El PRD exige que Monex explique de dónde vienen los fondos que se están distribuyendo a través de esos monederos electrónicos
Los coordinadores parlamentarios del PRD, Carlos Navarrete y Agustín Guerrero, y el dirigente de este partido, Jesús Zambrano, acudieron ayer a presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta denuncia se gesta luego de que se hizo público que, a través del Banco Monex, se realizó una operación financiera vinculada a la cuenta bancaria de la empresa Frontera Television Networks, propiedad de José Luis Ponce de Aquino.
El empresario estadounidense presentó el 7 de junio pasado una demanda en la Corte estadounidense, en el distrito centro de California, en contra de miembros del equipo de Enrique Peña Nieto.
Los acusó de incumplimiento de contrato, conspiración y fraude argumentando que su compañía firmó un contrato para obtener 56 millones de dólares en la promoción de la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos.
En entrevista con Reporte Indigo, el senador Carlos Navarrete cuenta que luego de que se conoció esta información comenzaron a investigar al Banco Monex. Se trata, dijeron, de un grupo financiero mexicano conformado por tres entidades financieras: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos.
Las tres entidades financieras ofrecen servicios de cambios de divisas, fondos de inversión, de mercado bursátil, de cartas de créditos, de créditos con garantía de inventarios y también de importación.
Navarrete asegura que, a través del Grupo Financiero Monex, el PRI opera la elección del primero de julio. Y que lo hace a partir de la distribución de “monederos electrónicos”.
El legislador asegura que estas tarjetas se usan de forma indiscriminada en los 300 distritos electorales del país. “Trescientos paquetes de monederos electrónicos en tarjeta con fondos ilimitados para la operación electoral del PRI”.
Es por esta razón que el PRD solicitó ayer jueves a la PGR abrir una averiguación previa para que, en paralelo con la Comisión Bancaria y de Valores, cite al Grupo Financiero Monex.
El propósito es que explique de dónde vienen los fondos que se están distribuyendo a través de esos monederos electrónicos y defina los “montos, conductos y orígenes” de estos recursos.
Navarrete señaló que la PGR y el Instituto Federal Electoral (IFE) deben investigar si estos fondos depositados en Monex son del IFE. O si acaso “tienen otro origen y si se están rompiendo los topes de campaña”.
Al respecto, el senador perredista formula cuatro interrogantes que considera indispensable se respondan:
1. ¿Se trata de fondos que el IFE le dio al PRI para que los distribuya a través de esos monederos electrónicos? 2. ¿El monto que el PRI está gastando vía los monederos de Monex están dentro de los límites del tope de campaña que el IFE autorizó o no? 3. ¿Los monederos de Monex los tiene controlados el IFE para gasto de campaña o no?, y 4. Si Monex participó en la transferencia de los 56 millones de dólares a la cuenta del empresario estadounidense que hoy está demandando al PRI, ¿esos 56 millones terminaron en la cuenta de Monex y es lo que está distribuyéndose a través de los monederos electrónicos?
Las anteriores preguntas, aclara, son “presunciones, sospechas y hechos concretos”.
-¿Esos monederos son tarjetas que ustedes ya ubicaron físicamente?
“Sí. De ahí se derivó nuestra preocupación y denuncia ayer en la Comisión Permanente” , dice Navarrete.
-¿Tienen algún logo en específico para identificarlas?
“Sólo el de Monex… No dicen PRI, no dicen nada. Son una pequeña tarjeta electrónica que tiene un código y un chip, con ‘Monex’ como identidad. Pueden ser utilizadas en los cajeros electrónicos de cualquier banco, porque tienen fondos, y para adquirir productos, pagar servicios, es decir, es un tarjeta de débito en los hechos.
-¿Tienen algún testimonio de alguna gente en concreto que haya hecho alguna denuncia o que esté hacienda uso de estas tarjetas?
“Por supuesto. Estamos haciendo acopio de testimonios y de tarjetas en algunas entidades del país para que rindan su declaración ante la PGR y presenten las tarjetas correspondientes.
-Ustedes están presumiendo que este dinero se le entrega a la gente para que dé su voto o es para los operadores, en este caso concreto, del PRI
”No sabemos para qué objetivo está planeado, lo que sabemos es que está en manos de los operadores priistas, en los distritos que pueden disponer de los recursos de los cajeros automáticos.
