La posverdad alfarista

En septiembre pasado, cuando Enrique Alfaro Ramírez rindió su primer informe como alcalde de Guadalajara, anunció entre sus principales logros el haber sacado al Ayuntamiento de la quiebra financiera; seis meses después se ha declarado en “insolvencia presupuestal”.

En el capítulo de su informe que tituló “El año en el que salimos de la quiebra” decía: “A un año, podemos decir que con las decisiones que tomamos evitamos el colapso financiero del Ayuntamiento”, y antes: “Decidimos comenzar en casa, por resolver los problemas financieros del municipio (…) Una vez que retomamos el control de las finanzas del municipio, comenzamos a recuperar el estado de derecho”.

Ya en los hechos, el Gobierno tapatío ha tenido que solicitarle un rescate financiero de urgencia al Congreso, dado que Alfaro Ramírez acumula sobre él 86 sentencias sin cumplir en las que se solicita sea suspendido de su cargo, como una medida de apremio.  

Este 2 de marzo el Municipio emitió el oficio 1191/2017, donde turna al Legislativo el dictamen A 53/10/17 “que tiene por objeto solicitar al Congreso la gestión de recursos financieros extraordinarios para este municipio, para enfrentar las sentencias y laudos emitidos por autoridad competente, ya que actualmente el municipio de Guadalajara se encuentra en insolvencia presupuestal”.

El gobierno de Alfaro Ramírez está pidiendo una tabla de salvación de 237.5 millones de pesos (MDP), lo cual contrasta, sin embargo, con el crecimiento exponencial que sí ha podido financiar en la partida de subsidios institucionales y sociales, de alta rentabilidad para un contexto cuasi-electoral.

Si en el último año del pasado gobierno -2015- esa partida contó con 565.8 MDP, para el 2016, ya con Alfaro Ramírez en el poder, se elevó un 65 por ciento hasta 934.7 MDP; y para el 2017 se volvió a ampliar a mil 336.7 MDP, un 136 por ciento más con respecto al 2015.

Dichos y hechos

En aquel primer informe del alcalde la ciudad que se pintó fue una con tintes apocalípticos, con “daños causados por décadas de abandono”, y sumida en “la peor crisis financiera, política y social de su historia”, pero llamaba “a ver con esperanza el futuro de Guadalajara”.

“El año 2015 fue un parteaguas en la vida pública de la ciudad; los ciudadanos decidieron que querían un cambio en la forma de gobernar Guadalajara”, autocalificaba su llegada al poder.

Antes de solicitar el rescate financiero que requerirá del beneplácito del gobernador priista, Aristóteles Sandoval Díaz, el gobierno tapatío intentó mejorar sus finanzas con dos créditos aprobados en su sesión del 30 de junio de 2016:

Uno por 150 MDP (decreto D 31/11/16), y otro como línea de factoraje por 100 MDP (D 31/10/169), ambos para inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública y saldarse a más tardar tres meses antes de concluir este trienio.

Pero ahora la urgencia se centra en al menos 196 juicios laborales y una sentencia agraria, y entre estos, con mayor énfasis, en:

“86 laudos que representan un monto de 94.6 MDP que se encuentran en un estado crítico por ya contar con solicitud de suspensión del presidente municipal, así como 16 laudos que representan 16.3 MDP que están ordenando multar a las autoridades, y finalmente se cuenta con 94 laudos que representan 66.9 MDP que están en el tercer requerimiento”.

Así que el gobierno del “parteaguas” ahora dice: “Existe una contingencia crítica heredada por las administraciones anteriores, que asciende a más de 237.5 MDP de manera urgente, pero la totalidad de pasivos asciende a más de 2 mil 400 MDP, por lo anterior actualmente nos encontramos imposibilitados para realizar todos los pagos provenientes por una sentencia o resolución judicial”.

Cuotas y urgencias

El Ayuntamiento intenta justificar el rescate financiero aduciendo que no tiene margen para hacer cambios en su gasto: “no podemos hacer ajustes en el Presupuesto de Egresos, ya que afecta toda la operación de la propia administración, y mermaría la prestación en los servicios públicos municipales”.

Pero eso contrasta con erogaciones que sigue haciendo pese a no ser prioritarias, y a que duplican costos de la gestión. Por ejemplo, este mes de mayo se confirmó que el gobierno de Alfaro Ramírez entregó nuevos contratos al trío de empresas de comunicación Eu Zen, La Covacha e Indatcom por otros 18 MDP (y 9.4 MDP más desde Zapopan).

Más allá del claro conflicto de interés, pues las tres tienen a parte de sus socios y extrabajadores en la nómina tapatía, este gasto duplica al que ya se hace en la estructura municipal de Comunicación.

En 2016 Reporte Indigo documentó que esas empresas habían recibido de los ayuntamientos alfaristas y del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) Jalisco 85.7 MDP, y otros 148.1 MDP del PMC nacional, esto es, casi 234 MDP, todo por adjudicación directa (Negocios Naranjas, 1 de agosto de 2016).

En crisis

Sentencias que ahogan a Guadalajara:

Materia               Monto

Amparo              9,958,064.77

Civil                    45,245,360

Laboral              177,993,850.59

Nulidad              4,465,494.31

Total                  237,602,769.67

Mejoras de papel

Hay otros elementos que se presumieron como ciertos en el informe de Alfaro Ramírez que, sin embargo, no se soportan en  sus reportes financieros.

Por ejemplo, se aseguró que con el reacomodo de áreas “se redujo el costo de la nómina para llegar a representar el 42% del presupuesto”, lo cual era un “logro” pues antes “El Gobierno municipal gastaba el 54% del presupuesto anual en el pago de nómina”.

Es decir, que supuestamente la nómina había pasado de 54 a 42 por ciento del gasto total. Esto no es así. Según el Estado de Actividades 2016 oficial, en ese año el gobierno de Alfaro Ramírez ejerció en total 6 mil 503.2 MDP, de los que la nómina (Servicios Personales) requirió 3 mil 484.3 MDP, es decir, un 53.57 por ciento, la misma proporción que en el gobierno anterior.