En el nombre del copyright
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, pero las modificaciones podrían vulnerar derechos básicos de los ciudadanos en nombre del copyright.
La propuesta establece sanciones desde seis meses hasta seis años de prisión y multa de tres mil días de salario a los administradores de sitios “ilegales” de Internet que pongan a disposición del público archivos electrónicos que permitan la reproducción y distribución de obras protegidas por esa norma.
Rocío AguileraLa fracción del PRI en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, pero las modificaciones podrían vulnerar derechos básicos de los ciudadanos en nombre del copyright.
La propuesta establece sanciones desde seis meses hasta seis años de prisión y multa de tres mil días de salario a los administradores de sitios “ilegales” de Internet que pongan a disposición del público archivos electrónicos que permitan la reproducción y distribución de obras protegidas por esa norma.
El sitio especializado en tecnología ALT1040, ha comparado la reforma con la Ley Sinde-Wert en España, y con otras que han intentando implantar otros gobiernos, pero que no han prosperado porque su aplicación es impráctica y en el proceso se termina violando el derecho de autor, “criminalizando a personas que intercambian contenido sin fines de lucro y poniendo en peligro la esencia misma del Internet”.
Esta ley permitiría al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual acceder a datos privados de los usuarios, incluso sin la orden de algún juez, por lo que se violaría el derecho de privacidad.
La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) fue la primera en solicitar que la iniciativa se analice cuidadosamente para no afectar el crecimiento en la adopción de Internet.
Como pidió Carlos Ponce Beltrán, presidente del Amipci, en una carta enviada al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, la iniciativa debe ser motivo de amplias y públicas deliberaciones antes de que sea aprobada y afecte otras áreas.
(Con información de Notimex)