El Congreso de la Ciudad de México asestó un nuevo golpe al Sistema Local Anticorrupción (SLA): busca restarle facultades con una iniciativa de Ley.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano que preside al SLA, denuncia que la reforma propuesta pretende que el sistema no pueda designar las ternas de los titulares del Órgano Interno de Control (OIC) del Legislativo, ni del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).
Los OIC son los departamentos que vigilan que las entidades e instituciones no cometan irregularidades y realizan auditorías para vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Pero no es todo, el CPC también acusa que los órganos que conforman el SLA no tienen interés en defender las facultades del sistema.
La nueva problemática se suma a que el SLA ha operado sin recursos desde que fue instalado en el 2020.
La pugna por los contralores
El 15 de octubre pasado, el Congreso de la capital del país rechazó la terna de aspirantes para encabezar su contraloría, propuesta derivada de un proceso encabezado por el CPC.
Designar a los aspirantes a contralores de los órganos autónomos y poderes locales es una facultad del SLA, según su ley orgánica que fue publicada en el año 2020, cuyo propósito es evitar los conflictos de intereses y garantizar la imparcialidad dentro de los OIC.
Posteriormente, el 25 de octubre, el CPC volvió a emitir la convocatoria para designar al contralor del Congreso de la capital; y el 13 de noviembre, la nueva terna quedó integrada por Lidio Ruiz García, Víctor Hugo Betanzos Betanzos y Carlos Alberto Chora Lagarde.
Un día más tarde, el 14 de noviembre pasado, el CPC notificó al Legislativo que la nueva terna estaba lista para su discusión, pero hasta la fecha de esta publicación, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso no ha elaborado el dictamen para su discusión en el pleno.
Sin embargo, el 2 de diciembre, el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina; y el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Von Roerich, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del SLA para quitarle al CPC la facultad de designar a los contralores del Legislativo local y del TECDMX.
“El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La persona titular de la contraloría interna será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política”, señala la principal modificación que buscan hacer los legisladores a la Ley del SLA.
Al respecto de esta situación, Edgar Téllez, presidente del CPC del SLA, acusa en entrevista que la iniciativa tiene como objetivo quitarle facultades al sistema y que el Congreso pueda designar a quien quiera en su OIC.
“La actual Ley dice que de la segunda terna que ya se envió tiene que salir el contralor y si es rechazada otra vez, el perfil se selecciona por concurso, pero aparentemente no les gustó eso en el Congreso y al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción se le hizo más fácil cambiar la Constitución de la Ciudad de México para decidir a su propio contralor”, declara.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción donde está en análisis para su posterior discusión y aprobación en el pleno.
“Nosotros seguimos sin recibir un centavo del presupuesto público (…) los verdaderos intereses que hay en la reforma se verán cuando se apruebe o rechace”
El boicot contra el Sistema Local Anticorrupción
Ante esta situación, Téllez —en su calidad de presidente del SLA— convocó a una sesión del Comité Coordinador del sistema para hacer un pronunciamiento oficial al Congreso de la ciudad por la iniciativa.
Sin embargo, de las 7 entidades públicas que conforman al SLA, solo acudió el titular de la Fiscalía Anticorrupción de la capital, Rafael Chong Flores, y no se logró el quórum para sesionar.
“Lo más extraño es que cité al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para pedir que, para cualquier modificación al sistema, primero se solicitara la opinión del comité; y resulta que solo fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los demás integrantes hicieron el vacío y no asistieron”, comenta.
En consecuencia, el SLA no se pronunció contra el dictamen de Ley que está en la etapa de estudio.
Los funcionarios que no acudieron son Araceli Damián González, directora de Evalúa CDMX; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX); Edwin Meraz Ángeles, Auditor Superior de la Ciudad de México; y Juan José Serrano, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Así como tampoco Julio César Bonilla Gutiérrez, entonces comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX); ni Jesús Anlen Alemán, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX).
El presidente del CPC del SLA considera que el acuerdo del pronunciamiento se envió con anticipación a los integrantes del órgano y antes no se había suspendido una sesión por falta de quórum; refiere que respaldan la iniciativa o que ya no están interesados en el combate a la corrupción.
“Puede ser el caso de que ya no les interesa el Sistema Local Anticorrupción de la CDMX pero en cualquier situación, esto no es alentador”, comenta.
Sin recursos
El pasado 9 de noviembre, Reporte Índigo publicó el texto “Sistema Local Anticorrupción, paralizado y sin recursos”, en el que Edgar Téllez denuncia que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la capital no había otorgado hasta esa fecha, el presupuesto prometido al SLA para poder operar en 2021.
En todo el 2021, el Sistema Local Anticorrupción de la capital del país ha operado sin presupuesto y para el 2022 tampoco se le destinó ninguna partida de recursos
Sin embargo, comenta el titular del CPC, que hasta el 21 de diciembre siguen operando sin presupuesto y para 2022 no existe ninguna partida asignada. “Nos quieren restar facultades y no tenemos un centavo de presupuesto”, concluye.
