Empresarios de la Coparmex de Baja California callaron a Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, el panista gobernador del estado, en un evento en el que participaba.
Mientras el mandatario daba su discurso en un desayuno de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Tijuana, los asistentes comenzaron a golpear sus copas con los cubiertos, pidiendo que ya terminara su intervención.
En un video publicado por el sitio Periodismo Negro, de Baja California, se observa a “Kiko” Vega hablando en el podium, mientras decenas de empresarios hacen ruido desde sus mesas.
“Muchas gracias por su paciencia”, terminó su mensaje, antes de retirarse del lugar sin desayunar.
El gobernador de Baja California tiene una crisis de imagen en su estado.
Desde hace un año, el movimiento de resistencia civil se pronunció contra varias de las medidas tomadas por su Administración.
La que ha provocado más conflicto es la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali, pues los pobladores
acusan que usará el agua que estaba destinada para su consumo y para el cultivo en la zona agrícola.
Sin embargo, no es el único frente que “Kiko” Vega tiene abierto.
Desde el Senado, el PRI ha pedido una investigación sobre un posible desfalco en la construcción de los centros de justicia penal en esa entidad.
PRI va contra ‘Kiko’
Esta semana, la bancada del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe de la solventación de las observaciones que hizo al gobierno de Baja California por irregularidades en la construcción de los nuevos centros de justicia penal.
El daño al erario, acusan desde el tricolor, habría sido de más de 15.5 millones de pesos.
“El gobierno de Baja California no llevó a cabo el procedimiento de licitación pública mediante convocatoria pública para la construcción del Nuevo
Centro de Justicia Alternativa Penal, la construcción del Centro de Justicia Penal, en el municipio de Ensenada y la construcción del Centro de Justicia Penal en el municipio de Tecate, que fueron asignados mediante adjudicación directa”, acusó el tricolor.
Las obras presentaron retrasos, por lo que el gobierno de la entidad debió haber aplicado retenciones del 5 por ciento como multa, que ascienden a 13 millones 587 mil pesos. Sin embargo, la ASF reportó en la Cuenta Pública del 2016.
“Con (esto) evidentemente se benefició una vez más a las empresas que obtuvieron el contrato sin la licitación correspondiente”, señala el tricolor.
En el caso de la construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal, en Ensenada, se detectaron pagos indebidos por casi 800 mil pesos; en el Centro de Justicia Penal, de ese mismo municipio, no se justificó el gasto de casi 1 millón de pesos por la “supuesta instalación” de una planta de emergencia y un generador de energía.
Además, se firmaron convenios modificatorios, autorizando obras que ya estaban en los contratos originales.
“Los datos son contundentes y dan cuenta de la ineficiencia con la que el gobierno de Baja California ejecutó los recursos destinados a la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Asimismo, evidencian la falta de compromiso de este gobierno por consolidar un sistema de procuración de justicia eficaz y transparente”, sentenciaron los senadores priistas.
