Entre jaloneos

Tras meses en que el tema estuvo empantanado en el Senado de la República, ayer se aprobó la llamada Ley 3de3, pero con un acabado “descafeinado” de la propuesta original.

La aprobación del dictamen en comisiones ocurrió en la mañana, mientras que en el pleno del Senado se esperaba su aprobación hoy en la madrugada.

Aunque hay algunos puntos que han causado escozor entre los partidos de oposición, el mayor jaloneo fue por la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos.

Mientras el PAN y el PRD propusieron que las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos sean completamente abiertas, el PRI y el PVEM sostenían que debe existir solamente una versión pública de las mismas.

Durante el desarrollo de los debates, el PAN cambió su postura un par de veces pues, aunque primero se pronunció por la iniciativa ciudadana de la Ley 3de3, luego dijo apoyar la propuesta del PRI y ayer volvió nuevamente a pedir que las declaraciones sean totalmente públicas.

Además de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, en el Senado quedaron aprobadas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

En comisiones se dictaminaron los cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para establecer la Fiscalía Anticorrupción; y al Código Penal Federal para establecer las penas por actos de corrupción.

La aprobación de estas leyes se dio ya lejos del plazo constitucional para hacerlo, que era el 28 de mayo pasado. Nada ocurrirá, aunque el Congreso haya incumplido con esa fecha establecida en la Ley.

Ahora, los cambios irán a la Cámara de Diputados donde deberán discutirse y aprobarse esta misma semana, dentro del periodo extraordinario de sesiones.

Ven Ley incompleta

Máxima publicidad vs Vida privada.

Durante semanas, la publicidad de las tres declaraciones de los funcionarios fue el tema que mantuvo las negociaciones en un impasse.

En el dictamen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se dejó constancia sobre el choque de dos principios fundamentales de las personas que participan en labores del Estado.

“Por un lado encontramos el principio de máxima publicidad de la información gubernamental, como elemento esencial de un régimen democrático en la que el ciudadano cuenta con el derecho de acceso a la misma.

“Desde otra óptica, encontramos los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales que la misma produce”, establece el dictamen, que se contemplaba a aprobar hoy en la madrugada por el pleno.

De ahí que el PRI y el PVEM propusieran que hubiera una versión pública de las tres declaraciones y que no afectara la privacidad de los funcionarios.

La sociedad civil, que llevó al Senado la iniciativa ciudadana de Ley 3de3, representada por Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, pidió que se utilizaran los formatos que ya se tienen en su plataforma para la presentación de las declaraciones.

En respuesta, el PRI y PVEM impulsaron un adendum al dictamen donde se establecía que fuera la representación ciudadana quien dispusiera los datos que debían contener los formatos de las declaraciones; empero, seguía conteniendo un candado sobre los datos que serían públicos.

“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, expone el texto en el artículo 29.

Las declaraciones fiscales quedarían fuera de dicha disposición, por lo que no sería obligatorio hacerlas públicas.

El PAN y el PRD estuvieron contra esta redacción; ambos defendieron que la publicidad de las declaraciones sea total.

La bancada de Acción Nacional definió su postura de publicidad total, luego de que el presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, exigiera a sus congresistas –diputados y senadores- aprobar una legislación donde la publicidad de las declaraciones fuera completa.

Hasta antes de las elecciones del 5 de junio, la bancada panista estaba dividida sobre el sentido de su voto; siete senadores del PAN habían decidido apoyar el dictamen del PRI y el PVEM con la publicidad parcial de las declaraciones.

Fueron los senadores Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano, Jorge Luis Preciado, Luis Fernando Salazar, Salvador Vega Casillas y Martha Elena García Gómez, quienes se habían unido al PRI en su dictamen.

“El PAN no le va a fallar a los ciudadanos. Vamos a poner todo nuestro empeño para sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción robusto e integral que el país merece”, dijo ayer Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN.

En la discusión del tema en las comisiones, Marcela Torres, senadora por el PAN, anunció que su bancada apoyaría la petición de la sociedad civil.

“Abrazamos el principio de máxima publicidad; abrazamos a la Ley 3de3 en sus términos y el PAN en este caso va por el formato 3de3 como lo proponen específicamente los ciudadanos sin ninguna dilución en forma completa”, sostuvo Torres.

Así, el PAN votó a favor, pero reservando el artículo 29 sobre la publicidad de las declaraciones.

Zoé Robledo, senador por el PRD, reconoció que con la participación de la sociedad civil se conformó una de las “tomas de tribuna” más importantes en la historia del Congreso, pues Bohórquez representaba a los 634 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa ciudadana Ley 3de3.