“Pueden pagar servicios, comidas, salones, pago de vehículos, de autobuses, pago de propaganda con esa tarjeta. Y que presumimos es una tarjeta que está fuera de los controles del IFE. Eso es lo grave.
“¿Cuántos millones hay ahí? No tenemos idea. ¿De qué magnitud es el trasiego de fondos? No tenemos idea. Eso le corresponde a la PGR investigarlo”.
Acreditan otros delitos electorales
Fue totalmente fortuito. Sucedió cuando colaboradores de los coordinadores del grupo parlamentario del PRD se encaminaban hacia la sede de la PGR, ubicada a dos cuadras de las oficinas del Senado.
Vieron que en la esquina de Reforma e Insurgentes un grupo de jóvenes promocionaba a Enrique Peña Nieto y repartían algo.
El senador Navarrete cuenta cómo se toparon a plena luz del día un delito electoral enplena lateral de la avenida Reforma.
Uno de los auxiliares de los legisladores se acercó. Le entregaron una tarjeta telefónica de prepago. La misma tiene impresa el logo de PRI y la imagen sonriente delcandidato tricolor.
El colaborador les preguntó:
-¿Y estapara qué me sirve?
-Ah… Ráscalo, pon tu clave, mételo a tu celular e inmediatamente se te da un crédito de 50 pesos tiempo aire.
-¿Nada más así?
-Sí. Esperamos tu voto a cambio.
Minutos después, el auxiliar se volvió a acercar a los muchachos para investigar más. Les volvió a inquirir:
-Oigan, ¿y pueden darme otra?
-Sí te podemos dar otra. Acábate esa y te podemos dar otra.
Fue entonces que un chico le dijo a su auxiliar: “Hay suficientes, vamos a distribuir 5 millones en todo el país”.
Esto lo refiere Navarrete y dice supone un gasto de 250 millones de pesos de tiempo aire, vía telefónica, siendo que los topes para gastos de campaña son de 336 millones.
“Pero además está prohibido. La ley dice que un candidato y un partido no puede ofrecer dinero o su equivalente –servicios, utensilios– a cambio del voto”, dice el perredista.
Reporte Indigo tuvo en sus manos y pudo fotografiar la tarjeta telefónica de prepago a favor de EPN. Otra prueba que Zambrano, Navarrete y Guerrero entregaron ayer la PGR para que investigue “quién pagó el tiempo aire de esas llamadas telefónicas, qué convenio se hizo, quién imprimió las tarjetas, por qué tienen el logo de un partido político y la imagen de un candidato”, apunta Navarrete.
Por otra parte, el diputado Agustín Guerrero precisó a esta publicación que agregaron dos elementos de prueba supervenientes a una denuncia que el PRD ya había presentado semanas atrás.
Uno son las tarjetas telefónicas antes mencionadas que, asegura Guerrero, está repartiendo la estructura organizativa del PRI “a cambio del voto a Peña. Eso es compra de voto”.
La otra se refiere a un álbum de estampitas. Lo están repartiendo en el Estado de México a las familias. A los niños en concreto. Les dicen que a los primeros 300 que lo llenen les regalarán un Ipad.
“Trescientos Ipads de 10 mil pesos es también una cantidad significativa”, comenta el legislador.
Esta es otra de las pruebas supervenientes que presentaron para acreditar que Peña Nieto ya rebasó los topes de campaña.
A partir de hoy, la autoridad judicial cuenta con 72 horas para integrar una averiguación previa en torno a las denuncias interpuestas por los miembros del PRD.
El diputado Guerrero, de acuerdo con la ley, la PGR tiene “72 horas para ampliación de términos para acreditar, de ser necesario, los elementos de la averiguación previa”.
Y dice que, a más tardar, el próximo miércoles, se sabrá si se procede a la presentación de las personas que señalaron. Entre ellos, “al secretario particular de EPN, al secretario de finanzas del PRI, como personajes involucrados en la utilización de recursos ilegales en la campaña de EPN. Para ese miércoles la autoridad judicial tendría que definir si procede un acto formal de presentación a los presuntos responsables y si hay elementos que permitan darle seguimiento a este proceso frente a un juez”, remata Guerrero.
