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En su segundo periodo como alcalde, Mauricio Fernández ocupó los servicios de Ernesto Canales
El fiscal Anticorrupción del Estado, Ernesto Canales, no se mide con la misma vara.
Para el Subprocurador, que un funcionario adjudique un contrato de servicios profesionales de manera directa es el peor de los delitos, suficiente para acusar penalmente como lo ha hecho a una docena de excolaboradores del exgobernador Rodrigo Medina, actualmente vinculados a proceso.
Pero ¿qué ocurre cuando el beneficiado por un contrato de servicios adjudicado sin licitación resulta ser su despacho jurídico?, ¿aplica Canales la misma premisa moral?
El Municipio de San Pedro contrató en el 2011 de manera directa y sin licitación los servicios del despacho Canales Asesoría Jurídica S.A de C.V., propiedad del actual fiscal anticorrupción del gobernador Jaime Rodríguez.
El despacho del fiscal anticorrupción recibió un poco más de 11 millones de pesos del erario público por concepto de prestación de servicios.
Este contrato establecía defender en su segundo periodo como alcalde a Mauricio Fernández, quien era requerido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus supuestos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
“Ernesto Canales fue mi abogado en temas muy puntuales como lo de (Héctor) ‘El Negro’ Saldaña en la administración pasada… pues fue mi abogado. Es una persona que conozco y fue abogado de Alfa, negocio de mi familia”, dijo Fernández públicamente en abril de 2016.
Y sí. Durante el 2011 el Municipio sampetrino desembolsó cerca de 8 millones de pesos por los servicios profesionales de Canales para la defensa de Fernández, un monto adicional a los 3.5 millones de pesos que inicialmente había cobrado.
Una relación de pagos del Municipio de San Pedro, que tiene en su poder Reporte Indigo, indica que el 24 de octubre de 2011 el Municipio sampetrino pagó la sexta mensualidad de la factura 1026 por un monto de 968 mil 750 pesos y otro más el 14 de noviembre del 2011 por la misma cantidad.
Además, existe un pago inicial de un millón 750 mil pesos por la asesoría contratada, pues el subprocurador Anticorrupción cobró al Municipio de San Pedro esa cantidad, a través de la factura número 1011 y que tenía la razón social de su despacho.
Estos recursos fueron liquidados el 31 de mayo de 2011.
La contratación de un servicio profesional de manera directa –como el firmado por Canales con la administración de Mauricio Fernández- ha sido suficiente para imputar penalmente a proceso a exfuncionarios como Jorge Domene, extitular de Comunicación Social del Gobierno del Estado; Patricia Aguirre, exsecretaria de Turismo estatal; Rolando Zubirán, exsecretario de Desarrollo Económico y Víctor Martínez, exsecretario del Sistema Estatal de Caminos.
El pasado 20 de junio el exsecretario de Desarrollo Económico estatal, Rolando Zubirán, fue imputado por el delito de ejercicio indebido de funciones por haber otorgado un contrato directamente para una asesoría legal.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Zubirán fue el actor intelectual de contratar con el despacho Basave, Colosio y Sánchez de forma irregular.
Según la Fiscalía, este despacho fue contratado directamente por la Coordinación General de Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto fue materia jurídica para procesar a Zubirán.
Por la misma vía
Los exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina, Jorge Domene, Patricia Aguirre y Víctor Martínez, también fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción de otorgar contratos de servicios profesionales de manera directa.
El pasado 10 de julio, la Fiscalía señaló a Patricia Aguirre, exsecretaria de Turismo de Nuevo León, de adjudicar un contrato directo a María Garza Díaz, de la empresa HG, Promotores en Deportes y Entretenimiento.
Jorge Domene, quien fue vocero del Gobierno de Rodrigo Medina, también quedó vinculado a proceso por otorgar un contrato de manera directa a la empresa Limón Publicistas. La Fiscalía Anticorrupción consideró que promover la imagen del Gobernador, sería irregular.
Colaboraron juntos, ahora son enemigos
Durante la administración de Margarita Arellanes, como alcaldesa de Monterrey, Ernesto Canales Santos, ahora fiscal Anticorrupción, resultó tener un vínculo muy cercano con la exedil regia.
Ambos firmaron el 12 de abril de 2014 un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento con la organización Renace, que encabeza Canales Santos, para apoyar la reinserción social de personas que habrían cometido delitos menores.
Todo apunta a que el lazo de colaboración y amistad se acabó, pues ahora Canales acusa a la panista Margarita Arellanes y 8 de sus colaboradores, por la adjudicación directa de un contrato a un despacho de abogados por 7.5 millones pesos con cargo al erario público.
Adjudicación directa que, por increíble que parezca, realizó el subprocurador Ernesto Canales pero en el Municipio de San Pedro, también con recursos públicos.
Cabe recordar que Arellanes fue vinculada a proceso el pasado 5 de julio de 2016 por el delito de ejercicio abusivo de funciones.
En noviembre de ese mismo año, la audiencia intermedia para el desahogo de pruebas fue suspendida por la juez de Control, Patricia Gutiérrez, pues dijo que se tenían que resolver los amparos promovidos por la exedil regia.
