Los días de Patricia Aceves al frente de la alcaldía Tlalpan están contados: el 30 de septiembre dejará el cargo, sin embargo, su gestión quedará manchada por diversas anomalías.
La alcaldía contrató en octubre de 2020 a una empresa para dar mantenimiento al parque vehicular.
No obstante, la adjudicación fue irregular: Técnica Automotriz Avanzada fue beneficiada con un acuerdo comercial de más de un millón de pesos a pesar de que no está registrada ni autorizada para ser proveedora de la administración pública local.
Esta no es la única irregularidad en lo que se refiere a los contratos del parque vehicular; también en 2020, la demarcación territorial compró automóviles a sobreprecio, por lo que dos funcionarios de su gobierno fueron separados.
La alcaldesa Patricia Aceves dejará de estar al frente de Tlalpan el próximo 30 de septiembre, pero a lo largo de su gestión se han documentado diversas anomalías en contrataciones
Contrato millonario en Tlalpan
En octubre de 2020, el gobierno de Aceves firmó el acuerdo comercial AT-2020-090 para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a vehículos con la empresa Técnica Automotriz Avanzada.
Según el apartado de declaraciones, Galdino Arturo Sosa es su representante legal y la compañía está constituida conforme a las leyes mexicanas desde 1998.
Mientras que el giro de la empresa es la “Reparación y mantenimiento de automóviles, camiones con motor a diésel, gasolinas, así como automotores en general”, indica el documento.
A su vez, el monto aprobado como pago a la compañía fue un millón 192 mil 928 pesos.
Por último, los funcionarios que autorizaron por parte de la demarcación son Diana Soto Araballo, directora general de administración; Antonio Andrade Parissi, director de recursos materiales; y Alejandro Vázquez Vicenteño, subdirector de servicios generales.
Sin registro
El contrato referido fue firmado de manera presuntamente irregular porque la empresa no está en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México ni dada de alta ante las autoridades federales, pese a que es un requisito que establece la Ley.
“A partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración Pública de la Ciudad de México”, menciona un aviso en el portal de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) donde se puede consultar las empresas inscritas al padrón.
Sin embargo, Técnica Automotriz Avanzada no se encuentra en la lista para ser contratista de la administración pública de la ciudad, de acuerdo con una consulta hecha a este padrón.
Pero no es la única anomalía, la empresa tampoco aparece en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, lo que significa que no está dada de alta como una persona moral con actividades empresariales y tampoco tiene folio real ni un giro mercantil.
Que Técnica Automotriz Avanzada no se encuentre en el SIGER va en contra del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente que estipula que cuando una persona física o moral no se encuentre en el registro único de proveedores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene que acreditar su existencia legal para participar en contratos con la administración gubernamental.
“Se deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el caso de proveedores extranjeros, la información requerida en esta fracción deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate”, detalla el reglamento.
Vehículos, irregularidad constante
La anomalía mencionada se suma a otras que han ocurrido en lo que corresponde al parque vehicular de Tlalpan.
El 14 de agosto de 2020, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana y América Rangel Lorenzana, presentaron un punto de acuerdo ante la primera legislatura del Congreso para que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigara penalmente el contrato AT2019-111-ADQ firmado por la adquisición de 38 vehículos.
Los legisladores afirmaron que, según diversas versiones periodísticas, en la compra de las unidades hubo un sobreprecio de al menos un millón 100 mil pesos.
También acusaron que la empresa a la que se otorgó el contrato, Corporativo Hever S.A. De C.V., era de las favoritas de Tlalpan.
Ese mismo día, en respuesta al punto de acuerdo, la alcaldía informó que había separado a dos funcionarios por comprar vehículos a sobreprecio.
La demarcación detalló a través de una tarjeta informativa que los dos funcionarios estaban bajo investigación por el Órgano Interno de Control de la alcaldía.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce el estado de las investigaciones o si se les impuso a los funcionarios involucrados sanciones adicionales.
