Desde septiembre pasado, se han registrado 25 asesinatos de distintos políticos a nivel local y regional. De ellos, 9 han sido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 9 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 2 de Movimiento Ciudadano, 2 de Morena, uno del Acción Nacional, uno del Partido del Trabajo, uno de Nueva Alianza y uno más del Partido de los Pobres, del estado de Guerrero.
Los casos más sonados han sido el atentado donde perdió la vida el diputado con licencia Francisco Rojas San Román, quien aspiraba a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli por el PRI; el asesinato de Adolfo Serna Nogueda, aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero; o la muerte de José Jairo García Oliver, quien buscaba una diputación local de Puebla por el PAN.
Es por ello que un grupo de senadores han pedido al Gobierno federal y a los gobiernos estatales para que tengan protocolos de protección a las autoridades electorales y candidatos que participan en este proceso electoral del 2018.
“En el marco electoral los actores políticos participantes se encuentran en riesgo, lo cual constituye un problema, tanto para las personas afectadas como para el desarrollo de la democracia en el país, porque los atentados contra precandidatos, candidatos y actores políticos afectan el buen desarrollo de las elecciones”, indicó la bancada del PRI.
“Resulta necesario generar acciones que permitan proteger a las y los candidatos a cargos de elección popular; pero también a los simpatizantes que participan en los mítines, las campañas y las reuniones políticas a fin de poder consolidar un proceso limpio, transparente y sobretodo, seguro para todos y pacífico”, expusieron en su punto de acuerdo.
Indicaron que la complejidad del proceso electoral, que es el más grande en la historia del país, demanda que los tres niveles de gobierno se coordinen para garantizar estas acciones de seguridad para los participantes en la elección.
