemos quién anda con la maña’. Si sabes, ¿por qué no lo has denunciado?”, detalló Hugo Luna, dirigente estatal de MC.

Como estrategia, MC pedirá a instancias estatales y federales, toda la información de sus candidatos y fiscalizará cada peso desde las precampañas. 

El PAN también será cuidadoso de los ingresos en precampañas y no dudará en la cancelación de candidaturas, según su dirigente Gustavo Macías.

“En las poblaciones es común que se conozca a fondo a la gente y sepamos, cuando hay una propuesta de regidor o síndico, de quién se trata. La preocupación es cuando eres candidato, recibes chantajes, presiones u ofrecimientos económicos, esa es la preocupación mayor”, añadió el panista.

“En los pueblos todos se conocen, todo mundo sabe que Juan Pérez es un agricultor y ganadero de bien o que no lo es. Ahí es donde debemos estar atentos para no cometer el error de permitirle al crimen organizado que se infiltre en el estado, como lo ha hecho a partir de la cadena del eslabón más débil que son los municipios”, añadió el presidente saliente del PRD Jalisco, Juan Carlos Guerrero. 

Vacíos aprovechados

Durante su campaña, hace un par de años, un excandidato a la alcaldía de un municipio de la región Costa Sur -su identidad se omite por seguridad- fue interceptado por hombres armados, quienes le ofrecieron apoyo para conseguir el cargo que aspiraba.

El excandidato rechazó la oferta y perdió la presidencia municipal; es uno de los tantos casos que suceden en elecciones regionales de Jalisco.

El 18 de octubre pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz reconoció que en el estado hay 25 municipios que representan focos rojos en materia de seguridad. No dio más detalles, sólo dijo que son de las regiones Valles, Costa Sur y Norte.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) ha reconocido que en las regiones se habla de la intromisión de grupos criminales en elecciones. 

“En el argot social se ha comentado, que en ciertos municipios hay posiblemente influencia de estos grupos (criminales). “Ellos por ahí merodean en las campañas y seguramente otorgan regalos u otorgan dádivas a los candidatos”, dijo el 7 de agosto pasado a Reporte Indigo, Héctor Díaz, titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos del IEPC.

A partir de los hechos ocurrido en el estado de Guerrero, donde el alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca se vio involucrado con grupos criminales locales, académicos señalan que el narcotráfico será clave en la elección del 2015, por su poderío y su capacidad de financiar campañas.

“Se puede, de alguna manera relativamente blindar como acción preventiva, pero hay otras formas de actuar del crimen organizado en el que una vez que ganan los gobiernos ellos entran, amagan, amenazan, amedrentan y pueden cumplir las amenazas en un momento dado en contra de servidores públicos”, apuntó Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG.

“Hoy se toca al Gobierno del Estado de Jalisco, al primer círculo, al ejecutivo, con el secretario de turismo; posteriormente se toca el gobierno municipal con la ejecución de un presidente municipal, y en tercero y último nivel se toca la esfera federal con el levantamiento y ejecución del diputado federal, entonces en menos de año y medio se toca a estatal, municipal y federal”, agregó.

En lo que va de la administración de Sandoval Díaz, más de 70 funcionarios públicos de distintos niveles han sido asesinados, en un periodo menor de dos años. 

Entre ellos el exsecretario de Turismo, Jesús Gallegos, en 2013; el alcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez Torres, y el diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, ambos ocurridos durante este año.

Respeto a la ley

“Lo que tiene que hacerse, por la situación que atraviesa nuestro país, es generar políticas públicas encaminadas en evitar la intromisión del crimen organizado a la política, porque esto puede darle un crecimiento exponencial a la misma (…).

“Efectivamente no hay un blindaje institucional serio, que evite la intromisión del crimen organizado en las esferas de gobierno”, añadió el experto de la UdeG, Francisco Jiménez.

Y planteó que las nuevas reformas en materia electoral deben estar acompañadas de  una estricta aplicación de ellas, para que no queden en letra muerta.

El presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, reconoció que el organismo está limitado para evitar la infiltración del crimen organizado en elecciones, ya que corresponde a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) averiguar tal intromisión, así como a los propios partidos.

“Al final esa es una atribución que sólo corresponde a ellos (los partidos) y en la que nosotros poco podemos intervenir, a menos que ellos, a través del informe que nos rindan, nos permitan conocerlo”, explicó Alcaraz Cross.