“Ya aquí no hay tonos de grises, ya aquí no hay aproximaciones, no hay porcentajes de qué tanto nos parecemos a la ley. Es: Ley 3de3 o una versión hecha por los políticos para los políticos en beneficio de los políticos.

“Y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque vamos a votar a favor de los ciudadanos. Hoy un voto en contra de este dictamen es un voto a favor de la Ley 3de3 original (…) Decir otra cosa, honestamente es un engaño, y creo que aquí estamos en un momento crucial para la vida democrática de nuestro país y no debemos de caer en esa terrible desviación”, sentenció
Robledo.

Pablo Escudero, senador del PVEM y presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana –quien llevó la batuta sobre el análisis de la Ley 3de3-, defendió el dictamen construido por su bancada y la del PRI y afirmó que va en consonancia con la exigencia de la sociedad civil.

“Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario del PRI y del Verde, con gran sensibilidad hemos decidido  acompañar ese mandato. Pero ese mandato viene validado de una serie de documentos que recibimos en la construcción de esta iniciativa, que no podemos desconocer porque está ahí, en ese formato de Parlamento Abierto, recibimos una evaluación técnica del dictamen que hoy estamos presentando aquí”, justificó Escudero.

La posibilidad de que solo sea pública una parte de las declaraciones llevó a que los perredistas llamaran a ésta la “Ley 2que3”.

Las otras faltas

La aprobación de la legislación secundaria anticorrupción quedó incompleta también por otras disposiciones que fueron disminuidas de las propuestas iniciales.

En las iniciativas ciudadanas y de la oposición, se pretendía dar facultades de investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar casos de corrupción a partir de denuncias.

Ahora, estas investigaciones solo podrán realizarse en los casos donde se detecten daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de la Nación.

El PRI y el PVEM intentaron modificar este hecho y en el adendum eliminaron este requisito.

Se pretendía también que las autoridades anticorrupción tuvieran acceso ilimitado a información de las instituciones financieras, bursátiles y fiduciarias.

Una de las peticiones más sentidas de la oposición, sobre todo del PRD, era la creación de un esquema de protección a testigos y denunciantes.

Este esquema brindaría protección a informantes de actos de corrupción, quienes por su posición dentro de una organización pudieran tener acceso a información privilegiada o hayan sido testigos de la comisión de una falta y quisieran denunciarlo.

En este esquema, se buscaba garantizar el anonimato del denunciante y evitar que tuviera alguna represalia por su denuncia o su testimonio.

“Esta figura jurídica permite crear contrapesos de vigilancia ciudadana al interior de los organismos públicos de gobierno. Es una forma de decirle a aquel funcionario que creo que son una mayoría de los honestos que si tienen el valor de denunciar el Estado estará ahí para protegerlos, proteger su identidad, proteger su seguridad laboral, incluso con medidas cautelares a veces para incluso proteger su seguridad física”, ha dicho Zoé Robledo, senador por el PRD.

Otra de las medidas que podría reducir la efectividad del sistema es el esquema con el que se califica las faltas administrativas como graves o no graves, pues ésta es realizada por los órganos internos de control de las propias dependencias, y no por un ente externo, como sería una sala especializada del poder judicial.

De la calificación de la falta depende no solo el castigo que se aplique al funcionario implicado, sino a la prescripción del asunto.

En el caso de las faltas no graves, la prescripción es de tres años; en el caso de faltas graves, prescriben en siete años.

Otro de los resquicios que pueden dar pie a actos de impunidad es que las autoridades tendrán margen para indultar a quienes incurren en presuntos actos de corrupción si subsanan el daño y si no hubo perjuicio a la Hacienda pública o al patrimonio nacional.

Esta medida fue justificada por Escudero, afirmando que esta medida ha estado presente en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por años, pues obedece a una premisa de que a veces los funcionarios pueden cometer errores.

“Los servidores públicos son humanos y se pueden equivocar, y justamente lo que está previniendo ese artículo es el error humano donde no hay dolo, donde no hay daño, donde no hay mala intención y donde es un error humano”, expuso.

Ahora, en el adendum propuesto por el PRI y el PVEM, se incluye la posibilidad de que este indulto sea impugnado por alguna autoridad o ciudadano que no esté de acuerdo con eximir de responsabilidad a un servidor público.

También se eliminó el candado antimoches, propuesto por el PRD, que pretendía impedir que los legisladores o cualquier político cobrara alguna comisión a cambio de la asignación de recursos para obras o por la gestión de presupuesto.

