Esclavitud en el sistema penitenciario de Nuevo León
Sofía Velasco, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentó el diagnóstico de la Situación Penitenciaria 2018-2019, el cual revela que los internos no cuentan con las condiciones laborales adecuadas según la Ley Federal del Trabajo
Jesús PadillaLa Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), presidida por Sofía Velasco, reveló que en el sistema penitenciario de Nuevo León la población no cuenta con las condiciones laborales que establece la Ley Federal del Trabajo.
El diagnóstico de la Situación Penitenciaria 2018-2019, que contiene datos de los penales de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, refiere que las personas privadas de su libertad trabajan más de ocho horas (cerca de 10) y sin prestaciones.
Hay 6 mil 178 reclusos en los Centro de Reinserción Social Apodaca Número 1 y 2 y Cadereyta, de los cuales 51 por ciento están empleados.
Velasco Becerra explicó que si bien estas cárceles cuentan con naves industriales donde están instaladas compañías, las condiciones laborales no son las mismas en comparación con las que tienen los empleados al exterior.
“Afuera la empresa sí paga la seguridad social, las vacaciones e incapacidades, eso adentro no se da. Entonces, si bien es cierto que nos interesa que tengan trabajo, éste debe darse con condiciones dignas. Adentro los patrones no cumplen con el estándar de afuera. La población penitenciaria que trabaja no cuenta con las prestaciones de la propia Ley Federal de Trabajo y la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no todos reciben aguinaldo, no son dados de alta en un servicio médico y laboran más horas de las establecidas”, lamentó Velasco.
Cifras del diagnóstico la CEDH refieren que en el penal de Apodaca, 94 por ciento de los reclusos desarrolla alguna actividad laboral. Es decir, 28 por ciento trabaja para el propio centro de reclusión, 37 por ciento es empleado de empresas y 29 por ciento labora por su cuenta.
En Cadereyta, 65 por ciento de las personas privadas de la libertad están ocupadas, de las cuales 18 por ciento es empleado del reclusorio, 20 por ciento trabaja en alguna empresas y 27 por ciento realiza actividades de autoempleo.
El diagnóstico señala que de 100 por ciento de la población del Centro de Reinserción Social Femenil, 18 por ciento trabaja para el centro penitenciario, 37 por ciento para alguna empresa y 45 por ciento se autoemplea.
Mientras que en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, 100 por ciento de su población varonil se encuentra laborando para las empresas o para el centro de internamiento. Durante el levantamiento del diagnóstico no había actividades de autoempleo.
Velasco explicó que con estas condiciones laborales no hay fomento a una adecuada reinserción social en el Sistema Penitenciario de Nuevo León.
“No se cumple con los estándares que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece. Creo que se tiene que apostar a la reinserción social, tanto de la población de los hombres como de la femenil”, comentó la presidenta.
Deficiencias en salud en el sistema penitenciario
La CEDH advierte que el Sistema Penitenciario de Nuevo León sigue violando los derechos humanos de los reos en las cinco cárceles, sobre todo en materia de salud.
“En todos los centros penitenciarios se detectó la falta de uniformidad de registros de las enfermedades e infecciones, por lo que la autoridad no puede generar estadísticas precisas, trayendo como consciencia que no se tengan identificadas las problemáticas y a su vez tampoco se atiendan como es debido”, mencionó Sofía Velasco.
La presidenta de este órgano señaló que durante las visitas, la comisión documentó que las prisiones no cuentan con medicamentos ni personal médico suficiente
“También encontramos que hay desabasto de medicamentos en términos generales, pero es particularmente evidentemente en especialidades como cardiología, neurología, psiquiatría y ginecología, entre otras”, advirtió.
El Centro de Reinserción Social Apodaca Número 1 y 2 tiene ocho médicos, lo que equivale a uno por cada 205 personas privadas de la libertad; cinco psicólogos, es decir, un profesional por cada 328 internos y sólo nueve personas de enfermería.
Mientras que el Centro de Reinserción Social de Cadereyta cuenta con cinco médicos, o sea, uno por cada 375 personas privadas de la libertad; dos psicólogos y nueve personas en enfermería, lo que resulta una por cada 208 reclusos.
Sin educación superior
El Sistema Penitenciario de Nuevo León tiene poco interés para que las personas privadas de libertad tengan educación superior, al no existir convenios con instituciones educativas.
La CEDH afirma que se trata de un problema que tendría que preocupar a las autoridades, pues la mayoría de los internos sólo cuentan con estudios de primaria y secundaria, por lo que difícilmente podrían lograr una reinserción social adecuada.
“Es preocupante conocer que, de la población total de los centros penitenciarios, muy pocos reclusos y reclusas se encontraban estudiando. En ninguno de los centros penitenciarios se contaba con algún convenio con instituciones educativas para proporcionar educación superior”, dice el diagnóstico.
En relación con la población adulta que ingresó a las cárceles varoniles y femeniles, el documento refiere que el grado máximo de estudios es secundaria, seguido de primaria.
