A pesar de que ninguna autoridad se hace responsable de la construcción irregular de un complejo habitacional en la colonia Valle Escondido, el Gobierno del Distrito Federal destinó casi 300 millones de pesos para ese proyecto.
De acuerdo con una solicitud de información pública identificada con el número 10500008314 a través del Instituto de Vivienda del DF (Invi) se adquirió el terreno ubicado en la calle de Rubí número 38 por un monto de 49 millones 500 mil pesos.
El costo de ejecución de la obra que se edifica para los afines a la corriente bejaranista asciende a 244 millones 578 mil 426 pesos, según la información que obra en la Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Como se dio a conocer en las ediciones del 24 y 25 de abril del 2014 de esta casa editorial, el proyecto es inviable debido a que carece de factibilidad del agua, de aforo vehicular y otros permisos.
Además, el único acceso que tendrán las 547 familias que habiten en este conjunto habitacional es a través de un callejón que mide poco menos de 4 metros de ancho y que desemboca en una vialidad que actualmente es un cuello de botella.
En silencio
Aún así, las autoridades capitalinas optaron por evitar hablar del tema, ignorando su responsabilidad y señalando que es otra la dependencia encargada de atender las demandas vecinales respecto a este caso.
Mientras la obra avanza en su fase de cimentación, los habitantes de la zona emprendieron una defensa legal que con el paso de los días ha provocado que los entes involucrados caigan en contradicciones.
Y es así como se advierten dos hipótesis: 1.- Que a través de figuras jurídicas se busca darle vuelta a la ley en beneficio de grupos perredistas. 2.- Que existe un jugoso negocio entre las autoridades y particulares con recursos públicos.
De acuerdo con el Certificado Único de zonificación de Uso de Suelo de la Seduvi, identificado con el número 46761-181MALU11 existe un permiso para construir 547 viviendas en el número 38 de Rubí, previo estudio de impacto ambiental.
Pero la obra comenzó a finales del año pasado en 9 mil 475 metros cuadrados sin contar con los estudios de factibilidad del agua, de aforo vehicular y sin los que tenía que expedirle la Secretaría del Medio Ambiente (SMA).
Mediante el oficio identificado con el número de folio Folio 112000046014 la dependencia que encabeza Tania Müller (SMA) informó a los vecinos que no han otorgado ningún permiso para ese proyecto.
“Una vez revisados los archivos que obran en la Dirección General de Regulación Ambiental, no se encontró antecedente alguno en materia de impacto ambiental, respecto al predio ubicado en calle Rubí número 38, Colonia Valle Escondido, delegación Tlalpan.
“Por otra parte la Dirección de Vigilancia Ambiental nos informa que con fecha 18/02/2014 se realizó un acto de inspección en el predio, donde se observaron trabajos de preparación de sitio y cimentación.
“No se exhibió documento alguno que acredite que cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, con motivo de las referidas acciones se abrió el expediente FF-023/2014, mismo que se encuentra en trámite”.
Amparados en la Norma 26
El Invi se escudó en la Norma 26 para concretar el proyecto, que según consta en documentos, es para beneficio de los afines de la corriente que preside René Bejarano.
Dicha normatividad autoriza obras de interés social previo cumplimiento de los permisos antes mencionados.
Sin embargo, en la misma página de la Seduvi http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cTlalpan&cuentaCatastral=153_587_32&idDenuncia=&ocultar=0&x=-99.14398700000001&y=19.279482&z=0.5 se observan contradicciones.
Ahí se indica que el Uso de Suelo se modificó y que solo se podrán construir 47 viviendas; sin embargo, el terreno se está preparando para las 547.
De acuerdo con la hipótesis de los vecinos las autoridades modificaron el uso del suelo para evitar más requisitos como el estudio de impacto ambiental y de manera arbitraria construir 500 departamentos más.
De esta forma el costo real de cada departamento será, de concretarse el proyecto, de 537 mil 620 pesos, pero las autoridades habrán incurrido en violaciones a la ley para sacar adelante la obra.
Y, con la aparición del nuevo certificado de uso de suelo, la obra estaría reducida a solo 47 viviendas, que con el costo total del predio y la ejecución de obra cada vivienda tendría un costo real de 6 millones 256 mil 987 pesos.
De ser así, se trataría de departamentos de lujo que superan hasta en nueve veces el valor máximo que fijó el Gobierno de la Ciudad para las viviendas de interés social, que es de 736 mil 825 pesos, según oficios del Registro Público de la Propiedad.
Este caso no sería nuevo. De hecho, esa fue la razón principal por la cual el gobierno capitalino suspendió la norma 26 para los desarrolladores que disfrazaban proyectos de interés social y de último momento los convertían en viviendas de lujo.
Ese modus operandi se repitió una y otra vez en la administración de Marcelo Ebrard, y en la de Miguel Ángel Mancera se hizo el anuncio de que ya no pasaría más, por lo cual la Norma 26 solo aplica para el Invi.
Y ahora, es el propio Instituto de la Vivienda quien podría estar involucrado en este tipo de prácticas, donde la Seduvi, la delegación Tlalpan, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y hasta la Secretaría del Medio ambiente están involucrados por sus omisiones.
Al menos así lo consideran los vecinos de la colonia Valle Escondido, quienes afirman que no permitirán que el proyecto habitacional concluya, ya que las afectaciones siguen aumentando en la zona.