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Elizondo y su pandilla

El priista Pablo Elizondo García ha convertido a la delegación de la Sedesol de Nuevo León en una guarida para exfuncionarios del Municipio de Montemorelos.

Todos con cuentas pendientes, como el mismo Elizondo García, ante la Auditoría Superior del Estado.

El exalcalde de Montemorelos y hoy funcionario federal no es el único exservidor público de ese Ayuntamiento acusado por desvío de recursos y que  hoy trabaja en la Sedesol.

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El priista Pablo Elizondo García ha convertido a la delegación de la Sedesol de Nuevo León en una guarida para exfuncionarios del Municipio de Montemorelos.

Todos con cuentas pendientes, como el mismo Elizondo García, ante la Auditoría Superior del Estado.

El exalcalde de Montemorelos y hoy funcionario federal no es el único exservidor público de ese Ayuntamiento acusado por desvío de recursos y que  hoy trabaja en la Sedesol.

Elizondo García les dio refugio en su dependencia a polémicos excolaboradores que trabajaron con él en la administración municipal de Montemorelos y que hoy son señalados por la Auditoría Superior en sus revisiones.

Uno de ellos es Fernando Daniel Torres Sánchez, extesorero municipal de Montemorelos y contra quien el órgano fiscalizador estatal presentó una denuncia por fincamiento de responsabilidad administrativa, debido a malos manejos de recursos públicos.

La revisión de la cuenta pública 2012 de Montemorelos, que realizó el órgano de fiscalización del Estado, derivó en 19 observaciones que suman 30 millones de pesos atribuibles a Pablo Elizondo y a su extesorero municipal.

Hoy Torres Sánchez, pese a estas denuncias que pesan en su contra, se desempeña como subdelegado de Administración de la Sedesol en Nuevo León.

En otras palabaras: Torres Sánchez, con su oscuro historial, es actualmente el responsable de las compras y adquisiciones de la dependencia federal en esta entidad.

Las irregularidades atribuibles a la administración de Pablo Elizondo no son nuevas.

Hace dos semanas, el 29 de octubre, Reporte Indigo publicó el escandaloso pago, superior a 2 millones de pesos, que autorizó Elizondo a su escolta por la supuesta compra de gasolina para los vehículos de las fuerzas federales de seguridad.

Ni Elizondo, ni su extesorero municipal, lograron justificar y comprobar este gasto ante la Auditoría Superior del Estado, por lo cual se le fincó un procedimiento de responsabilidad administrativa.

En su contestación a la Auditoría, Elizondo aceptó brincarse la normatividad en este gasto alegando que estaba en peligro su vida.

En total la ASE inició 14 pliegos presuntivos de responsabilidades y solicitó 20 procedimientos de fincamiento de responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública de Elizondo.

Durante un año que duró el proceso, ni el exalcalde ni su extesorero, lograron presentar aclaraciones para solventar las observaciones que realizó la Auditoría Superior.

En total fueron 31 observaciones que realizó la ASE a la Cuenta Pública de 2012, de las cuales 19 responsabilizan al entonces tesorero y otras 12 al exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Heriberto Rolando Treviño Urbina , quien también trabaja ahora en la delegación de Sedesol.

Además del gasto de gasolina, la ASE cuestionó el pago de 2 millones 127 mil pesos que autorizó el extesorero municipal al particular Daniel Tamez Rossell, a quien los auditores no lograron ubicar en la dirección fiscal que registró en Montemorelos.

También, a Torres Sánchez se le imputó haber realizado pagos por honorarios a personas que no celebraron contratos de prestación de servicios.

La Auditoría Superior del Estado promovió además procedimientos de fincamiento de responsabilidades en contra del exsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Treviño Urbina.

Igual que Torres Sánchez, él también trabaja en la Sedesol en el cargo de jefe de departamento, pese a los cuestionamientos que existen por su desempeño en Montemorelos.

La ASE solicitó a la administración municipal de Montemorelos, que era encabezada por el entonces alcalde sustituto Gerardo Nicolás Alanís Alanís, sancionar a los servidores públicos por las anomalías detectadas, tanto al entonces tesorero Torres Sánchez como a Treviño Urbina. 

Pero la Contraloría Municipal sólo realizó un apercibimiento privado y una amonestación y hoy estos dos exfuncionarios trabajan en la Sedesol con su también cuestionado jefe, Pablo Elizondo, sin ningún problema.

Pero hay alguien más, porque el delegado de la Sedesol también refugió a Juan Antonio Sánchez Román, su escolta en Montemorelos, a quien el Municipio le reembolsó los más de 2 millones de pesos por un supuesto gasto en gasolina que no pudo comprobar.

La dependencia que encabeza Sergio Marenco también rindió un informe a la Auditoría Superior de la Federación de ocho observaciones que involucran malos manejos de recursos federales realizados por el ahora subdelegado de Administración de Sedesol.

El día de ayer Elizondo estaba citado en la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado para sostener un encuentro con el auditor del Estado.

Sin embargo, el delegado de la Sedesol no asistió a la reunión, donde Marenco confirmó que interpondrá una denuncia penal en contra del exalcalde de Juárez, Luis García.

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Esta semana, Reporte Indigo publicó que justo en los tiempos en que el priista dejaba la Alcaldía de Montemorelos, su administración pagó en tres meses más de 2 millones de pesos a uno de sus escoltas por un supuesto consumo de gasolina.