Esclavas en tiempos modernos

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_m6511uzu” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] María Cristina ha trabajado desde hace 40 años pero no cuenta con seguro social y está lejos de jubilarse.

Tenía 15 años cuando empezó a cuidar a los hijos de una familia en el Fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, distante de su comunidad en Ixtlahuaca, un municipio rural del Estado de México.

Actualmente vive en Nicolás Romero y trabaja haciendo labores de limpieza en una casa en el municipio vecino de Atizapán.

Su jornada es de lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 horas aproximadamente y al mes gana alrededor de 6 mil pesos. 

El recorrido que ella hace de su casa a su lugar de empleo puede ser de una a una hora y media.

Como en su caso, cada día millones de personas mantienen la casa limpia, lavan y planchan ropa, hacen la comida, cuidan a los niños o a los adultos mayores del hogar, se encargan de podar el jardín o de vigilar la casa, de ser choferes o incluso de cuidar a las mascotas de una familia ajena a la suya, pero el trabajo que realizan no está regulado, por lo que carecen de derechos laborales.

¿Quién es esta población que pasa casi inadvertida cuando es la que ayuda a cuidar de las casas de las personas que de otra manera no podrían, ya sea por su trabajo o porque su estatus de vida no se lo permite? Se trata de las trabajadoras del hogar, como se denominan entre ellas por ser mujeres la gran mayoría.

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi indican que  en México hay 2.4 millones de personas que trabajan en el hogar de manera remunerada, lo equivalente al 5 por ciento de la población laboral en el país y el 95 por ciento son mujeres.

A pesar de esto, sus derechos laborales no son reconocidos y carecen de las prestaciones mínimas que tendría cualquier otro trabajador, como un horario fijo, vacaciones y sobre todo seguridad social. 

En casos menos afortunados, son víctimas de explotación laboral y ni siquiera reciben un salario o, peor aún, personas vulnerables a delitos como la trata de personas.

En 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189 y la Recomendación 201 para que los estados miembros realicen una serie de medidas paulatinas que dignifique a quienes lo realizan.

Como país integrante de la OIT, legisladoras, organizaciones civiles y activistas han solicitado en diversas ocasiones que la actual administración, presidida por Enrique Peña Nieto, ratifique el Convenio 189 antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

La senadora Martha Tagle explicó que México fue uno de los principales impulsores del convenio 189 de la OIT y que hubo mexicanas que ahora están en el Sindicato de Trabajadoras que impulsaron este convenio, pero que a pesar de llevar varios años insistiendo no han podido avanzar en su ratificación.

“El principal problema lo encontramos en el Gobierno Federal, que son los que tienen que enviarlo al Senado, porque en el Senado se han aprobado múltiples exhortos, pero mientras no nos lo manden no podemos entrar en materia”, dijo.

Falta de interés, la traba

Para la senadora Angélica de la Peña, el hecho de que el Presidente Enrique Peña Nieto no envíe el Convenio 189 al Senado de la República para que se apruebe refleja la falta de interés del Gobierno Federal en este tema, aun cuando se trata de un sector de la población muy marginado y vulnerable.

Angélica de la Peña, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, también recordó que el actual abanderado a la Presidencia de México, José Antonio Meade, también tenía una postura contraria a la aprobación del Convenio.

“Es que simplemente no les importan los más de 2 millones de mujeres que son trabajadoras del hogar y que están trabajando, la inmensa mayoría, en condiciones lamentables de indiscrecionalidad y de explotación”, señaló.

En el tema del Convenio 189, el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de aprobarlo al ser un tratado internacional, pero éste debe ser enviado a la Cámara Alta por el Presidente de la República, lo cual no ha sucedido y sería deseable que ocurriera antes del término del periodo ordinario.

“Nosotros vamos a terminar el 30 de abril, después de esa fecha ya prácticamente estamos fuera de un contexto legal para aprobar los tratados internacionales”.

La senadora Martha Tagle dijo que la urgencia de la ratificación del Convenio es que el contrato regularía esta situación al establecer los horarios, las responsabilidades que tendrían que hacer y los pagos, lo cual es importante.

Además, el convenio tiene un mecanismo progresista y no se necesitaría asegurar de entrada a todas las trabajadoras, sino que podría haber un régimen especial que cubra primero a quienes tengan turnos de tiempo completo, considerando que no todas se registrarían inmediatamente en el Seguro Social.

“De aprobarse no requeriríamos los recursos de manera inmediata (…) por eso mismo creemos que las proyecciones económicas no deberían imponerse para que no se ratifique”.

Tagle explicó que el tema no se trata sólo de las prestaciones para acceder a los servicios médicos, sino también incluye otros aspectos como el ahorro para vivienda y para el retiro.

Además de la ratificación también hay una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, porque la vez que se reformó la Ley Federal del Trabajo se estableció que también pueden tener seguridad social, pero es optativa y eso no puede ser, señaló.

“En cualquiera de los dos casos necesitamos que ambos avancen en el Congreso, en el caso de la ratificación solamente le corresponde al Senado y la reforma a la Ley del Seguro le correspondería a ambas cámaras”, resaltó.

Mujeres invisibles

Andrea Santiago Páramo, coordinadora de la causa de las trabajadoras del hogar en la Organización Nosotrxs, señaló que este es uno de los grupos donde se puede presenciar más desigualdad tanto del tipo económico, como de trato.

El año pasado, Nosotrxs en conjunto con otras organizaciones, lanzó en redes sociales una campaña de pago de aguinaldos para lograr que las trabajadoras del hogar recibieran esta prestación en diciembre no como un agradecimiento o apoyo de las personas con las que laboran, sino como una prestación.

