‘Esfuman’ 55 millones de Pemex

Los representantes legales de Petróleos Mexicanos podrían haber colocado a la paraestatal ante una deuda millonaria.

Como en un acto de magia desaparecieron 55 millones de pesos que eran el pago para una obra realizada en Veracruz durante el año 2008.

Hoy el monto con los intereses asciende a más de 400 millones de pesos, lo que podría convertirse en otro escándalo para Pemex y para la PGR, que en estos momentos se encuentra en una encrucijada por el tema de Oceanografía.

Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, ambos de la Dirección Jurídica de la paraestatal, podrían haber fingido la liquidación de los 55 millones de pesos a la empresa Acrux.

Pero un documento confidencial obtenido por Reporte Indigo revela que recientemente Petróleos Mexicanos aceptó que no existe registro del pago.

Para fingir que el acreedor recibió el pago del adeudo, los abogados falsificaron la firma del dueño de la empresa y lo certificaron con el aval del notario Manuel Brito Gómez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

El joven fedatario público es hijo del exlíder del PRI en el estado de Veracruz, que lleva exactamente el mismo nombre y es uno de los políticos más cercanos al exgobernador Fidel Herrera.

El documento notariado con el que se argumentó el pago, tiene una larga lista de irregularidades ya constatadas ante la Procuraduría General de la República a partir de las investigaciones que se derivaron de la denuncia de los acreedores.

Inclusive, cuando la defensa de la empresa Acrux visitó la notaría para conocer el protocolo con el que se certificó el documento, entregado al Poder Judicial, se realizaron amenazas que quedaron grabadas en audio y video.

En el conflicto está también involucrado Jorge Daniel Santos Hernández, de la empresa Aquapress, que tiene una larga lista de antecedentes de defraudación a Petróleos Mexicanos registrados en diversos medios de comunicación nacionales.

Incluso han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y resultaron inhabilitados formalmente, aunque continuaron siendo contratados por Pemex.

Todo inició cuando José Benssusen, propietario de Acrux y quien ahora exige el pago, asegura que nunca recibió el dinero que el área jurídica de Pemex asegura que pagó.

Por ello demandó a la paraestatal y acusa que falsificaron su firma para el documento notariado.

Además ha comprobado que a la hora y día en que presuntamente se dio por pagado –según constató el notario veracruzano– él estaba en una sucursal de Inbursa, lo que ha sido corroborado por escrito y en declaración oficial por los empleados de la institución bancaria.

Por lo tanto, alega, no podría haber estado en dos lugares diferentes al mismo tiempo y se concluye que no recibió el pago ni firmó el documento certificado por Brito Gómez, el notario veracruzano.

Como una paradoja de la política mexicana, en medio de la aprobación de la Reforma Energética, que quiere poner a Pemex a la vanguardia como empresa, salen más y más casos sospechosos sobre presunta corrupción de los funcionarios de la paraestatal.

La Procuraduría General de la República parece estar paralizada.

La historia del ‘plan’ perfecto

José Benssusen tiene desde 1999 la constructora Acrux, que hacía obras en varios estados del país. 

Por estar en el mismo medio conoció al empresario constructor Jorge Daniel Salas Hernández, quien le ofreció ceder los derechos de cobro de una obra de su empresa Aquapress. 

La obra era un proceso de limpieza en la playa de Cong, Allende y Laguna de Pajaritos, debido al rompimiento del oleoducto Nuevo Tapa. 

Eran trabajos extraordinarios en esa zona donde hubo un severo daño ecológico por la fuga de crudo en el río Coatzacoalcos.

La idea era que Benssusen pagara una cantidad por la cesión de la obra, identificada con el número SDSE-OPU81-174/2004, la terminara y cobrara la parte final a Pemex.

Después de estudiar las características de la limpieza y los recursos legales que se requerían, aceptó hacerlo. 

El 9 de mayo de 2008 se realizó el contrato de cesión de derechos en donde se estableció que en caso de incumplimiento, se someterían a la jurisdicción del Distrito Federal. 

El documento de la cesión cuenta con sellos de Juan Hillman Jiménez, Notario Número 4 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz y Uriel Oliva Sánchez, Notario número 21 del Distrito Federal.

A través del oficio OAG-GJP-CSJ-8001/2008 la Gerencia Jurídica Petroquímica de Pemex avaló la cesión. 

“Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, no existe inconveniente para llevar a cabo la cesión solicitada”, dice el documento firmado por Jorge González Cervantes, subcoordinador consultivo y de prevención.

Esto a pesar de que la empresa Aquapress estaba inhabilitada.  Todas las dependencias del gobierno federal habían sido notificadas, y consta en el Diario Oficial de la Federación, que no podían realizar ningún tipo de acuerdo o contrato con esa compañía.

“En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la resolución, de fecha 9 de marzo de 2007, que se dictó en el expediente número DS0289/2005 mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción, (SIC) mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa instaurado a la empresa Aquapress, S.A. de C.V. esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al que se publique la presente circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona, por un año seis meses, contados a partir del día siguiente al que se publique la presente circular”.

Cuando Acrux quiso cobrar, después de realizar la obra cedida por Aquapress, se le notificó que esta desconocía la cesión de derechos y por eso Pemex no podía pagarle. No se le notificó de la inhabilitación.