“Incurre en tráfico de influencias el diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestiones o solicite: 1. La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo una comisión, dádiva o contra prestación indebida, en dinero o en especie. 2. El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales”, propuso el PRD.

Se sacó de la propuesta ciudadana de la Ley 3de3 todo el sistema de recompensas, diseñado para que quienes denuncien la comisión de un acto de corrupción y ayuden a castigar al culpable, pudieran quedarse con un 10 por ciento del total del daño que se haya hecho al erario, una vez que fuera recuperado.

Dividen opiniones

En la discusión se dividieron las posturas de los senadores; mientras unos dejaron ver las deficiencias de lo aprobado, otros celebraron el avance en el combate a la corrupción.

Alejandro Encinas, senador por el PRD, sostuvo que el proceso de discusión de esta legislación dejó ver lo más virtuoso y lo más escabroso del Poder Legislativo y, aunque vio avances, también hizo notar todo lo que no se combatirá con estas nuevas leyes.

“Falta ir a fondo con la otra cara de la corrupción: una ley contra el soborno, que tiene que ver contra el tráfico de influencias, con el lavado de dinero, con la utilización de paraísos fiscales (…) y el que se nos rinda cuentas del origen de las fortunas de los hombres más ricos de este país”, expuso.

Layda Sansores, senadora por el PT, comentó que el esquema de leyes ya nace muerto, pues no llega al fondo del problema de corrupción y la impunidad en México porque no se castiga a actores como el Presidente de la República o a aquellos que son cómplices de los políticos corruptos.

“Esta ley parece estar diseñada para proteger a los empresarios, porque el corrupto no anda solo. Para que esto tenga trascendencia, debe incluir también a la otra parte, a los proveedores de servicios, al gobierno”, asentó.

Para Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, la aprobación de estas leyes es un avance, pero no una tarea completa.

“Darle alma y cuerpo va a requerir de una voluntad política que va a encontrar resistencias en frentes impensables; la corrupción inicia cuando termina la transparencia (…) Ahora viene su aprobación, su enriquecimiento, su fortalecimiento institucional, fortalecer todo esto”, aseveró.

Aarón Pozos, senador por el PRI, aplaudió el esfuerzo de los involucrados para aprobar esta legislación que, consideró, representa un avance importante.

“Tenemos frente a nosotros una legislación que estuvo siempre acompañada por la sociedad civil, por los especialistas, y que también retoma las mejores prácticas internacionales. Entregaremos leyes anticorrupción que realmente sirvan a la sociedad mexicana”, aseguró.

Penas de prisión

En comisiones del Senado se aprobó aplicar una pena de hasta 18 años de prisión a quienes pidan “moches” o comisiones a cambio de la asignación de recursos públicos.

En las reformas al Código Penal Federal, que fueron aprobadas ayer en comisiones, se especificó que quienes quieran cobrar una comisión por “bajar” recursos públicos, serán sancionados con penas corporales.

En el artículo 222 del Código, se especifica que “la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo y obteniendo a cambio una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie” será considerado un delito.

La tipificación de este delito escaló hasta el Código Penal Federal luego de que en años pasados se denunciara públicamente la existencia de una red de cobro de “moches” en la Cámara de Diputados a cambio de asignar presupuesto a estados y municipios.

Aunque hubo varias denuncias públicas, no hubo un solo sancionado por esta conducta.

Aunque en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos no se trataron algunos temas sobre tipificación y sanciones a quienes cometan actos de corrupción, los senadores decidieron ubicar esa parte de las leyes del SNA en el Código Penal Federal.

Los senadores aprobaron también castigar a quienes asignen contratos a una persona o empresa en específico hasta con 14 años de prisión.

Aunque se especifica que las penas pueden ir hasta dos años de prisión si no se excede el valor de la Unidad de Medida y Actualización, las penas pueden ir hasta 14 años si se supera ese monto.

Los senadores decidieron imponer una agravante: si quien comete la falta es un servidor público que fue electo en las urnas, la pena se elevará en una tercera parte.

La reforma al Código Penal Federal también castigará con prisión conductas como el desvío de recursos públicos para promoción personal; el enriquecimiento ilícito; el tráfico de influencias; el cohecho; y otras conductas.

Aprobaron en comisiones también cambios a la Ley Orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción.

Se estableció en el dictamen que el fiscal anticorrupción será nombrado por el Senado, pero podría ser removido por quien tenga la titularidad de la PGR; además, no tendrá plena libertad para nombrar al equipo que trabaje con él, lo que generó la suspicacia de los legisladores de izquierda.

Estas reformas se votarán hoy en la sesión del pleno en el Senado.