Empresarios ‘en plantón’

Una peculiar protesta tomará la avenida Reforma. Esta vez, integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se concentrarán en el Ángel de la Independencia para exigir a senadores y diputados la aprobación inmediata del Sistema Nacional Anticorrupción.

La llamada “Ruta Coparmex contra la Corrupción” forma parte de la campaña pública que emprendió la clase empresarial del país para presionar a los integrantes del Congreso de la Unión para que avancen en las leyes que permitan transparentar la rendición de cuentas.

Las delegaciones estatales de la Coparmex, que aglutinan a más de 36 mil empresas en el país, respaldan dicha estrategia que señala a la clase política de no sensibilizarse ante los problemas de inseguridad e injusticia, de corrupción y pobreza, mientras continúan los casos de servidores públicos que se benefician de manera ilegítima con los recursos públicos.

Los empresarios parten de la más reciente evaluación del Índice de Transparencia Internacional en el que México ocupa el sitio 103 de 174 países evaluados del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, en el que la corrupción es identificada como el factor más problemático para hacer negocios en México.

Con ese panorama a cuestas, la Coparmex no cede en su intención de exigir que se aceleren las reformas que permitirán establecer en la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción y la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información.

El llamado que hará hoy la Coparmex en la ruta anticorrupción será a las distintas fuerzas políticas del PRI, PRD, PAN y Morena para que se aprueben las modificaciones necesarias y contrarrestar dos grandes lastres que no permiten que México avance como nación: la corrupción y la impunidad.

Los empresarios señalan que en el exterior prevalece la percepción de que los niveles de corrupción existentes en México son elevados.

El proyecto en el Senado

Apenas esta semana, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La nueva Ley obligaría a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión a presentar ante las autoridades sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

En la primera sesión del periodo extraordinario se aprobó en lo general, con 116 votos a favor y cuatro en contra, los dictámenes que incluyen la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.

No obstante que apuntan a la rendición de cuentas, no será obligatorio que hagan públicos los detalles, por ejemplo, los montos, los valores de sus propiedades y tampoco la ubicación de inmuebles, sólo será así cuando el funcionario lo autorice.

En el paquete de nuevas leyes se prevé la creación de una Fiscalía Anticorrupción cuyo titular será nombrado por el Senado de la República.

Se buscará que dicha Fiscalía sea un órgano con autonomía técnica y operativa, para investigar y perseguir los hechos que la ley considere actos de corrupción y contará con agentes del Ministerio Público especializados.

En el caso de los particulares, en su carácter de contratistas, permisionarios, asignatarios, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento de bienes del dominio de la federación que oculten o proporcionen información a cambio de un beneficio, serán castigados con hasta 12 años de prisión.

Las sanciones anteriores forman parte de las reformas al Código Penal federal en materia de combate a la corrupción, que el Senado aprobó como parte de las leyes secundarias que reglamentarán al Sistema Nacional Anticorrupción.

Protestarán sin marchar

La llamada “Ruta Coparmex contra la Corrupción” será una manifestación pública en el Ángel de la Independencia que no contempla movilizaciones en la Ciudad de México.

Lo anterior en coherencia a la postura del presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, quien ha insistido en que los capitalinos se han convertido en “rehenes cotidianos” de diversos grupos de presión, como la CNTE.

Padilla Zenteno ha insistido a las autoridades del gobierno central para que se haga respetar el estado de derecho en la capital, garantizar el derecho a la manifestación sin alterar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Y sin permitir acciones vandálicas que afecten a los comerciantes establecidos que se encuentran a lo largo de Reforma, Juárez y el Zócalo.