En busca de la pacificación en Guajes de Ayala
Los habitantes del ejido de Guajes de Ayala, en Guerrero, esperan que las autoridades estatales instalen de manera permanente una Base de Operaciones Mixtas ante las agresiones y el acoso del crimen organizado que busca aprovecharse de la madera de los bosques de forma ilegal
Laura IslasGuajes de Ayala busca la paz. Los habitantes de este ejido ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en la sierra de Guerrero, piden a las nuevas autoridades estatales encabezadas por la morenista Evelyn Salgado la instalación permanente de una Base de Operaciones Mixtas en la zona para protegerla del crimen organizado que los hostiga.
En este 2021 ha sido uno de los territorios que está en la mira de grupos delictivos presuntamente pertenecientes a La Familia Michoacana, quienes, han denunciado sus pobladores, buscan apoderarse de los bosques para vender la madera de manera ilegal.
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El costo de oponerse a la tala clandestina ha sido alto para los habitantes de este ejido que tiene una superficie de más de 18 mil hectáreas de tierra: diversos enfrentamientos, dos desaparecidos, amenazas de muerte y cientos de personas desplazadas.
1,050
“La petición a la nueva gobernadora es que se nos apoye, que voltee a ver al territorio de Guajes de Ayala y toda la sierra del estado de Guerrero; y a nosotros que se nos apoye con una base mixta para volver a la normalidad al territorio de Guajes de Ayala”, dice Javier Hernández, secretario del comisionado del ejido.
Año violento
A finales de febrero de este 2021, la situación en el ejido de Guajes de Ayala fue noticia nacional porque habitantes reportaron que integrantes del crimen organizado incursionaron en al menos tres de sus comunidades, por lo que mujeres y niños tuvieron que resguardarse en espacios como centros de salud.
El 30 de marzo, otro grupo criminal se presentó en su campamento, saqueó su madera y robó materiales, lo que provocó que cientos de pobladores abandonaran su hogar para proteger su integridad. Todo fue reportado en redes sociales, donde pidieron auxilio.
Javier Hernández, secretario del Comisionado de Guajes de Ayala, explica que a partir de esos sucesos han pedido seguridad y una Base de Operaciones Mixtas permanente en la zona. Pero los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal sólo acuden después de que hay un ataque y, cuando se marchan, las agresiones continúan.
“La mandaron, estuvo por tres meses y en junio se retiró, pero el 7 de junio volvieron a hacer la avanzada (los grupos criminales). Ahorita después del 10 de junio llegaron SEDENA y Guardia Nacional y policías del estado y el 11 hubo una serie de enfrentamientos directamente contra ellos, salieron elementos de la Guardia Nacional agredidos”, relata Hernández.
Sin embargo, los elementos de seguridad federal y estatal se empezaron a retirar nuevamente el 7 de septiembre y las incursiones de los hombres armados comenzaron otra vez, una de las últimas dice que se registró el pasado viernes 24 de septiembre.
“A raíz de todo esto mandamos un escrito al nuevo gobierno entrante, a la nueva gobernadora, para que nos apoye para dar seguridad con una nueva base y seguridad a las localidades y salvaguardar la seguridad de las familias, porque a raíz de todo esto ha habido un número no cuantificable de desplazados, mil 050 personas que optaron por huir por la violencia”, dice Javier Hernández.
Desplazamiento masivo en Guajes de ayala
El ejido de Guajes de Ayala está conformado por 32 localidades. El secretario del Comisionado, Javier Hernández, calcula que alrededor del 70 por ciento de la población se ha visto obligada a desplazarse.
“La mayoría se desplazó a otros lugares, a otros estados o al vecino país del norte, a la frontera, otros más están esperando para irse también a Estados Unidos y a diferentes partes, no fueron desplazamientos ordenados. En realidad, creo que ni el Gobierno federal en este caso tiene un número exacto, cuantificado de los desplazamientos”, señala.
Según Hernandez, más de mil personas han huido de la violencia y sólo hay alrededor de 350 personas viviendo en el ejido, entre ellas adultos mayores, mujeres y niños, lo que es preocupante porque son población vulnerable.
“No se sabe qué va a pasar con la educación, no hay salud, tenemos un centro de salud abandonado, no hay doctor, no hay medicamentos. El acceso al municipio, el cual es único que nos comunica a Coyuca de Catalán, está bloqueado por la delincuencia, es decir, no podemos abastecer los suministros de la canasta básica, alimentación, ahorita lo que se provee es lo que podemos conseguir en el mismo territorio, se carece de muchas cosas”
Los pocos habitantes que permanecen en el territorio lo hacen porque quieren proteger sus recursos naturales y su patrimonio, que es lo único con lo que cuentan, por lo que para ellos es esencial tener el apoyo y la protección de las nuevas autoridades estatales.
“Quienes estamos en el territorio no hemos optado por desplazarnos aún debido a que hay mucho que perder o quizá nada pero, como gente de la sierra, lo que tenemos, mucho o poco, quizá es lo que hemos logrado toda la vida, estamos aferrados a defender el territorio, los recursos naturales que son mucho.
“Quienes estamos no hemos optado por desplazarnos, a raíz de esto surge el documento (dirigido a la gobernadora), también las peticiones de apoyo al gobierno de Astudillo (hoy exgobernador), que legalmente nunca hizo nada, todo el tiempo minimizó el problema, tenemos esperanza que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y de alguna forma nos beneficie para no tener que desplazarnos o tener que perder lo que tenemos o lo que estamos defendiendo”, de la pacificación dice Hernández.
