Aún no se estrena como nuevo órgano regulador, y el Ifetel ya se encuentra entre la espada y la pared.
Por un lado, deberá licitar tres tipos de banda: el sobrante de la licitación 21 realizada en julio de 2010, la cesión de los concesionarios de 2.5 y la banda de 700 MHz.
Además, definir los precios y las formas de pago a los concesionarios, sin afectar a los consumidores.
El escenario no será fácil ni sencillo porque el gobierno pretende, para licitar la 700 MHz y 2.5 GHz, el pago de la contraprestación por la concesión en una sola exhibición.
Lo que implicará a los inversionistas un desembolso multimillonario antes de operar las bandas.
Para ello, los operadores tienen que calcular cuánto vale el espectro y servicios personalizados con valor agregado sustituyendo a los servicios masivos.
Para instalar la infraestructura de redes que se requerirán, los inversionistas cargarle al consumidor esa inversión, advierte Erasmo Rojas.
El director de América Latina y el Caribe de la consultora internacional 4G Américas, considera que el único respiro para los consumidores es que la infraestructura y la licitación no se harán hasta que concluyan las leyes secundarias.
Contrario a lo que se pretende en el país, el gobierno de Brasil licitó las bandas para operar el 4G en un 10 por ciento inicial a la firma de la concesión y 15 por ciento cada seis años hasta completar el 100 por ciento.
Lo que permite a los inversionistas realizar el despliegue de las redes sin tener que realizar una fuerte inversión y sin perjudicar al consumidor.
Con la subasta de 4G que se realizó en 2012, el gobierno brasileño acordó que la contraprestación no tendría que ser pagado al momento de la concesión.
Otorgó al concesionario la posibilidad de pagar a plazos de hasta con un 10 por ciento a los tres años de iniciada la operación.
El 90 por ciento restante se pagará en 15 emisiones durante los siguientes seis años hasta completar el pago, negociado desde el principio, lo que reduce costos a los operadores.
En el caso de Chile, refiere, la subasta se realiza conforme al denominado “Concurso de belleza”.
Bajo este esquema, explica, el gobierno exige a los operadores un plan técnico para la operación de las redes, y el regulador define la cantidad de espectro a repartir entre los concursantes.
Con la nueva Ley de Telecomunicaciones, el Estado será el operador de la red 700 y bajo una asociación público privada se ofrecerá a los posibles interesados.
Pero ahora tiene además 250 MHz que están disponibles para nuevos jugadores del mercado en servicios móviles y aún no hay un procedimiento para su licitación ni jugadores interesados.
En su opinión, el Ifetel tendrá que discutir qué hacer con el sobrante de espectro y detectar el apetito de los inversionistas.
A ello se suma que “el gobierno no tiene experiencia en la instalación y operación de redes”, lo que implica riesgos adicionales porque no hay incentivos para llegar a las zonas rurales.
Se prepara el Senado