Se pidió una explicación a Salas Hernández, dueño de Aquapress, y respondió que todo había sido un error, y que el convenio continuaba. 

Se realizó un adéndum a la cesión de derechos y Acrux quiso cobrar nuevamente los 55 millones de pesos que le adeudaban. La historia se repitió. Nuevamente había un recurso de Aquapress negando cualquier cesión de derechos.

La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos Mexicanos y exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par de años. 

La defensa de Pemex, realizada por los funcionarios Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, consistió  en todo momento negar al adeudo y por consecuencia, la cesión de derechos de Aquapress a Acrux.

De pronto todo dio un giro. 

Ya en la actual administración federal, el 21 de mayo del 2013, Santos Rodríguez, funcionario de la paraestatal, presentó ante el juez un documento en el que finalmente Bensussen se daba por pagado y que había firmado de recibido en un documento certificado por notario público. 

Sin embargo, después de un peritaje consecuencia de oficios efectuados por la defensa del dueño de Acrux, la PGR establece que la firma del empresario es falsa. Esto consta en expediente PGR/DF/SPE-XXIV/4474/13.

“No corresponden por su ejecución al C. José Benssusen Sefami, las firmas cuestionadas que aparecen en los documentos cuestionados, ampliamente descritos en el cuerpo del presente, por las razones expuestas en el mismo”, establecen los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR.

Todo podría indicar que la forma en que los representantes legales de Pemex han actuado para argumentar que se pagó el adeudo, tiene más características de un oscuro plan más personal que la labor de velar por los intereses de la empresa en donde trabajan.

Dicen que pagan…pero no

En Petróleos Mexicanos siempre han existido contrariedades. 

Pero en este caso la diferencia de versiones es abismal. En un documento calificado como reservado, en el que el Ministerio Público hace un listado de preguntas a la Dirección Jurídica de Pemex, los representantes de la paraestatal terminan por aceptar que no existe pago alguno.

Esto a pesar de que sus propios abogados presentaron un documento notariado argumentado la deuda saldada.

“En relación al presente apartado de su oficio le informo que el Subgerente de Egresos de la Coordinación de Tesorería de la Gerencia de Recursos Financieros, manifestó: Con relación a la empresa Acrux S.A. de C.V. no tenemos registrado un pago realizado con anterioridad.

“De igual manera hago mención que la Subgerencia de Transporte por Ducto Sureste, que es la unidad que administró el contrato SDSE-OPU81-174/2004, informó que en los expedientes del archivo de esta Subgerencia, así como en los registros del Sistema Institucional de Pemex Refinación denominado SIREF en R3 de SAP, no existe evidencia de pago realizado a favor del C. José Benssusen Sefami, relacionado a los contratos SDESE-OPUB-174/2004 y SDSE-OPU81-174/2004”.

El documento de respuestas, con fecha del 4 de marzo del 2014,  está firmado por Daniel Artemio Cárdenas Hernández, apoderado legal de Petróleos Mexicanos. 

En el mismo escrito se reconoce que existe una cesión de derechos de Aquapress a Acrux, remitido por la Coordinación Jurídica de Pemex Petroquímica, con el contrato antes mencionado, pero que este ya se encontraba pagado.

Si para la coordinación jurídica el contrato ya está saldado, ¿por qué no hay registros del pago?

Si en la documentación que los abogados de Pemex presentaron en el juzgado, el contrato está liquidado, ¿por qué responden al Ministerio Público que no existen registros de pago a Acrux o a José Benssusen Sefami?

¿Dónde está el dinero?

Aquapress y su negra historia

Aquapress tiene un largo historial de irregularidades. Entró a escena en Petróleos Mexicanos cuando ocurrió el derrame de crudo en el área de Nanchital, del Río Coatzacoalcos. 

Se le contrató durante la gestión de Juan Bueno Torio como director de Pemex Refinación, cargo al que renunció para buscar un escaño en el Senado. 

Los contratos que Aquapress obtuvo en esa época alcanzaron un monto total de aproximadamente 375 millones de pesos, pero los trabajos fueron altamente cuestionados por el propio Pemex y por organizaciones ambientales.

Al inicio recibió el contrato ante el gigantesco desastre ecológico que provocó la fuga del crudo a las aguas del río. El trato fue sin licitación, lo que incumplía la normatividad.

Cuando Aquapress inició los trabajos, la organización ambiental Greenpeace descubrió que la limpieza que realizaba no era de acuerdo a las prácticas ecológicas internacionales.

A un par de semanas de la denuncia, pescadores de la zona descubrieron que bolsas de plástico que contenían el crudo recogido eran enterradas a unos kilómetros del lugar del derrame. 

Por esto el Órgano Interno de Control de la paraestatal inició una investigación que culminó con la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública,  anunciada en el Diario Oficial de la Federación. 

De acuerdo a reportes periodísticos de la época, se ligó a Bueno Torio, hoy diputado federal panista, a la empresa, pero él siempre lo negó. 

Sin embargo, a pesar de la inhabilitación, Pemex aceptó que cediera los derechos de cobro y la terminación de los trabajos a la empresa Acrux. 

La periodista Ana Lilia Herrera descubrió que se le otorgaron otros contratos millonarios y continúo dando servicio a Petróleos Mexicanos.