La producción de bienes y servicios en México no sólo está acabando con los recursos naturales de la nación y desgastando el planeta, también provoca un impacto muy fuerte en el erario y en los bolsillos de la ciudadanía, quienes constantemente deben efectuar gastos no planeados para resarcir los daños ambientales del quehacer económico en el país. Situación que difícilmente se podrá revertir si no se invierte en energías renovables.
De acuerdo con el estudio Cuentas Económicas y Ecología de México 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cálculo del Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE) —lo que permite conocer el costo económico que se tendría que asumir por los daños ambientales en el país—, en 2018 fue equivalente al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa que el precio por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental alcanzaron el monto de 1 billón 019 mil 751 millones de pesos.
En contraste, los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares, fueron de 123 mil 951 millones de pesos, lo que representó el 0.6 por ciento del PIB.
De este total los principales gastos se ejercieron desde las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales; reflejándose en actividades de administración de protección ambiental, captación y tratamiento de aguas residuales, protección de la biodiversidad e investigación y desarrollo.
De esta manera, este conjunto de sectores destinó un monto de 119 mil 459 millones de pesos, equivalente al 96.4 por ciento del total de los gastos en protección ambiental.
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Oscuro panorama para las energías renovables
Durante el año pasado el sector económico de transportes, correos y almacenamiento generó los costos ambientales más elevados, llegando a la cifra de 234 mil 582 millones de pesos, en tanto que la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza lo hizo con 141 mil 826 millones.
La minería alcanzó costos por 72 mil 048 millones, la Industria manufacturera por 24 mil 833 y, por último, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final registró 15 mil 283 millones de pesos, sectores que integraron el 47.9 por ciento del total de los costos por agotamiento y degradación ambiental.
A pesar del difícil panorama en materia de cuidado del planeta al que se enfrenta México, la actual administración no sólo se ha caracterizado por su falta de atención al tema, sino que incluso ha echado para atrás compromisos acordados durante el sexenio pasado relacionados con inversiones en energías renovables.
El ejemplo más claro de esto fue la cancelación el 1 de febrero de 2019 de las subastas de largo plazo donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó acuerdos con productores de electricidad con centrales limpias, quienes comprometieron inversiones por 8 mil 600 millones de dólares.
Actualmente, la Secretaría de Energía (Sener), no ha propuesto mecanismos alternos para incentivar las energías renovables.
Además, la administración actual ha incumplido la La Ley de Transición Energética de 2015, donde se fijan las metas de generación con energías renovables que deberá tener el país en las próximas décadas y la cual se promulgó como parte de los acuerdos internacionales firmados por México durante la COP21.
“Mientras más te tardes en parar el impacto a los recursos naturales, el costo será cada vez mayor. Creo que no hay una insensibilidad y ese es el principal problema, no sé si es incredulidad de esas Cuentas Nacionales y lo que afecta nuestro PIB.
“En grandes foros económicos como el G20 o de Bancos Centrales y en otros que tienen que ver con finanzas, se considera que el riesgo climático es un riesgo financiero. Parecería que eso no lo ven así los gobiernos o tienen otra percepción”, dice Alba Aguilar Priego, directora de Nuevos Mercados de México CO2.
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La vía incorrecta
Las instituciones encargadas de velar por los recursos naturales y el medio ambiente en el país enfrentan un recorte a su presupuesto que se ha hecho más severo con el paso de los años, disminuyendo su margen de acción para contener los daños alrededor del territorio nacional.
Esta tendencia a la baja en la inversión de recursos económicos para la protección del planeta desde sexenios pasados no fue revertida por la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cual programó para el siguiente año otra reducción al presupuesto.
Al analizar los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación de la última década, se observa que entre el 2010 y el 2015 hubo un aumento paulatino para el Ramo 16 dirigido al Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Para el año 2015, el Gobierno federal destinó 67 mil 977 millones de pesos a dicho Ramo, el punto más alto de la última década; sin embargo, a partir del 2016 el monto para este rubro ha sufrido una estrepitosa caída.
La actual administración federal contempla reducir el dinero en esta materia para el 2020 aún más, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programaron 29 mil 664 millones de pesos; lo que significa un recorte del 4 por ciento con respecto al 2019.
En coincidencia con la falta de atención y recursos públicos para el medio ambiente, México no genera la misma confianza en el mercado de energías renovables a nivel global comparado con años anteriores.
El país cayó seis lugares en esta clasificación ya que en el 2018 se colocó en la posición número 13.
Una de las principales razones por las cuáles México retrocedió en este aspecto fue por la cancelación en mayo pasado de las licitaciones que CFE abría para otorgar contratos enfocados en la generación de energías solar y eólica, con lo que el Gobierno federal inyectó incertidumbre en este mercado, establece el análisis.
Para Alba Aguilar Priego, estos indicadores evidencian la falta de políticas públicas enfocadas al desarrollo sustentable del país para frenar el impacto negativo al medio ambiente y poder enfrentar las consecuencias del cambio climático.
“La política pública para el desarrollo sostenible tiene que incluir los planes de infraestructura y deben de tener un componente sustentable, debe ser resiliente al cambio climático y sostenible desde el punto de vista económico y social”, asegura la ejecutiva de México CO2.
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Lejos de cumplir
La apuesta energética del Gobierno federal es clara: dirigir una gran cantidad de recursos para aumentar la producción de combustibles fósiles como el petróleo y el gas.
Con esta política México se aleja de los acuerdos adquiridos a nivel internacional en los que se compromete a disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, como el Acuerdo de París o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.
En septiembre pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que México será de los países en incumplir la meta de reducir sus gases GEI en un 30 por ciento para el 2020.
“En 2015 las emisiones fueron 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente cuando deben ser, como mínimo 672 para dicho año”, informó el Cemda.
Dentro del acuerdo global, México pactó reducir sus emisiones GEI en un 30 por ciento para el próximo año, 22 por ciento para el 2030 y 50 por ciento para el 2050.
Otro elemento que influye en que al gobierno mexicano se le dificulte el cumplimiento de los tratados internacionales, aseguró el Cemda, es la edificación y puesta en servicio de la Refinería en Dos Bocas, proyecto insignia de la gestión lopezobradorista.
“Esto puede comprometer el cumplimiento de la reducción de emisiones necesaria para el sector del petróleo y del gas planteada en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés)”, agregó.
Con relación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, el gobierno de la Cuarta Transformación también infringe el número siete, el cual se refiere a la generación de energías renovables, asequibles y no contaminantes; y al 13, que establece aceptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Con estas acciones, el Gobierno federal encamina al país a seguir apostando por una economía basada en la producción de contaminantes, lo cual contradice las promesas de López Obrador al llegar a la presidencia, cuando aseguró no permitiría “ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente”. Además de afirmar que se evitaría la contaminación del suelo, el agua y el aire.
Una investigación reciente, publicada por el diario británico The Guardian, colocó a Pemex entre las 20 empresas a nivel mundial que más contaminantes han arrojado a la atmósfera en los últimos 54 años.
El medio de comunicación reveló que la Empresa Productiva del Estado dispersó 22 mil 645 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 1965 y 2017, cifra que representa el 1.67 por ciento de lo generado a nivel mundial.