“Tan sólo el 27.4 por ciento de trabajadoras del hogar reciben aguinaldo, sólo el 1 por ciento de las trabajadoras tiene un contrato escrito, otra cifra muy alarmante es que sólo el 3 por ciento tiene acceso a la seguridad social.

Entonces existe un grupo cuyos derechos están sistemáticamente siendo violentados y tienes leyes mexicanas que son discriminatorias, como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, donde al no estar incluidas les impide recibir ciertas prestaciones clave, como puede ser el acceso a las guarderías”, agregó.

Marta Tagle, senadora, dijo que algunos casos pueden ser casi de esclavitud, ya que es típico que traigan a una mujer de provincia y que con el pretexto de que la tienen en su casa y no van a requerir nada debido a que ahí comen y duermen no se les remunera de la manera adecuada sus labores.

Dentro de este grupo, las mujeres que vienen de provincia y que están de tiempo completo y que incluso tienen muchos años viviendo en casas son las más vulnerables. Debido a que en muchas ocasiones sus hijas o hijos terminan también trabajando en esos hogares, dijo.

Aun en los casos de éxito, donde las empleadas domésticas gozan de buenos tratos por parte de sus empleadores, tienen horarios establecidos y su sueldo es superior al de otras compañeras, difícilmente cuentan con seguro social o se les pagan vacaciones.

Auris tiene 10 años trabajando en una casa ajena por la falta de recursos, pero nunca ha tenido un contrato porque su hermana laboraba anteriormente con esa familia y no hubo necesidad, cuenta. 

Su horario es de lunes a viernes y los fines de semana los ocupa para visitar a su familia. Empieza alrededor de las 10:30 horas y termina a las 17:00 o 18:00 horas.

“No me quejo, estoy con personas que me han tratado bien”, señala.

Uno de los anhelos de María Cristina, citada al principio del texto, es contar con seguro social, pues carece de esta prestación aunque empezó a trabajar desde los 15 años cuidando niños.

En ese tiempo ella ganaba 70 pesos al mes, dinero suficiente para apoyar a cubrir los gastos en el poblado donde vivía, pues ahí mismo la gente cultivaba los alimentos, por lo que era barato comprarlos, recuerda.

“El dinerito extra era para zapatos, ropa y eso”.

Una de las razones por la que le gustaría tener atención médica es porque dice que mejoraría su vida, sin embargo, Cristina considera que ha tenido suerte con sus empleadores, quienes la han tratado bien.

“Todo es relativo, depende de con quién trabajes, porque te puedes encontrar con todo tipo de personas. Afortunadamente yo siempre me he encontrado con buenas personas, pero he sabido de otras que no tanto”, platica.

Niñas, la peor parte

Julia tenía sólo 11 años cuando dejó su comunidad llamada Chulna, en el Municipio de Ocxhul en Chiapas, y llegó a la Ciudad de México para trabajar como niñera porque su familia era muy pobre y ella tenía que ayudar a mantenerla.

Era la séptima de nueve hermanos, no hablaba español y no había ido a la escuela. El sueldo era muy bajo, no tenía prestaciones, para cargar a los niños era obligada a usar guantes y la comida que le daban no era comida, dice, pero lo más traumático para ella fue su llegada.

“En aquella casa nos trataban mal, nos revisaron de pies a cabeza como si estuviéramos contagiados no sé con qué, nos desinfectaron. Donde yo llegué la primera vez me sentí mal, lloré un mes, así como te lo estoy diciendo porque nosotros venimos de un lugar muy limpio, allá nos bañamos con Temazca diario”, dice.

“A mí me dieron mi taza aparte, vaso, plato, cuchara, mi café y mi azúcar aparte de la de ellos, cuando cargaba yo a los niños tenía que ponerme guantes para poder cuidar a los bebés, hacerme cargo de los niños, pero una niña de 11 años no sabía ni cómo manejar un bebé, pero lo soporté gracias a Dios que me dio fuerza”, relata.

Como Julia, las niñas son las personas más vulnerables en el trabajo doméstico y suelen ser incluso explotadas laboralmente desde muy pequeñas. Sin embargo, no hay un castigo porque hay una total discrecionalidad, advierte la senadora Angélica de la Peña.

“Son niñas pobres, son niñas que en su mayoría vienen de los pueblos indígenas, de las zonas rurales donde sus familias que viven en una situación de extrema pobreza las mandan, las dejan que se las lleven a este tipo de trabajos y por desgracia no hay ninguna vigilancia ni ninguna autoridad para que esta niñas no sean objeto de trata.

Entonces viene el maltrato no solamente con fines de explotación laboral, sino también de acoso sexual, lo que afecta de manera terrible el proyecto de vida de las niñas y de las adolescentes por esta discrecionalidad por la falta de Ley, por la falta de preceptos legales que las protejan de manera debida”, relata la senadora Angélica de la Peña.

En el contrato se establecerían las horas que tendrían que trabajar, el tipo de trabajo que tienen que realizar, si los lugares donde se tienen que quedar cumplen con las condiciones para que estén allí y las mujeres estarían protegidas ante el acoso, los comentarios y conductas clasistas que siguen imperando, dijo la senadora.

En el caso de Julia, hace 29 años encontró trabajo con una familia que la integró como parte de ésta. Ahí ella comparte la misma comida que todos y se siente bien. Durante 28 años trabajó de entrada por salida, pero desde hace un año ya está de planta.

Con su trabajo ayudó a sacar adelante a sus 6 hijas, de las cuales 3 son profesionistas, lo que la hace sentir muy orgullosa.

Aunque dice que no le interesa si le dan seguro social, porque ya tiene por parte de su esposo, si le gustaría tener vacaciones pagadas o contar con un aguinaldo, pues sólo recibe una gratificación cada fin de año, pero no sabe si es lo que le toca.